Nulidad absoluta

Santiago, nueve de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

En estos autos Rol C-4488-2017 del Segundo Juzgado Civil de Concepción, sobre nulidad, caratulados “nombre reservado con Constructora nombre reservado Limitada y otra”, por sentencia de trece de septiembre de dos mil diecinueve la juez titular del referido tribunal rechazó la demanda, con costas.

La demandante dedujo recurso de apelación en contra de dicho fallo y una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, por resolución de doce de marzo de dos mil veinte, lo confirmó.

En contra de esta última decisión la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:

PRIMERO: Que la recurrente sostiene que los jueces infringieron en cuanto a la acción de nulidad los artículos 1681, 1682, 1683 y 1793 del Código Civil y respecto de la demanda de cumplimiento de contrato los artículos 1552, 1793, 1546, 1545 y 1489 del Código Civil;

Sostiene que el fallo impugnado olvida que la obligación de su mandante es pagar el precio de la cosa vendida en dinero, según expresa el artículo 1793 del Código Civil al definir el contrato de compraventa, más no resulta relevante el origen de ese dinero, lo que determina que siempre pudo haber cumplido con su obligación a pesar de haber utilizado el subsidio fiscal en la adquisición de otro bien raíz. De esta manera, cae el argumento del sentenciador del grado, confirmado en segunda instancia, para sostener la falta de interés de su representada en la declaración de nulidad, por medio de la cual pretende que el bien que prometió comprar vuelva al patrimonio de la demandada con la que contrató y así poder exigir el cumplimiento forzado de lo pactado. Es ahí donde surge el interés de la actora, y que tiene un contenido exclusivamente patrimonial.

Agrega que habiéndose establecido que la sociedad que contrató con mi representada, Constructora Los Álamos Limitada, transfirió el bien raíz prometido vender quince días después de la suscripción del contrato de promesa, sacándolo de su patrimonio, devela la falta de voluntad de ese negocio jurídico; y además, falta el elemento esencial de un contrato de compraventa, cual es la existencia de un precio, que de no existir lleva aparejada la nulidad absoluta según las normas que se han denunciado vulneradas.

Continúa afirmando que es la obligación que pesaba sobre la demandante, pagar el precio de lo prometido comprar en dinero, y ese pago se verificaría al momento de firmarse la venta prometida según lo indica el contrato de promesa de compraventa. En ese sentido no es atendible, para enervar la acción de cumplimiento, declarar que la actora no ha cumplido o no está llana a cumplir lo pactado por el hecho de haber utilizado el subsidio, cuando bien pudo pagar el precio, que es su obligación esencial, con dinero proveniente de un mutuo, ahorros, u otro medio.

Afirma que de no incurrir los sentenciadores en las infracciones legales debieron acoger la acción.

SEGUNDO: Que, para una acertada resolución del recurso de nulidad sustancial, es conveniente dejar constancia de los siguientes antecedentes del proceso:

1.- Comparece nombre reservado quien dedujo demanda en contra de la Constructora Vergara Mardones Limitada y la Constructora El Álamo Limitada, de nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado el 1 de agosto del año 2014 entre ambas sociedades demandadas respecto del inmueble Block B, casa Nº 8 ubicado en Paula Jaraquemada interior Nº 937 de la comuna de Chillán Viejo, por falta de voluntad, en subsidio de esta, por falta de causa o por causa ilícita, y en subsidio de todo ello, solicita la declaración de la existencia de una simulación y la nulidad absoluta del negocio simulado, y en subsidio contra la Constructora El Álamo Limitada, demanda el cumplimiento del contrato de promesa de compraventa de fecha 15 de julio de 2014 y en subsidio la resolución del mismo contrato, en ambos casos, con indemnización de perjuicios.

Expone que celebraron con la constructora El Alamo un contrato de promesa de compraventa con fecha 15 de julio de 2014, en virtud del cual esta última vendería el inmueble a la actora, esto es, el Block A, casa Nº 1 del condominio los libertadores ubicado de Paula Jaraquemada Nº 908, interior de la comuna de Chillan Viejo. El plazo para suscribir la venta prometida era de diez meses contados desde la firma de la promesa, prorrogables por igual periodo. El precio de venta ascendía a la suma de doce millones de pesos, más IVA, pagaderos con un subsidio fiscal de doce millones y el saldo se pagaría con dinero efectivo, a realizarse al momento de suscribir la venta prometida. Señala que quince días después de suscribir el contrato, la Constructora, vende el bien raíz prometido vender, a la sociedad Constructora Vergara Mardones Limitada.

En base a lo expuesto demanda de indemnización de perjuicios por daño emergente avaluado en la suma de $11.050.000, y que corresponde a la pena incorporada para el caso de desistimiento del contrato prometido por la suma de 10.000.000.- más la suma de $1.050.000.- entregados y que según el contrato de promesa tiene derecho a recuperar. Respecto al lucro cesante, señala que éste está dado por lo que ha dejado de percibir como consecuencia del incumplimiento de la demandada, el cual valora en la suma de $20.000.000. Finalmente solicita sea la demandada condenada a pagar, a título de daño moral, la suma de $10.000.000.- o el monto que prudencialmente el Tribunal estime del caso.

2.- Las demandadas contestaron la demanda solicitando su rechazo, fundado en que con fecha 15 de julio de 2014 Constructora El Álamo Limitada celebró con la actora contrato de promesa de compraventa del inmueble correspondiente a la unidad denominada Block A Casa 1 del Condominio Los Libertadores ubicado en domicilio reservado de la comuna de Chillán Viejo.

Expone que en el contrato se estipuló el modo en que se adquiriría el inmueble, esto es, mediante la obtención de un subsidio habitacional que entiende se adjudicó la demandante, pero que, en definitiva, se negó a aplicarlo en la compra del inmueble y la razón de aquello, no es otra, que su cambio de opinión en cuanto a la propiedad a adquirir, ahora su interés era otro bien raíz, el que también forma parte del mismo condominio al que pertenece el prometido, y de que es dueña actualmente Constructora Vergara Mardones Ltda., esto es, la casa N° 8 del block B ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Chillan Viejo, lo que ella manifestó expresamente y en reiteradas oportunidades, a lo que se le dijo que no, pues, nunca ha sido la intención ni ha existido el ánimo de Constructora el Álamo Ltda., como de Constructora Vergara Mardones Ltda., de venderle a la demandante el inmueble recién aludido, de allí que no procede por lo dicho, se sancione con la nulidad del contrato.

En cuanto a la acción de simulación y nulidad absoluta del contrato, afirma que no es cierto lo dicho en este apartado por la actora, ya que el contrato no es uno simulado. Añade que en ningún caso constituye una donación como pretende en su libelo, ya que la única intención de su parte fue sacar del patrimonio de Constructora El Álamo Ltda. el inmueble prometido, y reitera que ha sido la propia demandante la que desistió de adquirir el inmueble singularizado en el contrato de promesa, y pretende hacer creer al tribunal que ha sido vulnerada y perjudicada en el cumplimiento del contrato de promesa que acompaña en sustento de su acción, sin embargo, ha sido descubierta en su pretensión injusta de obtener la venta y transferencia de un inmueble, el que ocupa denominado casa N° 8 del condominio que forma parte y que no ha sido objeto de contrato alguno con ella.

3.- Ambas partes rindieron las probanzas que constan en autos.

TERCERO: Que los sentenciadores del mérito establecieron como hechos de la causa los siguientes:

1.- Que el contrato de promesa de compraventa de fecha 15 de julio de 2014 celebrado entre doña nombre reservado y la sociedad Constructora El Álamo Limitada, no es suficiente para confirmar procesalmente el interés pecuniario y patrimonial que tendría la demandante en la nulidad del contrato de compraventa que solicita, el cual funda en que, al volver el inmueble a propiedad de la sociedad Constructora El Álamo, ella podría solicitar el cumplimiento del contrato de promesa de venta.

2.- Que el subsidio que había obtenido la demandante para adquirir la propiedad prometida con la sociedad Constructora El Álamo Limitada, lo utilizó para adquirir otro inmueble, subsidio que se concede por una sola vez a la persona que lo solicita, por lo que en ningún caso podría cumplirse con el contrato definitivo de compraventa en los términos estipulados en el contrato de promesa.

3.- Que, en la cláusula cuarta del contrato de promesa de compraventa las partes acordaron que “El precio de la compraventa prometida será de doce millones de pesos más Iva, los cuales se pagarán de la siguiente forma: Un subsidio fiscal de doce millones de pesos. El saldo, en dinero en efectivo que proporcionará la promitente compradora”.

CUARTO: Que sobre la base de los antedichos presupuestos fácticos la sentencia cuestionada rechaza la acción de nulidad reflexionando en el motivo décimo segundo que la recurrente no acreditó tener un interés pecuniario y patrimonial para solicitar la declaración de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre Constructora Vergara Mardones Limitada y sociedad Constructora El Álamo Limitada.

Por otra parte en cuanto a la excepción de contrato no cumplido opuesta por las demandadas, en el motivo vigésimo cuarto consideran que la promitente compradora no acreditó que haya estado llana a cumplir su parte del contrato, toda vez que el subsidio que obtuvo para optar a la vivienda individualizada en el contrato de promesa celebrado con Constructora El Álamo Limitada, lo utilizó para adquirir otro inmueble.

Respecto de la demanda de resolución del contrato de promesa de compraventa, en el basamento vigésimo séptimo manifiestan que la actora no acreditó que exista un incumplimiento que sea voluntario e imputable a culpa o dolo de las demandadas y que a mayor abundamiento, tampoco se cumple con el requisito que quién pide la resolución, haya cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación, encontrándose impedida la demandante de adquirir el inmueble prometido, en los términos estipulados en la cláusula cuarta del contrato de promesa, toda vez que ésta ha utilizado el subsidio otorgado por el Serviu para la adquisición de otro inmueble, distinto al prometido.

QUINTO: Que de lo expuesto precedentemente aparece que las disposiciones legales denunciadas por la recurrente y sus alegaciones tienen por objeto cuestionar -en lo medular- la conclusión a la que arriban los sentenciadores después de efectuar el análisis de los antecedentes del juicio en cuanto a considerar que la actora carece del interés patrimonial en la declaración de nulidad que intenta y que no estuvo llana a cumplir lo pactado en el contrato de promesa. Así, su reproche de ilegalidad se circunscribe a la supuesta inobservancia de las normas sustantivas que cita, las que, aplicadas correctamente, debieron llevar a los jueces del fondo a establecer que el actor tiene interés pecuniario en la acción principal que intenta y que siempre estuvo llano a cumplir lo pactado respecto a la acción subsidiaria de cumplimiento de contrato.

SEXTO: Que así planteado el recurso de nulidad sustancial, sus alegaciones conciernen a la esfera de los hechos de la contienda en los términos que fueron asentados por los jueces de la instancia. En efecto, la recurrente pretende imponer un razonamiento que no se sustenta en la situación fáctica establecida por el fallo, desconociendo la que sí ha sido fijada respecto de la falta de interés patrimonial y que no estuvo llano a cumplir lo pactado. Luego, para tener éxito en su pretensión, forzoso sería tener que modificar los hechos asentados y establecer otros nuevos que permitan configurar la tesis que propugna.

SÉPTIMO: Que la doctrina y la jurisprudencia han caracterizado al recurso de casación como un medio de impugnación de carácter extraordinario, que no constituye instancia jurisdiccional, pues no tiene por finalidad propia revisar las cuestiones de hecho del pleito ya tramitado. Antes que ello, se trata de un recurso de derecho, ya que la resolución del mismo debe limitarse en forma exclusiva a examinar la correcta o incorrecta aplicación de la ley en la sentencia que se trata de invalidar, respetando los hechos establecidos en el fallo por los jueces sentenciadores. Como se sabe, esa limitación a la actividad judicial de esta Corte se funda en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, al disponer que la Corte Suprema al invalidar una sentencia por casación en el fondo dictar acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que zanje el asunto que haya sido objeto del recurso de la manera que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos, tal como se han establecido en el fallo recurrido. Solo en forma excepcional es posible la alteración de los hechos asentados por los tribunales de instancia, en el caso que la infracción de ley responda a la transgresión de una o más normas reguladoras de la prueba, mas no respecto de la apreciación de las probanzas que se hubiesen rendido, que es facultad privativa del juzgador.

OCTAVO: Que en este orden de ideas y al encontrarse establecido como hecho que el demandante carece del interés patrimonial en la declaración de nulidad y que no estuvo llano a cumplir con el contrato de promesa, el recurso de nulidad no puede prosperar desde que no ha formulado denuncia alguna a las normas reguladoras de la prueba que permita la modificación o revisión de tal presupuesto fáctico, el que permanece como inalterable bajo estas circunstancias.

NOVENO: Que, por lo demás, esta Corte comparte el criterio expresado por los jueces del fondo para rechazar la demanda de nulidad por carecer la actora de interés pecuniario y patrimonial.

En efecto, la nulidad absoluta es la sanción impuesta por la ley a la omisión de los requisitos prescritos para el valor de un acto o contrato en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las partes que los ejecutan o acuerdan. (Arturo Alessandri Besa, “La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno”, Editorial Jurídica Conosur Limitada). Las características especiales de la nulidad absoluta están contempladas en el artículo 1683 del Código Civil que establece que “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez años”.

De acuerdo a la citada disposición legal, tal prerrogativa se establece en términos que queda supeditada a la existencia de un interés en la correspondiente declaración de nulidad. De ahí que sea dable colegir que el aludido interés corresponde a un requisito de procedencia de la acción, en la medida que atañe precisamente a su titularidad. Al ser así significa que los jueces están obligados a examinar su concurrencia, inclusive prescindiendo de la actividad procesal que hayan observado los litigantes en la materia. Seguidamente, se hace necesario añadir que, en todo caso, el referido interés ha de ser uno de índole patrimonial; que ese interés no sólo debe ser alegado sino que, además, debe ser acreditado por quien pretende la declaración de nulidad y, en fin, que ha de existir al tiempo de producirse el vicio correlativo, es decir, que sea coetáneo y no posterior a su verificación, por que sólo de esa manera se produce la necesaria conexión entre ese vicio y el interés que se arguye.

DECIMO: Que el interés sea patrimonial significa que la declaración de nulidad o, más precisamente, la extinción de derechos y obligaciones que ella implica, tenga una consecuencia económica para el que reclama la nulidad. Se excluye por tanto cualquier otro tipo de interés, así sea moral, social, espiritual. Ello por cuanto la nulidad extingue derechos y obligaciones y esto repercute en el campo patrimonial. “Para nuestra ley lo único que justifica poner en movimiento la jurisdicción y atacar un acto presuntivamente válido es el provecho o perjuicio económico que de ello se sigue”. (Pablo Rodríguez Grez, “Inexistencia y Nulidad en el Código Civil Chileno”, Editorial Jurídica de Chile). Don nombre reservado señala que “debe hablarse de interés pecuniario, aunque no lo expresa la ley, por que no cabe en esta materia un interés puramente moral. En los proyectos, incluso en el de 1853, se expresaba que podrá alegarse “por todo el que tenga un interés pecuniario en ello, pero la Comisión Revisora prefirió la redacción que daba Delvincourt a esta exigencia (que es la que contiene nuestro Código Civil), sin haber entendido dar a la disposición un alcance más amplio que el que antes tenía”. (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo XII, pág. 606).

UNDECIMO: Que la actora no acreditó el interés pecuniario y patrimonial en la nulidad del contrato de compraventa que funda en que al volver el inmueble a la propiedad de la sociedad Constructora El Álamo podría solicitar el cumplimiento del contrato de promesa de venta, pero quedo establecido que el subsidio que había obtenido para adquirir la propiedad prometida con la sociedad Constructora El Álamo Limitada, lo utilizó para adquirir otro inmueble, subsidio que se concede por una sola vez a la persona que lo solicita, por lo que en ningún caso podría cumplirse con el contrato definitivo de compraventa en los términos estipulados en el contrato de promesa, lo que determina que carezca de un interés pecuniario, tal como acertadamente concluyeron los jueces del fondo, quienes han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso.

DUODECIMO: Que las circunstancias descritas en los razonamientos que anteceden traen por consecuencia inevitable que el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Hernaldo Antonio Cartes Moya, en representación de la demandante, contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción con fecha doce de marzo de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Mauricio Silva C.

N° 44.400-2022

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sr. Arturo Prado P., Sr. Mauricio Silva C., Sra. María Angélica Repetto G. y Abogado Integrante Sr. Diego Munita L.

No firman el Ministros Sr. Silva C. y la Sra. Repetto no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso el primero y con licencia médica la segunda.