Deslindes

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

En autos número de Rol C-2235-2016, caratulados “nombre reservado con Municipalidad de San Pedro” seguidos ante el Juzgado Civil de San Miguel, iniciada por demanda de demarcación tramitada conforme las reglas del procedimiento sumario, por sentencia de seis de junio de dos mil dieciséis, se rechazó dicha pretensión en todas sus partes.

Una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante sentencia de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, la confirmó.

El demandante, en contra de tal decisión, dedujo recurso de casación en el fondo, solicitando su invalidación y la dictación de una de reemplazo que acoja su demanda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente, para fundar su arbitrio, denuncia la infracción de los artículos 842 y 843 del Código Civil, señalando que el fallo impugnado rechazó erradamente su demanda, al efectuarse una interpretación extensiva de dicha normativa, al considerar que es una exigencia de la acción demarcación que los dueños de los predios colindantes no disientan ni discutan en cuanto a su superficie ni en cuanto a sus títulos, siendo la única condición para que prospere, la vecindad de los inmuebles involucrados y la falta de fijación en los límites o linderos, condiciones que concurren en autos.

Expresa que “la prueba rendida en este juicio hasta ahora jamás ha permitido generar la convicción (…) que permita entender que efectivamente existe discrepancia o supuesta discusión entre la superficie de ambos predios vecino ni mucho menos en sus títulos”, añadiendo que, por otro lado, la prueba rendida por la parte demandada es concluyente en el sentido de la inexistencia de linderos comunes en una amplia extensión de ambos predios, razón por la cual, solicita se acoja el recurso de nulidad sustancial.

Termina el recurso explicando cómo dicha infracción influye en lo dispositivo del fallo, y, solicita, que, en definitiva, se acoja el recurso y se lo anule, acto seguido y sin nueva vista, se dicte el de reemplazo que haga lugar a su pretensión.

Segundo: Que, para los efectos de un adecuado análisis del arbitrio en estudio, es menester señalar que la causa se inició mediante demanda de demarcación de deslindes, en la cual el actor señala ser dueño del predio denominado “Lote C”, resultante de la subdivisión del denominado Hijuela Poniente del Fundo Llancay de la comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, el que al oriente, deslinda en una extensión aproximada de mil metros, con el “Lote B” de la misma subdivisión, propiedad de la demandada, acusándola de haber alterado los antiguos linderos existentes, perjudicándolo en su actividad de agricultor y ganadero, al fijar unilateralmente una parte del deslinde común, contrariando los planos inscritos.

Por su parte, la demandada solicita el rechazo de la acción, señalando que si bien es efectivo que son dueños de predios colindantes, el actor lo adquirió –con posterioridad a su parte–, por compraventa a especie o cuerpo cierto y no por cabida, como si lo hizo la demandada, indicando que ya intentó en su contra una demanda de reivindicación que fue rechazada, añadiendo que no es efectivo que haya alterado los hitos.

Tercero: Que la sentencia impugnada, en lo pertinente al recurso, tuvo por establecidas las siguientes circunstancias:

1. El dominio respectivo de los predios materia de autos por cada una de las partes, y su situación de vecindad, en una extensión de aproximadamente mil metros en el límite oriente del inmueble del actor, el cual fue adquirido mediante un contrato de compraventa celebrado ad corpus;

2. La presencia de un cerco parcial de 326 metros aproximadamente en dicho sector, que fueron fijados con anterioridad a la época en que el actor adquirió su inmueble;

3. La existencia de diferencias entre la superficie real de los predios y la que deberían tener conforme los títulos, de modo que no coinciden con los invocados, constatándose una discrepancia de 17,515 metros, que corresponden a terrenos del actor ocupados por la parte demandada.

4. Las partes disienten en cuanto a la cabida y títulos de los predios.

Sobre la bases de tales fundamentos fácticos, los sentenciadores de la instancia, concluyeron que la acción deducida no es el medio útil para conseguir la finalidad pretendida por el actor, desde que es requisito de la misma, la inexistencia de deslindes materiales actuales que dividan, marquen o cerquen los predios, por lo que, además, tampoco concurren los requisitos de la acción, concluyendo que la utilizada no es “la vía idónea para resolver la contienda entre las partes, toda vez que del proceso y especialmente, de la prueba rendida, ha quedado en evidencia, que las partes tienen un conflicto relativo a la cabida real de los predios que debe ser resuelto previamente al levantamiento de los deslindes”.

Cuarto: Que, según se advierte, el recurso en análisis se construye soslayando los hechos establecidos por los sentenciadores del grado, al señalar que no se habría probado –contrariamente a lo concluido en el fallo recurrido– la existencia de discrepancia o discusión respecto la superficie de los predios colindantes en relación a los sus títulos.

Quinto: Que los presupuestos fácticos fijados en la sentencia no pueden ser modificados por la vía del presente arbitrio, pues siendo la labor de establecimiento de los mismos el resultado de un proceso racional que corresponde al ámbito del ejercicio de las facultades privativas de los tribunales de la instancia, no es susceptible, en general, de revisión en sede de casación.

Sexto: Que, en efecto, la posibilidad de control de la actividad de establecimiento de los hechos por la judicatura del mérito, en el contexto de un recurso de casación en el fondo, corresponde a una discusión de larga data en nuestro derecho nacional, cuyos contornos se han ido delineando con el tiempo a través de la labor doctrinal y jurisprudencial de esta Corte.

De este modo y, en ese contexto, sólo es posible modificar los hechos que vienen establecidos en la medida que se denuncie y acredite de manera precisa, clara y evidente que determinadas leyes reguladoras de la prueba han sido violentadas, y que dicha infracción influyó de manera decisiva en la resolución adoptada.

Séptimo: Que, según se advierte del recurso, no se reclama la vulneración a tales preceptos, de modo que al omitirse dicha denuncia es evidente que el presente arbitrio no puede prosperar, desde que su acogimiento pasa por la modificación de los hechos establecidos en la sentencia; lo que en consecuencia, torna improcedente el examen de las normas sustantivas que se denuncian infringidas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 771, 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y devuélvase, con su agregado.

N° 41.930-17

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., y los Abogados Integrantes señor Álvaro Quintanilla P., y Ricardo Abuauad D. Santiago, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.