Exención de impuestos

Santiago, treinta de abril de dos mil veinte.

VISTO:

En este procedimiento ejecutivo de cobro de pagarés seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Curicó bajo el Rol C-1410-2016, caratulado “Banco Santander con nombre reservado”, por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, complementada por la de uno de junio de ese año, fueron rechazadas las excepciones de los números 6, 7, 14 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil opuestas por el ejecutado nombre reservado, quien impugnó el fallo mediante recursos de casación en la forma y apelación, siendo desestimado el libelo de nulidad formal y confirmado lo resuelto en primer grado en la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Talca el doce de febrero de dos mil diecinueve.

En contra de esa decisión, la misma parte interpone recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el arbitrio de nulidad sustantiva se funda en la infracción de los artículos 24 N° 11 y 26 del Decreto Ley N° 3475.

Explica que la ejecución de autos se funda en tres pagarés que al no haber sido solucionados a sus respectivos vencimientos, fueron renovados mediante hojas de prolongación a sola firma de apoderados del banco, quedando como último vencimiento, para todos ellos, el día 1 de Marzo de 2016.

Los propios documentos dan cuenta que la obligación se refiere a una operación de pre embarque y, en su opinión, la circunstancia de que la aceptante sociedad Exportadora Frucol Limitada tenga el giro de exportación no es suficiente para concluir que los pagarés quedan amparados por la exención del artículo 24 Nº11 del Decreto Ley N° 3.475. En consecuencia, no pueden hacerse valer en juicio mientras no se pague el impuesto de timbres y estampillas que los afectan, como prevé el artículo 26 del mismo decreto.

En efecto, se aplican a los títulos las normas para los casos de pre embarque y, en la especie, no hubo exportación y, por ende, tampoco se emitió el documento único de salida (DUS).

Sobre los argumentos que desarrollan los jueces para desestimar la excepción, hace notar que el propio Servicio de Impuestos Internos ha señalado en la Circular N° 31 de 6 de Julio de 1992 que la exención del impuesto de timbres y estampillas que contempla el número 11 del artículo 24 del D. L. 3.475, de 1980, para los documentos que contengan una operación de crédito de dinero destinadas al financiamiento de exportaciones, “tiene aplicación obviamente siempre que se cumpla la exportación que motiva el otorgamiento del crédito, situación que debe controlarse especialmente en los créditos internos de pre-embarque”, de modo que aunque los pagarés de autos pudieron estar amparados por la exención señalada, en definitiva no gozan del beneficio porque no se efectuó la exportación programada. Y tampoco se podrán pagar con fondos provenientes de una exportación, en tanto la deudora directa Exportadora Frucol Limitada se encuentra sometida a un proceso de liquidación concursal. Menciona, en el mismo sentido, que el Oficio Nº1710 de 15 de Mayo de 2009 del Servicio de Impuesto Internos reitera que la exención del artículo 24 Nº11 del D.L. Nº3475 tiene aplicación siempre que se cumpla la exportación que motiva el otorgamiento del crédito y en el evento que al vencimiento del crédito no se hubiere materializado la exportación, “…debe entenderse que el hecho gravado no se vio beneficiado por la exención, devengándose el impuesto al momento de la emisión, suscripción u otorgamiento del respectivo documento”, añadiendo que “en el caso de operaciones de exportación, por las cuales no se presente DUS al vencimiento del préstamo, el impuesto, se devengará con el respectivo documento suscrito y/o emitido gravado con ITE, es decir, a partir de la fecha de suscripción de la letra o pagaré que documenta la operación de crédito.”

Lo propio informa la página web la ejecutante -cuya impresión fue acompañada a los autos y no fue objetada de contrario- que en relación al préstamo anticipo a exportadores (PAE), señala que queda “acogido a beneficio tributario siempre y cuando acredite su exportación a través del Documento Único de Salida (DUS).”

En consecuencia, como la cobranza de autos se funda en instrumentos que no están exentos del pago de Impuestos de Timbres y Estampillas establecido en el artículo 24 Nº11 del Decreto Ley 3.475 N°, la falta de pago del respectivo tributo deviene en la carencia de mérito ejecutivo de los títulos.

SEGUNDO: Que en estos antecedentes el Banco Santander Chile demandó a las sociedades Exportadora Frucol Limitada y Agrícola Machicura Limitada y a nombre reservado; la primera como deudora directa y los restantes en su calidad de avales y codeudores solidarios de tres pagarés de “crédito interno para financiamiento de exportaciones en moneda extranjera”. El primero se suscribió el 30 de noviembre de 2012 y vencía el 25 de abril de 2013; el segundo fue aceptado el 18 de enero de 2013 y vencía el 3 de junio de 2013 y el tercero fue suscrito en esa misma oportunidad, a la vista.

En ejercicio de las facultades que le fueron conferidas al banco, sus apoderados suscribieron diversas hojas de prolongación que sucesivamente aplazaron la exigibilidad de la obligación hasta el 1 de marzo de 2016, sin que los deudores solucionaran la deuda, reclamando el pago de US$ 3.015.468,58, en su equivalente en pesos.

Oportunamente los ejecutados comparecieron al juicio oponiendo, entre otras, la excepción del número 7 del Código de Procedimiento Civil, sostenida, en lo que incumbe al recurso recién enunciado, en la falta de pago del impuesto a que se refiere el Decreto Ley N° 3.475 en los pagarés y sus hojas de prolongación, alegación que se desarrolló sobre la base de similares argumentaciones a las que fundan el arbitrio de nulidad que ocupa a esta Corte.

Evacuando el traslado respectivo, la ejecutante instó por el rechazo de las mencionadas excepciones. Sobre aquella que interesa, explicó que los pagarés gozan de la exención de pago de impuesto y también sus prórrogas, en tanto no constituyen un nuevo hecho gravado. Además, el deudor no informó no haber realizado la exportación y ésta bien pudo haber sido desarrollada por empresas relacionadas a la sociedad ejecutada. Tampoco dio cuenta que, habiéndola efectuado, las divisas no retornaran al país o que fueran destinadas a fines diferentes al pago de lo adeudado.

Explicó asimismo que el único momento en que el banco debe asumir el tributo es cuando se encuentre en la necesidad de castigarlo por la falta de pago del crédito, lo que no ha sucedido porque subsisten los medios prudenciales de cobro y las acciones no están prescritas.

Consta en el proceso que mediante resolución de 2 de septiembre de 2016, el Octavo Juzgado Civil de Santiago ordenó la liquidación como empresa deudora de Exportadora Frucol Limitada. Lo propio decretó el Séptimo Juzgado Civil de Santiago el 10 de abril de 2017 respecto de la Sociedad Agrícola Machicura Limitada. En virtud de lo prevenido en los artículos 144 y siguientes de la Ley N° 20.720, se dispuso la remisión de los antecedentes a esos tribunales para que continuaran la tramitación del juicio respecto de las mencionadas sociedades, prosiguiéndose el procedimiento de ejecución de autos en contra de nombre reservado, en su condición de aval y codeudor solidario.

TERCERO: Que sobre la exención o pago del impuesto respectivo del pagaré fundante de la ejecución -única materia que el recurso pone en conocimiento del tribunal de casación-, luego de transcribir lo preceptuado en el N° 11 del artículo 24 del Decreto Ley N° 3.475, en el fallo censurado los jueces expresan que “si bien la parte ejecutada (nombre reservado) ha esbozado que, los pagarés presentados a cobro carecerían de los requisitos que la forma indica, para tener fuerza ejecutiva, porque las prórrogas de los tres pagarés, no gozarían de la exención de impuesto de timbres y estampillas al que hace referencia el N° 11 del artículo 24 del Decreto Ley 3.475, y por el hecho de haber perdido los pagarés de la exención de impuesto a no haberse efectuado la exportación y con ella el pago, lo cierto es que, según lo ha señalado la jurisprudencia judicial, las hojas de prolongación que contienen prórrogas o renovaciones no constituyen un título ejecutivo nuevo que deba cumplir por sí mismo con todos los requisitos de éste, hecho, además refrendado en el plano administrativo, por el Servicio de Impuestos Internos, mediante Ordinario N° 3.533 de fecha 26 de noviembre de 2008, que instruyó claramente que la prórroga o renovación de pagarés exentos, no configura un nuevo hecho gravado del tributo en cuestión, y se encuentra amparada por la exención que beneficia al documento original.

A mayor abundamiento, el único momento en que el Banco asume en definitiva la carga del impuesto, es en la medida que el deudor no pague el crédito y que en consecuencia, el Banco se vea en la necesidad de castigarlo, momento en que debe adquirir divisas en el mercado formal y así cancelar el tributo, lo que en la especie no ha ocurrido, por lo que malamente la parte ejecutante podría proceder al giro y pago del tributo, en la medida que subsistan los medios prudenciales de cobro y la acción no se declare prescrita.

En síntesis, y en base a lo argumentado precedentemente, lo aseverado por la parte ejecutada carece de asidero y justificación, ya que, el hecho gravado aún se encuentra pendiente (vigente de exención), pues en la medida que no retornen divisas producto de la exportación o en el caso de no haberse realizado ésta y siempre que el deudor no pague el préstamo, el banco deberá pagar el impuesto, pero sólo una vez castigado el crédito, situación como se ha referido no ha ocurrido, y dicha parte, no logró demostrar durante la secuela del juicio lo contrario, por ende, se entiende, que los títulos que sirven de sustento a la presente ejecución, gozan de ejecutividad y perfección”.

En virtud de esos razonamientos desestiman la alegación de la ejecutada y, en consecuencia, rechazan la excepción del N° 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: Que, como puede advertirse de los planteamientos del recurso, más que una recriminación expresa a los fundamentos recién enunciados que explicitan los jueces, la impugnante aduce que los pagarés de autos no han podido conducir la ejecución porque no gozan del beneficio de exención previsto en el N° 11 del artículo 24 del mencionado texto legal pues no hubo exportación, razón por la cual no se emitió el documento único de salida (DUS).

No obstante, ese fundamental supuesto fáctico sobre el que se construye la argumentación no ha sido establecido en el proceso.

QUINTO: Que este tribunal de casación reiteradamente ha advertido que sólo una denuncia de desacato a las normas reguladoras de la prueba lo facultaría, conforme al mérito del proceso, para alterar la situación fáctica que viene determinada en el fallo cuestionado y establecer los hechos que permitirían dar aplicación a la normativa sustantiva que se dice transgredida.

El recurso, sin embargo, no se refiere a este aspecto.

En estas condiciones, la ejecutante pretende, en último término, alterar la decisión puesto que, a pesar de lo concluido por los sentenciadores, insiste en sostener que la mencionada excepción debió ser acogida porque el crédito del que dan cuenta los pagarés no fue destinado para el fin que fue otorgado y no hubo exportación, alegación que, empero, es desarrollada sobre la base de circunstancias que no han sido establecidas en el juicio.

Semejante planteamiento no puede aceptarse ya que los hechos fijados en el fallo no son susceptibles de alteración, habida consideración a que la denuncia que la recurrente formuló no resulta eficaz para tales fines, por lo cual tampoco es posible asentar el presupuesto material sobre el cual se explica su pretensión invalidatoria.

Debe recordarse que la necesidad de establecer un presupuesto fáctico acorde con el postulado de casación se aprecia también en lo que expresamente preceptúa el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto señala que: “Cuando la Corte Suprema invalide una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectada por éste”.

Y como en la especie no es posible revisar los hechos determinados en el pronunciamiento impugnado ni fijar aquellos imprescindibles para el éxito del recurso, la pretensión anulatoria no puede prosperar.

SEXTO: Que, entonces, aun cuando esta Corte pudiera no compartir los razonamientos de fondo que han desarrollado los sentenciadores para desestimar la excepción de falta de requisitos o condiciones del título para tener fuerza ejecutiva, las circunstancias descritas en los razonamientos que anteceden resultan suficientes para declarar la improcedencia del recurso de casación, del modo que fue interpuesto.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Carlos Damián Boada Campos, en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Talca el doce de febrero de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Gómez B.

Nº 7.253-2019.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa María Maggi D., Sra. Rosa Egnem S. y los Abogados Integrantes Sres. Daniel Peñailillo A. y Rafael Gómez B.

No firman los Abogados Integrantes Sres. Peñailillo y Sr. Gómez, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambos ausentes.