Indemnización de perjuicios

Santiago, diecinueve de julio de dos mil veintidós.

VISTO:

En este procedimiento ordinario sobre indemnización de perjuicios tramitado bajo el Rol C-5.707-2017 del Segundo Juzgado Civil de Temuco, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, mediante sentencia de quince diciembre de dos mil dieciocho fue acogida parcialmente la demanda, condenando a la demandada a pagar a la actora la suma de $4.000.000 por concepto de daño moral, con los incrementos que indica, con costas.

Ambas partes impugnaron el fallo mediante recursos de apelación y por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veinte la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó lo decidido en primer grado.

En contra de ese pronunciamiento, la actora interpone recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

PRIMERO: Que la recurrente afirma que el fallo cuestionado incurre en la causal de invalidación formal contenida en el quinto numeral del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la exigencia estatuida en los números 4 y 5 del artículo 170 de ese mismo texto legal, acusando que la sentencia fue pronunciada omitiendo las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, particularmente en cuanto a la prueba aportada en segunda instancia que no fue conocida ni valorada por el tribunal de primer grado y que es desestimada por los sentenciadores sin fundamento, incidiendo en la decisión de compensarla por el daño moral en un monto muy inferior al que correspondía declarar.

SEGUNDO: Que respecto de la falta de análisis de los antecedentes acompañados por la recurrente en segunda instancia, no se aprecia la influencia sustancial en lo resolutivo del fallo que podría tener esa inobservancia.

Sin perjuicio de lo que se señalará al analizar el recurso de casación en el fondo que también ha deducido esa parte, debe anticiparse que los antecedentes que acompañó en segundo grado no podrían incidir en el establecimiento de los hechos fijados en la sentencia ni la cuantía de la indemnización por el daño moral padecido, único aspecto que reclamó en su recurso de apelación y que, por ende, constituyó la materia discutida que la actora planteó al tribunal de alzada.

Efectivamente, en su demanda la recurrente hizo consistir el daño moral en la angustia que ha sufrido pues el accidente le habría provocado no solo un dolor físico sino también la imposibilidad de mantener una vida normal, pues debió usar una silla de ruedas y luego caminar apoyada con bastón, además de las repercusiones económicas que originó su estado de salud.

Junto con asentar la responsabilidad extracontractual en que incurrió la demandada, el fallo de primer grado estableció que “…la demandante se vio afectada físicamente debido a la fractura que la tuvo sometida a las dolencias propias de una recuperación que duró varios meses, lo que también provocó dificultades anímicas y en el normal desarrollo de su vida habitual, todo lo que comprende el daño moral en un sentido amplio”, procediendo a determinar prudencialmente el monto del daño moral, “por cuanto la apreciación pecuniaria, está entregada a la discrecionalidad del Tribunal, por ser esencialmente subjetiva, tomando en consideración lo antes razonado, el tipo de lesión y sus secuelas, el tiempo y la extensión del dolor, se fijará en una suma que deberá ser reducida por estimar que la víctima se expuso además al daño, determinándose en definitiva en el monto de cuatro millones de pesos que deberán ser pagados por la demandada”.

En otras palabras, el dictamen de primer grado accedió al resarcimiento en los términos en que fue solicitado y por los conceptos esgrimidos por la víctima.

Siendo así, los instrumentos acompañados en segundo grado y que se aducen preteridos no podrían modificar lo asentado en lo relativo a la existencia del daño extra patrimonial, por cuanto fueron allegados con la finalidad de demostrar la discapacidad que afecta a la actora y la necesidad de mantener tratamientos médicos por sus padecimientos físicos y sicológicos, antecedentes que, subsiguientemente, solo podrían confirmar lo que ya se ha asentado a este respecto. Por lo demás, no han tenido la aptitud para incrementar la cuantía del daño moral fijado en el fallo, tanto porque esa determinación queda sujeta a la prudencia de los sentenciadores, cuanto porque el monto concedido considera también, en los términos del artículo 2330 del Código Civil, que la actora se expuso imprudentemente al daño. En ambos aspectos las probanzas en cuestión no son útiles ni tienen mérito de convicción para controvertir lo que en este punto ha sido resuelto.

TERCERO: Que el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil autoriza al tribunal para desestimar el recurso de casación en la forma si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo, puesto que para la interposición de un recurso de casación como el que se viene estudiando se requiere, además de otras exigencias, que sea deducido por la parte agraviada, por cuanto diferentes requisitos comparte el recurso de casación con los recursos en general, siendo una de ellas precisamente el agravio que debe manifestar y soportar quien lo interpone.

Sucede entonces, a la luz de lo recién reflexionado, que el mérito del proceso da cuenta de la improcedencia que en este punto presenta el arbitrio formulado, ya que aun si esta Corte coincidiera con la recurrente sobre la efectividad de haberse incurrido en las omisiones que acusa, igualmente correspondería declarar que los instrumentos invocados por la actora no han podido alterar lo concluido en el fallo, en lo relativo a la existencia y cuantía del daño moral reclamado.

CUARTO: Que, en consecuencia, el recurso de casación en la forma no puede prosperar.

En cuanto al recurso de casación en el fondo:

QUINTO: Que la actora afirma que el fallo infringe el artículo 2330 del Código Civil, pues la aplicación de la hipótesis que en esa norma se desarrolla requiere que se pruebe la relación de causalidad que debe existir entre el daño sufrido por la víctima y el supuesto conocimiento cabal que debió tener sobre el riesgo que corría al subir la escalera del local comercial en donde se produjo el accidente.

En su opinión, esa vinculación no fue acreditada ya que la prueba que en tal sentido produjo su contraparte fue correctamente desechada por la sentencia. Empero, los juzgadores igualmente acogen la alegación de haberse expuesto su parte imprudentemente al daño, coligiendo el fallo que antes de caer por la escalera del local de la demandada, la recurrente advirtió durante uno o dos segundos que el piso estaba mojado y que, sin embargo, no se detuvo a esperar a que la dependiente del local terminara de asear y secar el sector, calificando la conducta de la actora como negligente y constituyendo una concausa en el accidente.

Ese razonamiento, asegura quien recurre, es parcial y equivocado, ya que no considera que, en casos como el de autos, el actuar de la víctima siempre será condición para la existencia de responsabilidad civil, en la medida que si no hubiera concurrido al local de comida ese día y en ese momento, el accidente no habría ocurrido. Es decir, siempre existirá una intervención de la víctima. Mas, para la aplicación del artículo 2330 del Código Civil y la subsecuente reducción del quantum indemnizatorio, es imprescindible que se acrediten los presupuestos jurídicos necesarios para modificar la calificación del actuar de la víctima, desde una “mera condición” del daño -jurídicamente irrelevante para la determinación del monto de la condena- a su carácter de “concausa” del daño sufrido, que sí tiene relevancia en esta materia.

En síntesis, arguye que no basta comprobar una mera causalidad fáctica, ya que esta siempre existe, sino que se pueda imputar jurídicamente este daño a la actora, sin olvidar, desde luego, el deber de autocuidado que corresponde a todas las personas.

Reprueba entonces que la sentencia confunda qué conducta le correspondía ejecutar a la demandante en cumplimiento de ese deber de autocuidado, concluyendo la impugnante que no era exigible el actuar que el fallo le impone, puesto que estaba volviendo a su mesa en el segundo piso donde la esperaba su hija, considerando además que menos de diez minutos antes ella ya había subido y bajado esa escalera sin ningún problema. En estas condiciones, no era posible otra conducta de su parte, distinta a la de subir la misma escalera por la cual recién había bajado, sobre todo atendiendo que no existe otra forma de llegar al segundo piso. Tampoco era razonable exigirle que se mantuviera con la bandeja en la mano a la espera que la auxiliar de aseo de la demandada trapeara y secara el piso. Antes bien, la única conducta pertinente era subir la escalera en el momento que lo hizo y con el cuidado que refirieron los testigos y esa decisión, aun habiendo percibido segundos antes que el piso se encontraba mojado, no constituye, por eso, una exposición imprudente al daño.

Asevera además que tampoco es posible concluir que la demandante haya debido prever a cabalidad todo el riesgo existente en subir la escalera de la manera que lo hizo, máxime si se considera que en estos locales de comida es normal que las personas suben y bajen las escaleras con sus bandejas de comida, actividad que, en condiciones habituales, no importa ningún riesgo.

Entonces, como no existía posibilidad para la actora de conocer y advertir las condiciones de riesgo, no se puede concluir que ella haya contribuido a su producción y aplicar la regla de atenuación de responsabilidad prevista en el citado artículo 2330 del Código Civil. Por el contrario, fue la demandada quien produjo condiciones adicionales pues su dependiente de aseo limpiaba el piso con abundante agua -más de la necesaria- y no instaló las señaléticas de precaución pertinentes, siendo ese el único actuar que cumple con las condiciones de causalidad material y jurídica que originó el accidente.

Acusa, en fin, que los sentenciadores no indicaron los medios de prueba en que basaron su razonamiento ni explicitaron cómo llegaron a la convicción de que era aplicable la rebaja de indemnización.

SEXTO: Que al emprender el análisis del recurso de casación que ya sido enunciado es necesario puntualizar que en estos autos nombre reservado demandó a la Sociedad de Alimentos e Inversiones Oasis Limitada, de indemnización por los perjuicios generados con ocasión del accidente que sufrió el 24 de noviembre de 2016, cerca del mediodía, en el restaurante “Doggis” ubicado en domicilio reservado de la ciudad de Temuco, operada por la sociedad demandada.

Refirió que estando en el segundo piso de ese local para consumir con su hija los alimentos que había adquirido, debió bajar al primer nivel para cambiar algunos de ellos y que al volver a su sitio por la escalera de acceso advirtió que una dependiente del local limpiaba descuidadamente con agua y detergente el piso del descanso de ese acceso, sin instalar letreros que advirtieran que el suelo estaba mojado y resbaladizo. La actora perdió el equilibrio y cayó, sufriendo una luxo fractura de tobillo y peroné izquierdos, según fue diagnosticado en el centro asistencial al que debió ser conducida, denunciando que no recibió ayuda o auxilios inmediatos por parte del personal de la demandada.

Imputó a su contraparte haber incurrido en responsabilidad civil extracontractual y reclamó una indemnización de perjuicios por el lucro cesante sufrido, por la suma de $6.000.000 –en razón del tiempo de hospitalización por las atenciones y cirugía a la que se debió someter, siéndole insertada una placa de titanio en su pie- lo que le impidió desarrollar su actividad económica, y una compensación por el daño moral por la cantidad de $30.000.000, que hizo consistir en la angustia, los sufrimientos y dolores padecidos, la imposibilidad de desplazarse con normalidad y la circunstancia de verse obligada a someterse a tratamientos médicos.

La demandada enfrentó el libelo solicitando su íntegro rechazo, asegurando que la lesión relatada en la demanda se produjo única y exclusivamente por el actuar negligente de la actora.

Refirió que el piso estaba limpio y seco y que antes de los hechos relatados de contrario, la demandante ya presentaba una lesión en su pie, como lo reconoció luego de la caída ante varios testigos, de modo que debió quedarse en las mesas de primer piso o, si deseaba acceder al segundo nivel, hacerlo apoyándose en el pasamanos de la escalera, lo que no hizo, según constató el testigo que mencionó.

Invocó lo estatuido en el artículo 2330 del Código Civil para justificar su exoneración de responsabilidad o la atenuación de los montos reclamados a título de perjuicios, rubros cuya existencia y cuantía, con todo, controvirtió.

SÉPTIMO: Que la sentencia dejó asentados los siguientes hechos:

1.- El día 24 de noviembre del año 2016 la actora pasó a almorzar con su hija a la fuente de soda de la marca "Doggis", ubicada en domicilio reservado de la ciudad de Temuco. Luego de hacer la compra de dos completos, sube a comer al segundo piso de dicho local.

2.- Posteriormente, la demandante al volver a subir al segundo piso y cayó en las escaleras, sufriendo una luxo fractura de tobillo y peroné izquierdos, siendo sometida a una intervención quirúrgica y debiendo continuar un tratamiento de rehabilitación kinésica, utilizando bastones para su desplazamiento, padeciendo asimismo dolor severo, trastorno de marcha secundario y síntomas ansioso depresivos, pues se vio impedida de realizar labores del hogar y ocuparse del cuidado de su hija, estado de salud que además le exigió asistir a sesiones de psicoterapia.

Es decir, a causa de la caída y sus secuelas, la actora sufrió dolor y angustias propias del accidente.

3.- El piso de la escalera estaba excesivamente mojado por la acción de una dependiente de aseo, sin letrero o indicación que advirtiera esas condiciones y sin existir bandas antideslizantes.

En seguida y atendiendo a los propios dichos expresados por la actora en su demanda, en orden a que “Al llegar al descanso de la escalera, se percató que se encontraba una dependiente de la sociedad demandada, limpiando descuidadamente el piso del descanso a mitad de la escalera al segundo piso del local, utilizando con agua con detergente y un trapero, sin que existiera ningún tipo advertencia que señalara que el piso se encontraba mojado y/o resbaladizo. Producto de ello, resbaló con el agua con detergente, perdiendo el equilibrio y cayéndose fuertemente”, expresan que “…De lo anterior se deduce que ella advirtió previamente, aunque sea unos segundos, que el piso estaba mojado, y luego se cayó. Esto hace pensar que frente a la situación de riesgo no adoptó las medidas adecuadas para evitar la caída, concurriendo esta falta de cuidado a la negligencia de la demandada…”

Sobre la base de esos hechos y el razonamiento que ha sido enunciado en el acápite precedente, los sentenciadores declaran la negligencia de la demandada, atribuyéndole haber incurrido en la responsabilidad civil que le imputó la actora, “razón por lo que resulta procedente el ser indemnizada respecto de todo daño, una vez acreditado éstos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2314 y 2320 del Código Civil, debiendo asimismo, aplicarse el artículo 2330 del Código Civil…”

En cuanto a los perjuicios reclamados, desestiman el lucro cesante pretendido “al no existir certeza que efectivamente la actora dejó de percibir ingresos o bien que la llamaran para suplir algún cargo y que perdió fehacientemente oportunidades laborales según señaló en su libelo conlleva a rechazar los montos solicitados”.

En cambio, al tenor de los hechos establecidos, acogen la petición de daño moral, cuya compensación fijan prudencialmente en la cantidad de $4.000.000, más los incrementos indicados en lo resolutivo.

OCTAVO: Que la responsabilidad civil extracontractual, también conocida como delictual, cuasidelictual o aquiliana, es aquella obligación de reparar los perjuicios que nace cuando una persona comete un hecho ilícito que ocasiona daño a otra. Por lo tanto, no existe un vínculo jurídico previo entre las partes.

En general, hay dos tendencias para fundamentar la responsabilidad civil extracontractual: una, por culpa, caso en que nace la obligación de reparar los perjuicios ocasionados a otro, puesto que el deudor ha obrado con culpa o dolo, o sea, la obligación de reparar los perjuicios se origina por infracción a un deber de cuidado; y otra, estricta, objetiva o sin culpa, en que el autor de un hecho ilícito está obligado a reparar los perjuicios producidos, aun habiendo actuado de manera diligente.

En la especie, del tenor de la imputación que formuló la actora y de lo estatuido en los artículo 2314 y siguientes del Código Civil resulta aplicable la primera de las hipótesis recién enunciadas.

En la misma línea de razonamiento, debe recordarse que bajo el régimen de responsabilidad por culpa al que se refieren los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil, la atribución de responsabilidad se funda en que el daño ha sido causado por un hecho negligente, esto es, realizado con infracción a un deber de cuidado, tal como ha sido declarado en el fallo en revisión.

Los demás elementos constitutivos de esa responsabilidad no han sido cuestionados por la infractora, debiendo entenderse concurrentes.

NOVENO: Que el fallo censurado ha sido impugnado solo por la demandante y únicamente en lo tocante a la improcedencia de aplicar en la especie la hipótesis prevista en el artículo 2330 del código sustantivo, por las razones que ya han sido explicadas.

No obstante, para abordar semejante cuestionamiento es necesario referir que los artículos 2314 y 2329 del Código Civil contienen el principio general que impone a quien ha ocasionado un daño a otra persona, mediando malicia o negligencia, la obligación de repararlo, deber que se extiende a la compensación del daño material e inmaterial.

De su parte, en materia extracontractual, el artículo 2329 del Código Civil señala: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.

Dicha disposición consagra en forma positiva un principio que, aun en ausencia de regla expresa, es admitido en todos los sistemas, cual es el que la reparación ha de ser integral. En otros términos, la indemnización ha de comprender todo el daño. Es este un principio que parece tan evidente que basta con su enunciación, sin que parezca necesario justificarle, ya que se presenta como una conclusión lógica de la idea de responsabilidad civil y reparatoria. Según el principio de restitutio in integrum, la indemnización ha de comprender la suma que coloque a la parte que ha sido dañada en la misma posición en que estaría si no hubiese sufrido el hecho dañoso por el cual ahora está obteniendo compensación.

DÉCIMO: Que sobre la particular materia que desarrolla la actora en su arbitrio anulatorio -relativa al error del fallo al declarar que habría existido una exposición imprudente al daño de su parte- no debe olvidarse que la norma contenida en el artículo 2330 del Código Civil se aplica en el entendido que el resultado nocivo es consecuencia del actuar tanto del autor del ilícito como de la víctima, caso en el cual conlleva la reducción del monto de la indemnización. Es decir, para que sea procedente la reducción del daño en los términos estatuidos en el precepto legal en análisis, es necesario que la víctima haya contribuido a su producción en virtud de una acción u omisión negligente, configurando un fenómeno de concausas.

Se requiere, por ende, que el daño sea el resultado simultáneo de ambos sujetos, aunque sus acciones puedan tener intensidades diversas. Y es en virtud de esta intervención convergente de ambos involucrados en el hecho ilícito que resulta procedente la rebaja de la cuantía del resarcimiento.

La exposición de la víctima supone una acción y efecto de exponer o exponerse, arriesgar, aventurar, poner una cosa o una persona en contingencia de perderse, dañarse o lesionarse. En tanto, en relación con la culpa, se ha dicho que puede consistir en un actuar imprudente, negligente, con falta de pericia, inobservancia de reglamentos, deberes o procedimientos. Así lo ha asentado esta Corte Suprema, entre otros fallos, en los recaídos en las causas rol 26.534-2014 y 22.835-2014, expresando que la imprudencia consiste en un obrar sin aquel cuidado que según la experiencia corriente debe tenerse en la realización de ciertos actos. Se trata de un comportamiento defectuoso resultante de una respuesta al estímulo que la provoca, sin que el sujeto haya efectuado la suficiente valoración sobre la oportunidad o inoportunidad, conveniencia o inconveniencia de la reacción y, desde luego, sin la suficiente graduación de la intensidad de su efecto. Consiste, en otros términos, en una falla de la esfera intelectiva del sujeto, que lo lleva a desplegar una conducta sin las precauciones debidas en el caso concreto. Imprudencia, por tanto, es la falta de previsión de las consecuencias de una acción, o el hecho de no pensar evitarla a pesar de haberla previsto; una forma de conducta ligera o descuidada, de la cual habría que abstenerse. (C.S., rol 2.197-2010).

UNDÉCIMO: Que, desde otro punto de vista, el examen que corresponde realizar a este tribunal de casación no se encuentra referido al establecimiento de los hechos de la causa, en tanto ese aspecto no fue cuestionado por la recurrente, sino a la calificación jurídica del presupuesto material asentado. Ese análisis, en la especie, apunta a esclarecer la relación de causalidad que pueda configurarse entre la conducta de la víctima y el acaecimiento del riesgo sufrido.

Ahora bien, en esta materia debe admitirse que el establecimiento de la relación de causalidad constituye una labor en extremo compleja y su dilucidación se dificulta por la existencia indudable de multiplicidad de causas y elementos que pudieran poseer la aptitud para eliminar o atenuar el daño.

Del mismo modo, es atinente apuntar, en el plano del nexo causal inherente a la obligación de indemnizar, que es posible distinguir tres situaciones básicas o generales: a) el resultado nocivo obedece en forma exclusiva a la culpa del autor del hecho, hipótesis en que éste debe asumir la responsabilidad en la reparación total del daño; b) la producción del daño se debe a culpa propia o privativa de la víctima, situación en que el autor del hecho queda exonerado por completo de la obligación de indemnizar, pues no se advierte en ese evento la existencia de una relación causal entre su conducta y el efecto dañoso y, c) el daño se genera por la conducta culpable del autor, a la que se suma como concausa, la culpa de la víctima, lo que repercute en una atenuación de la responsabilidad indemnizatoria que empece al primero, la que deberá compensarse con aquélla que corresponde a la víctima, reduciéndose el monto de la indemnización correspondiente.

Es este último aspecto el que interesa abordar, a la luz de los hechos del proceso y la imputación de desacato que formula el recurso.

DUODÉCIMO: Que es un hecho asentado que la demandada incurrió en una conducta negligente, lo que genera la responsabilidad indemnizatoria que viene declarada por los juzgadores. Esta negligencia consistió en admitir que sus trabajadores procedieran a asear la escalera de acceso al segundo piso del local sin tomar los resguardos pertinentes, pues no instalaron la señalética adecuada que advirtiera el peligro de transitar por ese sector en donde el piso estaba mojado y resbaloso.

A la vez y sobre la base de los dichos formulados por la actora en su demanda, la sentencia manifiesta que esa parte anticipadamente advirtió, aunque sea por unos segundos, que el piso estaba mojado, y luego cayó.

Entonces, corresponde determinar si el resultado nocivo se ha debido únicamente a la negligencia de la demandada o también al actuar descuidado de la demandante y para sortear el problema que surge frente a la multiplicidad o pluralidad de causas, discriminando de entre todas las concurrentes aquella que tiene la eficacia de generar el perjuicio, la doctrina recuerda que el factor a considerar es que esa causa debe constituir un elemento necesario y directo del daño.

Para dilucidar este asunto bien puede acudirse a lo que esta Corte ya ha tenido la ocasión de asentar al adentrarse en el examen de la causalidad en materia de responsabilidad extracontractual y, en particular, en lo relativo a la circunstancia de ser el hecho del agente una condición necesaria para generar el daño. Tal discusión se ha sustentado tradicionalmente en la teoría de la equivalencia de las condiciones, que entiende todas las causas como equivalentes, en la medida que cada una sea condición necesaria de la producción del daño. Sin embargo, ante la frecuente coexistencia de causas y sucesión o secuencia de acontecimientos que pueden contribuir a la producción de un resultado dañoso, han acudido los autores a criterios tales como la causalidad adecuada o eficiente, para justificar la imputabilidad que puede atribuirse al autor de un hecho por las consecuencias que de éste hayan derivado. Este criterio permite definir, entre los múltiples factores potencialmente dañosos, cuál es el preciso hecho que produjo el perjuicio, para así determinar la imputabilidad de la conducta, cuestión que resulta particularmente relevante si con posterioridad al hecho culpable surgen factores extraños que interfieren la relación causal, tales como la intervención de terceros o de la propia víctima, o la conducta omisiva de esta última, como se discute en la especie.

DÉCIMO TERCERO: Que, sin duda, la creación del riesgo de la especie obedece a la negligencia de la demandante, pues toleró que una dependiente suya procediera a asear el piso de la escalera sin señalarlo al público, ni anunciar el peligro que suponía transitar en esos momentos por el sector.

Entonces, aun cuando la demandante anticipadamente advirtiera “aunque sea (por) unos segundos” que el piso estaba mojado, ese accionar no autoriza a colegir que al decidir continuar su marcha se expusiera imprudentemente al riesgo, pues también ha sido establecido que no existía señalética que advirtiera el peligro de transitar por el sector.

En efecto, no existe prueba que autorice a colegir que la actora estuvo en condiciones de conocer que el piso estaba a tal punto resbaloso que provocaría su caída, sino solo que el piso estaba mojado. Y de hecho, ante la inexistencia de información que indicara el peligro de transitar por el sector, es razonable que en el brevísimo lapso que destaca la sentencia, la demandante pudiera representarse que su transitar no involucraba un riesgo, pues quien creó ese riesgo tampoco se lo había hecho presente.

Por consiguiente, la decisión voluntaria de la demandante de seguir subiendo por la escalera no resulta suficiente para colegir que esa acción importe una exposición imprudente al daño por su parte y no puede desprenderse de ese sólo hecho que el resultado nocivo producido haya sido consecuencia del actuar tanto de los autores del ilícito como de la víctima y que se configure un fenómeno de concausas, o que el daño de que se trata sea el resultado simultáneo del obrar del agente y la víctima.

Por último y no menos importante, no puede soslayarse, en este punto, que la defensa de la demandada se construyó sobre la base de una exposición imprudente de la actora por haber transitado “por la escalera desprovista de todo cuidado, en forma negligente e imprudente, asumiendo riesgos innecesarios, al tener los elementos de seguridad a su alcance para subir en forma segura, o bien, si estaba ya lesionada, utilizar las mesas del primer piso existentes a la época de ocurrido los hechos”, asegurando que el piso de la escalera estaba limpio y seco, que en esos momentos no se realizaban labores de limpieza en forma descuidada y sugiriendo que la demandante ya se encontraba lesionada al ingresar al local, hipótesis todas que fueron descartadas por los jueces y que, por ende, no se corresponden con los hechos asentados en la causa.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, al declarar los jueces que la actora se expuso imprudentemente al riesgo han quebrantado el artículo 2330 del Código Civil, error de derecho que debe ser enmendado privando de valor a la sentencia que lo contiene, la que tampoco puede ser mantenida si se tiene en cuenta que de tal infracción ha seguido una decisión necesariamente diversa a la que se habría debido arribar en caso contrario, con lo que se satisface el requisito de que el yerro tenga influencia decisiva en lo resuelto.

Por ello, corresponde acceder al arbitrio de nulidad sustantiva que ha sido planteado por la parte demandante.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por el abogado Mauricio Colil Olivares, en representación de la demandante y se acoge el recurso de casación en el fondo impetrado por esa misma parte en contra del fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Temuco de veintisiete de mayo de dos mil veinte, el que se invalida y se lo reemplaza por la sentencia que se dicta separadamente y a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del ministro señor Silva C.

Nº 76.197-2020.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sra. Rosa Maggi D., Sr. Arturo Prado P., Sr. Mauricio Silva C., Sr. Juan Manuel Muñoz P. y Sr. Raúl Mera M.

No firman la Ministra Sra. Maggi y el Ministro Sr. Silva, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones la primera y estar con feriado legal el segundo.