Nulidad absoluta

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Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince.

VISTO:

En estos autos Rol 21-2010, seguidos ante el Juzgado de Letras de Chaitén, compareció nombre reservado quien en lo pertinente, dedujo demanda de nulidad absoluta de contrato, en contra de nombre reservado y nombre reservado, solicitando que se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado el 21 de junio de 2006, atendida la falta de una manifestación de voluntad de vender válida de su parte.

Fundamentando su pretensión, señala que habita un terreno agrícola situado en el Sector El Azul, comuna de Futaleufú, Provincia de Palena, de una superficie aproximada de 167 hectáreas. Explica que el campo en cuestión, como la mayoría de los inmuebles de esta zona, se encontraba amparado por inscripciones de dominio a nombre del Fisco de Chile, razón por la que inició un procedimiento de regularización de su posesión material, obteniendo resolución favorable mediante Decreto Supremo Nº 748, de 4 de octubre de 1999, inscrito a su nombre el 31 de marzo del año 2000, a fojas 130 vuelta Nº 135 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chaitén.

Añade que durante la tramitación de dicho proceso, se le acercó el empresario turístico nombre reservado, quien le manifestó su intención de comprar un retazo del predio que tenía bajo posesión, para expandir sus proyectos turísticos. Por ello, y confiando en el demandado, firmó el 4 de junio de 1996 ante notario público un contrato de promesa de compraventa, el que fue redactado por la parte contraria, y en el que se pactó que la referida promesa recaía en un retazo de veintidós hectáreas, cuyos deslindes eran: Al Norte y Este: Río Futaleufú, desde aproximadamente ochocientos a mil metros y desde ciento cincuenta a doscientos metros respectivamente; Al Sur y Oeste: Resto de la propiedad del promitente vendedor desde aproximadamente setecientos cincuenta a mil metros y desde doscientos a trescientos metros, respectivamente. El precio de la promesa de compraventa se pactó en $12.000.000 que efectivamente fueron pagados. Asimismo, se acordó que la compraventa definitiva se celebraría dentro del plazo de noventa días una vez que se inscribiera el dominio a su nombre y se alzara la prohibición que afectará al inmueble.

Con posterioridad, el 18 de agosto de 1997, también ante notario público, firmó a petición de nombre reservado una escritura de modificación del contrato de promesa de compraventa indicado, que en lo pertinente señala “… Don nombre reservado y doña nombre reservado, por este acto vienen en conferir mandato expreso a doña nombre reservado, chilena, diseñadora, domiciliada en domicilio reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, para que en sus nombres y representaciones suscriba la escritura de compraventa definitiva, así como las modificatorias o aclaratorias de ésta, en el evento que al tiempo en que deba celebrarse, el promitente vendedor o su cónyuge, llegase a faltar, cayeren en incapacidad o fallecieren, facultándola en este último caso, para ejecutarlo después de sus días en los términos previstos en el artículo 2.179 del Código Civil…”.

Agrega que la facultad de representar al mandante (actor) y su cónyuge no era pura y simple, sino que quedó supeditada a los “casos o eventos” señalados en dicha cláusula, ninguno de los cuales ocurrió, puesto que en lo que a su persona se refiere, no falleció, no se encuentra incapacitado ni inubicable y en el caso de su cónyuge, basta con constatar que no se requiere su autorización para venta, puesto por tratarse de un inmueble adquirido del Fisco, a título gratuito, no ingresa al patrimonio de la sociedad conyugal.

Es del caso, dice, que el 21 de junio de 2006, sin que él hubiese sido informado, compareció ante el notario público de comuna La Florida en Santiago, la cónyuge de nombre reservado -también demandada- y sin tener facultades para ello, toda vez que como ya se explicó, no concurría ninguna de las hipótesis anotadas, procedió a vender un retazo de su terreno a su marido, cuyos deslindes fueron previamente acomodados y tergiversados para favorecerlo en su desmedro.

Añade que 5 años después de haber adquirido el dominio y sin tener conocimiento de ello, nombre reservado encargó la confección de un plano de subdivisión, partiendo su heredad en dos, resultando de esa subdivisión los lotes 4-A de 143,5 y 4-B de 22 hectáreas, con los deslindes que singulariza. Sin embargo, dicha subdivisión sólo existe en los planos, puesto que en terreno no existe ningún hito que permita apreciar su existencia. Por lo mismo y atendido a su desconocimiento de los actos y contratos realizados por el demandado, se mantuvo ocupando y trabajando la totalidad de su predio.

Si bien, afirma, nunca ha pretendido desconocer su compromiso de vender 22 hectáreas, pero en el entendido que la ubicación y características de esas hectáreas se determinaría de común acuerdo, una vez que el recibiera el título de dominio de parte del Fisco. Así, la conducta del demandado es abusiva, ya que basta visitar el predio para constatar que jamás hubiera vendido uno con las características que tiene el lote 4-B, salvo que hubiese decidido enajenar la totalidad del inmueble, pero a un precio considerablemente mayor.

Así las cosas, en la compraventa celebrada el 21 de junio de 2006 no consta su voluntad de vender el lote 4-B, puesto que quien compareció en su nombre, carecía de facultades de representación, según se explicó. Por ello, se está frente a un contrato que adolece de un vicio de nulidad absoluta por violación del artículo 1445 del Código Civil en relación al artículo 1682 del mismo código.

El demandado nombre reservado contestó la demanda, solicitando su íntegro rechazo, para lo cual sostuvo -en lo que ahora importa- que en atención a la incertidumbre del contrato de promesa, es que se le solicitó al actor que otorgara un mandato especial a su cónyuge doña nombre reservado, para que ella pudiera en su nombre y representación suscribir el contrato de compraventa prometido.

Refiere que el 31 de marzo del 2000, se inscribió a nombre del demandante el dominio del inmueble en cuestión. Con esa misma fecha se practicó la inscripción de la prohibición de enajenar y gravar dicho inmueble, por el período de cinco años contados desde esa fecha, constituida a favor del Fisco de Chile. Luego de transcurrido ese periodo, el actor procedió a otorgar y firmar el plano de subdivisión de la propiedad, que fue autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero el 6 de abril del 2006 y archivado el 30 de mayo del mismo año, agregándose al final del Registro de Propiedad del año 2006 con el Nº 95. En dicho plano, el demandante subdividió el inmueble, generando dos nuevos lotes, que se denominaron 4-A, de 142,81 hectáreas y 4-B de de 22 hectáreas, en estricto cumplimiento de las estipulaciones pactadas en la referida promesa de compraventa. El plano de subdivisión fue otorgado y firmado por el demandante.

En la promesa de compraventa se incluyeron referencias necesarias para que se pudiera otorgar el plano antes indicado, generando el lote que el actor prometió vender, ceder y transferir.

Por esto, el contrato de compraventa suscrito el 21 de junio del año 2006, se ajustó a las disposiciones señaladas en el contrato de promesa de compraventa, a su modificación y al plano de subdivisión, razón por la cual constituye un justo título translaticio de dominio que habilitó a su parte para adquirir por tradición. Luego, la escritura no adolece de ningún vicio de nulidad, puesto que la vendedora y la compradora eran personas libres disponedoras de sus bienes, habiéndose ajustado a un precio real y determinado, en que se entregó la cosa vendida y se otorgó por escritura pública, cumpliéndose todos los demás requisitos legales.

A lo que añade que nombre reservado, de conformidad con lo dispuesto expresamente en la escritura pública de 18 de agosto de 1997, tenía facultades suficientes para actuar en nombre y representación del actor, razón por la cual no se advierte la falta de voluntad que se alega, en tanto se encontraba debidamente facultada para ello de conformidad con su mandato y lo dispuesto en el artículo 1448 del Código Civil.

La demandada nombre reservado, contesta la demanda, en los mismos términos que su codemandado.

Por sentencia de siete de julio de dos mil catorce, que se lee a fojas 373 y siguientes, en lo pertinente, se acogió la demanda de nulidad absoluta respecto del contrato de compraventa de 21 de junio de 2006, por la manifiesta falta de voluntad del actor, debiendo cancelarse la inscripción de fojas 161 vuelta N° 145 del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de Chaitén, ordenando en consecuencia, restablecer la inscripción del inmueble materia de esta litis a nombre del actor, dentro de tercero día desde que la sentencia quede ejecutoriada, sin costas.

Apelado ese fallo por los demandados, una sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por determinación de catorce de abril del año en curso, lo confirmó.

En su contra, la parte singularizada dedujo recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia cuestionada, en primer término, transgredió el inciso primero del artículo 1698 del Código Civil, al afirmar que recaía en su parte acreditar que en la especie se verificaban algunas de las situaciones que permitía a nombre reservado representar al actor, no obstante que la modificación del contrato de promesa, que incorporó el mandato y poderes a su parte, no la obligaba a señalar el motivo por el cual comparecía a la compraventa en representación del mandante, razón por la que cuando la suscribió, no señaló el por qué. En este sentido, si el señor nombre reservado no concurrió a la firma cabe suponer que faltó, había caído en incapacidad o había fallecido. A pesar de lo expuesto, el sentenciador le impuso a su parte la carga de la prueba respecto de la validez de la actuación y no en la contraria como correspondía, incurriendo con ello en un error de derecho.

De esta manera, los jueces del mérito han entendido que los demandados al no probar la condición específica por la cual se actuó en representación del actor, da por probado de forma ilógica que no tenían facultad de representarlo, ya que no se demostró por su parte algún procedimiento de validación o comunicación que el fallo le impone como carga a fin de validar la actuación por la falta del mandante a la celebración del contrato prometido.

A continuación, el arbitrio denuncia la conculcación del artículo 1691 del Código de Bello, por cuanto acogió la demanda no teniendo el actor acción en contra del contrato impugnado. En efecto, asevera que el referido artículo establece que el plazo para pedir la rescisión durará cuatro años, término que se computa, según sea el caso. En autos, la demanda se presentó el día 25 de octubre de 2010, esto es 4 años, 4 meses y 4 días después de la celebración del contrato declarado nulo, vulnerando con dicha determinación lo dispuesto por la norma citada.

Por último, la demandada acusa la infracción de los artículos 1560, 1562, 1564 y 1566 del cuerpo de leyes aludido, puesto que la intención de las partes resulta evidente cuando se examinan e interpretan los antecedentes allegados como prueba. Así, la voluntad de los contratantes fue, por una parte comprar y, por la otra, vender un predio de 22 hectáreas, conforme a las especificaciones establecidas en la promesa del año 1996 y en el plano elaborado y firmado por el actor en el año 2006. Tanto que el precio fue pagado por parte del comprador y recibido conforme por el vendedor. De acuerdo a una interpretación coherente y lógica de los documentos probatorios, una vez inscrito el plano de subdivisión en el Conservador correspondiente, los contratantes tenían 90 días para celebrar la compraventa prometida. La concurrencia de su parte en la compraventa de 2006 en representación del actor, no podría ser entonces reputada ilícita, ilegal, arbitraria o ineficaz, pues cumple con la voluntad de su mandante, quien debía cumplir con su promesa de vender y le había otorgado la facultad de comparecer en su representación si faltase a la suscripción de la compraventa.

Faltar a la celebración de un contrato -dice- se debe entender en su sentido natural y obvio, esto es, no estar presente en la celebración, pues para ello había mandatado a su parte. Adicionalmente, si la voz "faltase" pudiera ser considerada oscura para su interpretación, al haber sido redactada por el actor, toda posible "oscuridad" debió ser interpretada en contra del redactor y no de su parte, como lo hizo el sentenciador. En efecto, al exigirle que acredite las razones por las cuales ha actuado, se ha vulnerado la ley, toda vez que se ha interpretado dicha voz conforme lo solicitó el actor y no conforme al sentido natural y obvio. Tal erróneo proceder, afirma, determinó la declaración de la nulidad del contrato de compraventa, no obstante que la única manera de acreditar que el demandante faltó, era mediante la constatación de que no suscribió el contrato prometido, incorporar nuevas condiciones, implica modificar la voluntad de las partes.

SEGUNDO: Que para una conveniente lectura y entendimiento de esta sentencia, es útil dejar expresados los hechos básicos fijados en la causa por los jueces del fondo:

a) Los demandados nombre reservado y nombre reservado, se encontraban casados a la época de la celebración de las escrituras de los años 1996, 1997 y 2006.

b) En la escritura de modificación del contrato de promesa de compraventa, que fue celebrada el 18 de agosto de 1997, en la cláusula cuarta se estipuló lo siguientes: "Las partes convienen asimismo, en complementar la escritura individualizada en la cláusula “primera” incorporando como cláusula UNDECIMA la que continúa: Don nombre reservado y doña nombre reservado, por este acto vienen en conferir mandato expreso a doña nombre reservado, chilena, diseñadora, domiciliada en domicilio reservado, cédula nacional de identidad número nueve millones setecientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y ocho guión K, para que en sus nombres y representaciones suscriba la escritura de compraventa definitiva, así como las modificatorias y aclaratorias de ésta, en el evento que al tiempo en que deba celebrarse, el promitente vendedor o su cónyuge, llegase a faltar, cayeren en incapacidad o falleciere, facultándola en este último caso, para ejecutarlo después de sus días en los términos previstos en el artículo dos mil ciento sesenta y nueve del Código Civil."

b) El demandante al tiempo de celebrarse el contrato de compraventa definitivo no faltó, no se hallaba en insolvencia ni había fallecido;

c) Los demandados no acreditaron que hayan concurrido al domicilio del actor para cerciorarse que faltaba.

TERCERO: Que para arribar a la decisión de acoger la demanda, en los términos en que se ha señalado, los jueces del fondo concluyeron que la demandada nombre reservado, carecía de facultades para actuar en nombre y representación de don nombre reservado como vendedor, puesto que ninguna de las condiciones que la habilitaban para ello concurrieron el día en que se firmó la compraventa del inmueble materia de autos, puesto que la representación que dicha personería le arrogaba se podía ejercitar únicamente si al tiempo de celebrarse dicha convención, tanto el actor y promitente vendedor o su cónyuge llegasen a faltar, cayeren en incapacidad o falleciere, ninguna de las cuales se había producido a esa data.

En consecuencia, no habiendo participado el actor en la celebración de dicha compraventa, mal pudo nacer una obligación a su respecto en los términos que señala el artículo 1448 del Código Civil, de manera que conforme a lo preceptuado en los artículos 1445 y 1682 del Código Civil, al contrato en cuestión le falta uno de los requisitos exigidos para su validez, cual es la voluntad.

CUARTO: Que lo reseñado en los fundamentos que preceden pone de manifiesto que el quid de la crítica de ilegalidad dirigida contra la sentencia que se impugna en el recurso, estriba en la inobservancia de las normas que correctamente aplicadas, habrían llevado a los jueces del fondo a desestimar la demanda de nulidad absoluta que se dedujo, primeramente, porque con error de derecho se impuso a la parte demandada la carga de acreditar que el actor "faltaba" en los términos pactados, para seguidamente argumentar la prescripción de la acción de rescisión (sic) y, por último la equívoca interpretación de las cláusulas contractuales, y siendo todo ello así, correspondía el rechazo de la demanda.

QUINTO: Que de lo que se ha expuesto queda en evidencia que, pese al esfuerzo argumentativo de la impugnante, su recurso no ha sido encaminado, como debió serlo, abarcando el basamento jurídico que en propiedad e ineludiblemente resultaba ser pertinente y de rigor. Esto es así, puesto que la preceptiva legal citada en el motivo primero y que constituye, como se ha visto, aquella en que se asila la estructura normativa sobre la cual viene construido el alegato de casación de fondo, no es bastante para abordar el examen de la resolución de la controversia de la forma en que se hizo por los juzgadores, al no venir denunciada la conculcación de las normas que en la especie tuvieron el carácter decisorias de la litis, es decir, los preceptos que al ser aplicados han servido para resolver la cuestión controvertida, particularmente, los artículos 1793 y siguientes, 1445, 1448, 1681 y 1682 del Código Civil, por ser precisamente esta preceptiva la que sustenta la decisión de acoger la demanda de nulidad absoluta que se interpuso en este proceso.

En este punto de la reflexión vale poner de relieve que la particularidad que -en cuanto constituye su objetivo directo- define al recurso de casación en el fondo, es que éste permite la invalidación de determinadas sentencias que hayan sido pronunciadas con infracción de ley, siempre que ésta haya tenido influencia sustancial en su parte resolutiva o decisoria.

Semejante connotación esencial de este medio de impugnación se encuentra claramente establecida en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, que lo instituye dentro de nuestro ordenamiento positivo y se traduce en que no cualquier transgresión de ley resulta idónea para provocar la nulidad de la sentencia impugnada, la nulidad no se configura en el mero interés de la ley, sino sólo aquélla que haya tenido incidencia determinante en lo resuelto, esto es, la que recaiga sobre alguna ley que en el caso concreto ostente la condición de ser decisoria litis.

En tal sentido, esta Corte ha dicho que las normas infringidas en el fallo para que pueda prosperar un recurso de casación en el fondo, han de ser tanto las que el fallador invocó en su sentencia para resolver la cuestión controvertida, como aquéllas que dejó de aplicar y que tienen el carácter de “normas decisoria litis”, puesto que en caso contrario, esta Corte no podría dictar sentencia de reemplazo, dado el hecho que se trata de un recurso de derecho estricto. (CS, 14 diciembre 1992, RDJ, T. 89, secc. 1ª, pág. 188).

SEXTO: Que no debe perderse de vista que el recurso de casación en el fondo persigue instar por un examen del juicio conclusivo de la cuestión principal, desplegado en la sustancia misma de la sentencia definitiva o interlocutoria que se busca anular, cuyos desaciertos jurídicos sólo autorizarán una sanción procesal de esa envergadura, en la medida que hayan trascendido hasta la decisión propiamente tal del asunto, definiéndola en un sentido distinto a aquél que se imponía según la recta inteligencia y aplicación de la normativa aplicable.

De este modo, entonces, aún bajo los parámetros de desformalización y simplificación que caracterizan a este arbitrio desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.374, no se exime a quien lo plantea de indicar la ley que se denuncia como vulnerada y que ha tenido influencia sustancial en lo resolutivo de la sentencia cuya anulación se persigue.

SÉPTIMO: Que, con lo apuntado y de la manera en que ha sido construido el libelo de casación, no cabe sino entender que éste revela que el impugnante no cuestiona, ergo acepta, la aplicación que de las normas decisoria litis efectúa el fallo cuya anulación se postula. De consiguiente, aún en el evento de que esta Corte concordara con este litigante en el sentido de haberse producido los yerros que denuncia, tendría, no obstante, que declarar que los mismos no influyen en lo dispositivo de la sentencia, desde que las normas nutrientes del instituto que conforma la pretensión que se pide declarar, cuya prevalencia se ha reconocido por sobre las alegaciones jurídicas vertidas por el demandado y las disposiciones legales en que se sustentan, no han sido consideradas al puntualizar la infracción preceptiva descrita en el arbitrio procesal que se examina.

Dicho de otra manera, la lectura del libelo de casación muestra que el recurrente se mantiene asilado en la tesis de su defensa planteada en el período de discusión de la litis, la que reitera y por cuyo acogimiento insiste, empero, sin extender el fundamento de su postulado de nulidad a la norma sustantiva de la decisión, que en definitiva, y en virtud de su aplicación, fundó el acogimiento de la pretensión.

OCTAVO: Que los razonamientos que anteceden conducen, por fuerza, a concluir que la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en los yerros preceptivos que se le atribuyen, razón que hace ineludible concluir que recurso deducido debe ser desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 765, 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 550, por el abogado don Juan Fernández Mikacic, en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia de dos catorce de abril del año en curso y que se lee a fojas 549.

Regístrese y devuélvase, conjuntamente con su Tomo I y agregado.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Prado Puga.

Rol 6883-15

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Patricio Valdés A., Sra. Rosa Maggi D., Sr. Juan Fuentes B. y Abogados Integrantes Sres. Daniel Peñailillo A. y Arturo Prado P.

No firma el Abogado Integrante Sr. Prado, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizado por el Ministro de fe de la Corte Suprema.

En Santiago, a diecisiete de diciembre de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.