Carabineros de Chile

Santiago, doce de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En autos Rol C-13.692-2017, caratulados “Asociación Gremial Nacional de Pensionados de Las Fuerzas Armadas y Carabineros (R) y nombre reservado con Consejo de Defensa del Estado - Fisco De Chile”, seguidos ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, por sentencia de uno de julio de dos mil veintidós se rechazó con costas la demanda en contra del Estado de Chile -representado por el Consejo de Defensa del Estado- interpuesta por la Asociación Gremial Nacional de Pensionados de las Fuerzas Armadas y Carabineros (R) y Montepíos y en representación de “nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Aguirre nombre reservado; Agurto nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Aldea nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Altamirano nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Amengual nombre reservado; Andueza nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Bernardo; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Aroca nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Balboa nombre reservado; nombre reservado; Baltera nombre reservado; nombre reservado; Bartechi nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Bazán nombre reservado; nombre reservado Oriana; nombre reservado; Bello nombre reservado; Bello nombre reservado; Billyard González Juan Manuel; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Burgos nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Bustamante nombre reservado; Bustamante nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Rosa; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Galvarino; Canelo nombre reservado; Canto nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Cariceo nombre reservado; Carneiro Da nombre reservado; nombre reservado; Carrera nombre reservado Del Carmen; Carrillos nombre reservado; Carrión nombre reservado; Cartajena nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Castro nombre reservado Victoria; Castro Jara Rodolfo Avelino; Castro Moyano Gladys Irelda; 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nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Figueroa Cajales Alicia Carolina; Figueroa Cajales Maribel Del Rosario; Figueroa Cajales Maribel Del Rosario; Figueroa Cajales Maritza Rosa; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Fuenzalida nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Gamboa nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado Rosa; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Hermosilla nombre reservado; Hermosilla nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Huenchullán nombre reservado; Huilipán Ladino José Anacleto; Illesca nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Kubota nombre reservado; Lagos nombre reservado; Lagos nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; Ledezma nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; 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nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado. “ (Sic)

Apeló la parte demandante y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, la confirmó con declaración de eximir de la condena en costas.

En contra de la última decisión la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo denunciando la infracción de lo dispuesto en las normas legales que cita y solicita que se lo acoja y se la anule, acto seguido y en forma separada, se dicte la de reemplazo que revoque la impugnada y acoja la demanda.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, luego de transcribir los considerandos séptimo a vigésimo segundo de la sentencia de primera instancia, se denuncia la infracción de los artículos 2 y 3 N° 1 y 3 del DFL N° 1 de 28 de julio de 1993 del Ministerio de Hacienda; artículos 1, 12 y 13 del Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de 1953; del Decreto Ley N° 1468 de 1976 que modifica la denominación del Departamento de Previsión, pasando a llamarse Dirección de Previsión de Carabineros de Chile; de los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Ley N° 844 de 1975, modificado por el Decreto Ley N° 1468; de los artículos 6, 7 y 19 N° 24 y 26 de la Constitución Política de la República y de los artículos 6, 7 y 9 del

Código Civil.

En cuanto a la infracción de los artículos 2 y 3 N° 1 y 3 del DFL N° 1 de 28 de julio de 1993 del Ministerio de Hacienda, sostiene que la sentencia de primera instancia, reproducida por la impugnada, acogió erradamente la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Explica que tanto Capredena como Dipreca solo son cajas pagadoras de pensiones y beneficios previsionales que la ley o una resolución judicial le reconoce a todos los miembros activos y en retiro de las Fuerzas Armadas y los recursos que esto conlleva son proporcionados por el Estado y no afecta a su orgánica y patrimonio propio, ergo, no podían comparecer a estos autos por cuanto ambas cajas carecen de atribuciones para haber podido concurrir legitimados pasivamente a juicio.

Luego, refiere que la sentencia no aplica correctamente lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de 1953, que modificó el nombre de la “Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de la Defensa Nacional” por el de “Caja de Previsión de la Defensa Nacional”, así como los artículos 1°, 12 y 13 del Decreto con Fuerza de Ley N° 31 del año 1953, que rige a Capredena, así como el artículo 1468 de 1976, que sustituyó su nombre por el de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, porque ambos son servicios de la administración descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rigen por la ley de presupuesto del sector público. En cuanto a la primera, sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, pero desde el punto de vista presupuestario y en razón a su carácter previsional, depende del Ministerio del Trabajo y Previsión; mientras que la segunda se relaciona con el presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior y tiene por finalidad administrar el sistema de previsión social y de salud de los cuerpos armados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones de Chile. Indica que el fallo impugnado se desentiende de la labor principal para la que fueron creadas, porque al haber sido eventualmente condenado el Fisco de Chile, debería entregar el presupuesto y mandatarlas para el eventual pago de montepíos futuros de las demandantes.

Continúa el recurso con la transcripción de los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto Ley N° 844, que constituye el texto orgánico de Dipreca y concluye que la acción se dirigió en contra del Fisco de Chile por cuanto las facultades otorgadas a ambas cajas no son suficientes para que sus respectivos representantes hubieran podido comparecer válidamente en juicio dentro de sus competencias o atribuciones.

Respecto a la infracción de lo dispuesto en los artículos 6°, 7 y 19 N°s 24 y 26 de la Constitución Política de la República, reitera que “ambas cajas carecen de atribuciones para haber podido concurrir legitimados pasivamente a estos Autos, ya que ellos son mandatados por el Fisco de Chile para el pago de remuneraciones, pensiones y montepíos de los miembros dependientes de estas cajas, conforme al presupuesto anual de la Nación, donde el Fisco de Chile tiene interés directo en dichas funciones encomendadas, por cuanto hay recurso patrimonial, monetarios y humanos comprometidos de la Nación y donde el poder ejecutivo, por ser entidades descentralizadas del Estado, nombra a su presidente ejecutivo de ambas cajas de previsión, para el cumplimiento que el Fisco de Chile las ha mandatado.” (Sic)

La infracción a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 del Código Civil la funda en que la ley sólo puede disponer para lo futuro y al no contemplar la Ley N° 20.735 artículos transitorios que dispongan su retroactividad, no podrían jamás aplicarse a los demandantes.

Agrega que, por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado, no interpuso dicha excepción en contra de la demanda declarativa de derechos preexistentes, en contra del Fisco de Chile, donde asume la defensa judicial el Consejo de Defensa del Estado, por lo que se debió resolver dicha demanda independiente que, en el petitorio del libelo de la demanda, se solicitara que se ordenara a las cajas de previsión correspondientes el pago de los montepíos que se produjeran en el futuro.

Luego de transcribir los considerandos décimo quinto a vigésimo primero de la sentencia de primera instancia reproducida por la impugnada, alega la infracción de lo dispuesto en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil en relación con lo prescrito en el artículo 24 del Código Civil y el N° 9 del Auto Acordado de esta Corte sobre la forma de las sentencias, porque se rechazó la demanda pese a concurrir todos los requisitos de la acción de declaración de mera certeza, esto es, “(1) el objeto de declaración solo puede ser un derecho, relación o situación jurídica concreto y actual susceptible de constituir objeto de un proceso autónomo; (2) la existencia de incertidumbre jurídica o falta de certeza prejudicial sobre la inexistencia, alcance o modalidad del derecho, situación o relación jurídica determinada; (3) la existencia de un interés que justifique la necesidad de la tutela solicitada fundado en la existencia de riesgo de perjuicio solo reparable con la declaración del juez en la sentencia y, (4) la inexistencia de otros medios o acciones procesales más adecuados para la tutela del derecho o interés y el carácter subsidiario de la acción de certeza”.

Por lo anterior solicita se lo acoja, se la invalide y se dicte la correspondiente de reemplazo que acoja la demanda y declare como derechos adquiridos, el derecho al montepío que tienen las hijas solteras de los pensionados de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, sin requisitos de edad, que habían cumplido con los requisitos antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley; que la ley 20.735 rige sólo para el futuro y afecta a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que no cumplieron con los requisitos para pensionarse, antes del 01 de junio de 2014, ya que no afecta derechos adquiridos existentes, por leyes anteriores; y que la cartera respectiva comunicará a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Caja de Previsión de Carabineros, que deben pagar los montepíos a las hijas solteras sin requisito de edad al momento de llegar el fallecimiento o muerte de sus respectivos padres pensionados; con costas.

Segundo: Que, para mayor claridad en lo que ha de decidirse, es menester señalar que Asociación Gremial Nacional de Pensionados de Las Fuerzas Armadas y Carabineros (R) y Montepíos dedujo demanda de declaración de mera certeza respecto al derecho adquirido al montepío de las hijas solteras del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden de Seguridad, sin requisito de edad, en contra del Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa de Chile, fundada en que el Dictamen N° 38.523 de la Contraloría General de la República, de 24 de mayo de 2016, señaló que las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.735 a los artículos 88 bis de la Ley N° 18.948 y 202 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1968, serán aplicables a los asignatarios de montepío, en todos aquellos casos, en que el fallecimiento del causante que de origen a ese beneficio, se haya producido a contar del 1 de junio de 2014. Explica en su demanda que previo a dicha ley el Estado otorgó el derecho a montepío de las hijas solteras que cuidaban a sus padres ancianos que percibían una pensión como ex miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad, sin establecer un límite de edad para ellas; sin embargo, la Ley N° 20.735 cambia totalmente el sentido del montepío al concederlo solo para hijos menores de 18 o 24 años si están estudiando. Tras desarrollar la evolución histórica del derecho que reclama y por qué considera que son derechos adquiridos, solicita en el petitorio de su libelo se declare “1) Como derechos adquiridos, el derecho al montepío que tienen las hijas solteras de los pensionados de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, sin requisitos de edad, que habían cumplido con los requisitos antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley; 2) Que la ley 20.735 rige sólo para el futuro y afecta a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que no cumplieron con los requisitos para pensionarse, antes del 01 de Junio de 2014, ya que no afecta derechos adquiridos existentes, por leyes anteriores; y 3) Se resuelva que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Caja de Previsión de Carabineros, deben pagar los montepíos a las hijas solteras sin requisito de edad al momento de llegar el fallecimiento o muerte de sus respectivos padres pensionados; 4) Con costas.

Tercero: Que, el Consejo de Defensa del Estado alegó la improcedencia de la demanda de mera certeza en razón a su verdadera naturaleza condenatoria, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva y esgrimió la improcedencia de la acción en cuanto a lo pedido y solicitado.

En cuanto a la primera defensa, alega que la acción es derechamente condenatoria, ya que lo pedido importa no sólo reconocer un derecho sino obligar a otro a cumplirlo, ejecutando actos determinados según la pretensión reconocida, de modo que de no hacerlo será compelida a ello; en tanto, en una demanda de declaración de simple o mera certeza lo que se persigue es el solo reconocimiento de una situación jurídica o de un derecho, preexistente a la demanda pero respecto de la cual existe una situación de incertidumbre y a la cual no cabe agregar otro elemento adicional; además, al existir un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, no existe incertidumbre.

La excepción de falta de legitimación pasiva la funda en que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) es una institución de seguridad social cuyo texto orgánico se encuentra en el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de 1953, que en su artículo 1° dispone que se trata de una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo entregada su representación judicial a su nombre reservado, según añade el artículo 13 b). A su vez, la Caja de Previsión de Carabineros, en rigor la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), de acuerdo a su texto orgánico D.L. 844 de 1975, modificado por el D.L. N° 1.468 de 1976, cuenta también con personalidad jurídica propia, siendo representada judicialmente por un Oficial General como Director. Por ende se trata de servicios a cuyo respecto el Consejo de Defensa del Estado carece de toda facultad de representación judicial, conforme a lo dispuesto además por el artículo 3 del DFL 1 de Hacienda de 1993 que constituye la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado.

Finalmente, sostuvo que la demanda es improcedente porque no existe afectación a derechos adquiridos. Explica que quienes percibían el montepío antes de la vigencia de la Ley N° 20.735 lo mantienen, mientras que quienes solo poseían la expectativa de constituirse en beneficiarios se regirán por las disposiciones vigentes a la época de la delación.

Cuarto: Que la judicatura del fondo estableció los siguientes hechos:

1.- Las personas señaladas en la demanda son hijas solteras cuyos progenitores son personas pensionadas de Capredena y Dipreca, ya sea por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o a Carabineros de Chile.

2.- Respecto de Capredena, el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 del año 1953, en su artículo 1° señala: “La actual Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas de Defensa Nacional, que en adelante se denominará "Caja de Previsión de la Defensa Nacional", es una institución autónoma con personalidad jurídica, sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional (…)”. Por su parte el artículo 13 letra b) indica: “El nombre reservado será designado por el presidente de la República y sus funciones son las siguientes: Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja”.

3.- En cuanto a Dipreca, su Decreto Ley N° 844 del año 1975 -modificado por el Decreto Ley N° 1.468 del año 1976- señala en su artículo 2°: “Concédese personalidad jurídica, para todos los efectos legales, al Departamento de Previsión de Carabineros de Chile, cuyo domicilio será la ciudad de Santiago”. Su artículo 4° letra a) indica que “La dirección y administración del Departamento serán ejercidas únicamente por un Oficial General, en servicio activo o en retiro, designado por el ministro del Interior y Seguridad Pública a propuesta del General Director, que tendrá las siguientes atribuciones: Representar judicial y extrajudicialmente al Departamento (…)”.

4.- Tanto Capredena como Dipreca tienen personalidad jurídica propia y son representadas judicialmente por las personas que en dichos artículos se mencionan, y no por el Fisco de Chile.

5.- El Decreto con Fuerza de Ley N°1 de Hacienda del año 1993, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado, estableció en su artículo 1°, que es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bajo la supervigilancia directa del Presidente de la República e independiente de los diversos Ministerios; y luego en su artículo 3 N° 3 dispuso que entre sus funciones se encuentra la defensa en los juicios en que tengan algún interés los servicios de la administración descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, siempre que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará el Consejo.

Sobre la base de tales antecedentes fácticos y normativos, la sentencia impugnada razonó que “la acción de autos se debió haber dirigido y notificado válidamente a las entidades previsionales a través de sus respectivos representantes legales, determinados por ley; y el Consejo de Defensa del Estado evaluar la conveniencia de asumir la representación, si así lo estimaba”, por lo que acogió la excepción de falta de legitimación pasiva.

Luego, en cuanto a la alegación de improcedencia de la demanda de mera certeza en razón de su verdadera naturaleza condenatoria, la acogió teniendo presente que “el primer requisito de la acción meramente declarativa de mera certeza es que tiene por objeto ser un proceso autónomo e independiente, donde se solicita la declaración de existencia o inexistencia de un derecho, relación o situación jurídica concreta y actual que debe ser declarado por el juez en la sentencia, eliminando de esta forma un estado de incertidumbre jurídica que hubiere podido suscitarse frente a la duda o controversia en torno a su aplicación.

Al constituir un proceso autónomo, jamás se le puede imponer al demandado condena alguna, ni modificación de una situación jurídica determinada”; agrega “Que los juicios sobre hechos, aunque contenidos en sentencias firmes, no son vinculantes en sí mismos o aisladamente considerados; han de ser respetados, pero no por la fuerza vinculante dada a ellos, sino en el marco de la cosa juzgada, en cuanto fundamento de una sentencia con eficacia prejudicial; en otros términos, cuando lo resuelto en una sentencia firme aparezca como antecedente lógico o como parte del objeto del proceso posterior” y concluye que lo condenatorio no es una consecuencia lógica de aquello que ha sido declarado como mera certeza -como alegó la demandante-, ya que ello implica dos juicios independientes y la demanda de autos, además, fue impetrada erradamente.

Quinto: Que, para resolver es necesario tener presente que la legitimación pasiva es la cualidad que debe tener el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que, conforme a la ley sustancial, está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer en su contra y, en el presente caso, se trata de aquella respecto de quien se debe dirigir una demanda solicitando se declare que las hijas solteras de los pensionados de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad tienen derecho a percibir el montepío sin que les afecte la limitación de edad establecida en la Ley N° 20.735 una vez fallecidos sus padres, ley que no afecta a quienes no cumplieron con los requisitos para pensionarse antes del 1 de junio de 2014 y en consecuencia resuelva que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Caja de Previsión de Carabineros deben pagar los montepíos a aquellas hijas al momento de fallecer sus respectivos padres.

Sexto: Que, de este modo, la acción deducida afecta a dos instituciones que no fueron emplazadas en juicio y que de acuerdo a sus leyes orgánicas tienen personalidad jurídica y representación judicial. Así, tal como razona la magistratura del fondo, en el considerando décimo primero de la sentencia de primera instancia, reproducido por la impugnada, el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de 1953, que regula a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, en su artículo 1° señala que es una institución autónoma con personalidad jurídica, sujeta a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional y en el artículo 13 letra b) indica: “El nombre reservado será designado por el Presidente de la República y sus funciones son las siguientes: Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja”. Por su parte, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), igualmente tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° por el Decreto Ley N° 1.468 del año 1976, y, en su artículo 4° se dispone que “La dirección y administración del Departamento serán ejercidas únicamente por un Oficial General, en servicio activo o en retiro, designado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública a propuesta del General Director, que tendrá las siguientes atribuciones: Representar judicial y extrajudicialmente al Departamento”.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 31 de 1953 y al Decreto Ley N° 844 de 1975, ambas Cajas de Previsión son personas jurídicas de derecho público, con representación propia, instituidas con la finalidad de pagar, entre otros, el beneficio de montepío en conformidad con la legislación vigente aplicable.

De este modo, en virtud de los atributos que el legislador les reconoce, y en especial, por las finalidades que sirven, debe tenérseles como sujeto pasivo de las obligaciones previsionales que nacen bajo la vigencia de las normas que las regulan, toda vez que le son jurídicamente vinculantes los derechos que las leyes reconocen al imponente y en cuya virtud este puede impetrar los beneficios que estime procedentes.

Octavo: Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 N° 1 y 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, efectivamente el Consejo de Defensa del Estado tiene como función la defensa en los juicios en que tengan interés los servicios de la administración descentralizada del Estado o las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritaria; sin embargo, para asumirla el legislador exige que el respectivo servicio jurídico no esté en condiciones de asumir convenientemente tal función, circunstancia que en cada caso calificará el Consejo.

Noveno: Que, en cuanto al error de la magistratura del fondo de extender la excepción de falta de legitimidad pasiva a toda la demanda, pese a que el demandado la limitó a una eventual condena de pago; para rechazarla se tendrá presente que de una atenta lectura del escrito de contestación consta que el Consejo de Defensa del Estado alegó “las siguientes excepciones, alegaciones y defensas, en el orden que se desarrolla”, la primera, la improcedencia de la demanda de mera certeza en razón de su verdadera naturaleza condenatoria; luego, la falta de legitimación pasiva del Fisco para representar a las Cajas de Previsión afectados por la acción deducida; y, finalmente, la improcedencia de la demanda en cuanto a lo pedido y solicitado. Por lo anterior, no es efectivo que el demandado opusiera su excepción sólo respecto a la obligación de pago del beneficio de montepío.

Décimo: Que, por lo razonado, la judicatura del fondo no cometió ningún yerro al resolver que concurren los requisitos para acoger la excepción de falta de legitimidad pasiva del Consejo de Defensa del Estado por considerar que debió emplazarse a los representantes de las respectivas Cajas de Previsión.

Undécimo: Que atendido lo anterior, resulta inoficioso referirse a las restantes infracciones de ley denunciadas, relativas a eventuales yerros cometidos al rechazar la demanda “pese a concurrir todos los requisitos de la acción de declaración de mera certeza”, advirtiendo que, en todo caso, el recurso en aquella parte no podría prosperar porque las normas denunciadas no tienen el carácter de decisoria litis, que son aquellas sustantivas en base a las cuales ha de resolverse el litigio.

Asimismo, también resulta estéril analizar la eventual infracción de las normas en que el recurrente basa su alegación relativa a que la ley sólo puede disponer para lo futuro y al no contemplar la Ley N° 20.735 artículos transitorios que dispongan su retroactividad, no podrían jamás aplicarse a los demandantes, puesto que al haber declarado la falta de legitimación pasiva la sentencia impugnada no emitió pronunciamiento alguno sobre el fondo.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 13.303-23

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., los Ministros Suplentes señor Juan Manuel Muñoz P., señora Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes señoras Leonor Etcheberry C. y Fabiola Lathrop G. No firma el ministro suplente señor Muñoz Pardo y la abogada integrante señora Lathrop, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia el primero y por estar ausente la segunda. Santiago, doce de abril de dos mil veinticuatro.