Carga de la prueba

Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En este procedimiento ordinario de mayor cuantía por demanda de cobro de pesos, tramitado por el Juzgado de Letras y Garantía de Rio Bueno, en los autos C-386-2022, caratulado “Tattersall Ganado S.A. con nombre reservado Agrícola y Ganadera EIRL”, el tribunal a quo, por sentencia de veintiuno de septiembre del año dos mi veintitrés, acogió íntegramente la demanda presentada.

Recurrida de apelación la decisión de primer grado por la parte demandada, una Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mediante fallo de dieciocho de abril del año dos mil veinticuatro, confirmó sin más la sentencia en alzada.

En contra de este último pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

PRIMERO: Que el recurrente sustenta su recurso de nulidad formal en la causal del artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 en sus numerales 3 y 6 del mismo cuerpo legal, refiriendo que la sentencia de segunda instancia no contiene la enunciación de todas las alegaciones y defensas hechas por las partes, ni contiene la decisión del asunto controvertido.

En resumen, sostuvo que su parte y conforme lo permite el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, alegó en segunda instancia excepción de pago parcial de la deuda, la que no se tramitó, no se enunció en la sentencia ni existió pronunciamiento expreso de ella -ya sea acoger o rechazar-, razón por lo cual configuró los vicios denunciados.

Por ello, pidió la invalidación del fallo recurrido, y luego que se dicte la sentencia de reemplazo en que se acoja la excepción de pago parcial opuesta por la demandada.

SEGUNDO: Que el recurso de casación en la forma tiene como razón de ser velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales que se refieren a la forma externa de los litigios y a su cumplido desarrollo procesal y, por tratarse de un recurso de derecho estricto, su planteamiento debe fundarse en las excepcionales situaciones de transgresión de la ritualidad de la sentencia dictada en esas circunstancias.

TERCERO: Que, para un correcto análisis del defecto formal denunciado, es relevante destacar que toda la argumentación del recurrente parte de la base de un hecho que no se verificó, esto es, que se haya opuesto en la oportunidad procesal correspondiente una excepción de pago al alero, precisamente, de la disposición del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, lo que no ocurrió. En otras palabras, procesalmente no existió una excepción de pago parcial que resolver.

Así las cosas, y fluye de la lógica, que la sentencia de segunda instancia no podía “enunciar” ni “resolver” una alegación que fue desechada por una resolución diversa, por ende, no correspondía en la sentencia de segunda instancia referirse a una alegación que resultó innocua procesalmente.

CUARTO: Que, junto con ello, corresponde destacar que el fallo confirmatorio de segundo grado reproduce la sentencia en alzada, la que sí contiene todas las enunciaciones y defensas que las partes lograron hacer en la etapa procesal respectiva, incluso, se hace un pronunciamiento expreso sobre la “alegación de pago” del demandado, por lo que no se avizora el vicio formal que se denuncia en el recurso, de no contener la sentencia el requisito del artículo 170 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

Del mismo modo, tampoco se configura el segundo vicio denunciado, de no contener la sentencia la decisión del asunto controvertido -artículo 170 N°6 del Código de Procedimiento Civil- ya que el fallo confirmatorio, que hace suyo el razonamiento del a quo, decide expresamente “acoger la demanda”, por tanto, sí resuelve lo pedido por las partes, en este caso del demandante. El hecho de pugnar lo resuelto con los intereses de la contraria no puede dar cabida a configurar el vicio formal denunciado.

Cualquier reproche sobre el contenido de lo resuelto en la sentencia es más bien una cuestión de nulidad sustancial y no formal.

QUINTO: Que de lo expuesto fluye que el alzamiento formal fundado en la causal del artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los numerales 3 y 6 del artículo 170 del referido cuerpo legal, debe rechazarse por improcedente, ya que no se configura la causal de nulidad alegada.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

SEXTO: Que el recurrente denuncia en su arbitrio de nulidad sustancial infracción a los artículos 310 del Código de Procedimiento Civil; 19 N°3 y 76 de la Constitución Política de la República.

Sostiene, en síntesis, que en el fallo recurrido se produjo un grave error de derecho, ya que su parte presentó una excepción de pago parcial conforme lo autoriza el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de ello, la Corte de Apelaciones no le dio tramitación incidental, lo que mermó sus derechos, ya que le impidió probar el pago de parte del monto que se demandó. Junto con ello, quedó sin resolverse una alegación hecha por una de las partes del juicio, lo que vulnera el debido proceso y el deber de inexcusabilidad de la jurisdicción.

Finaliza indicando que el error influyó de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, por lo que solicita que se invalide la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo en que se acoja la excepción de pago parcial de la deuda.

SÉPTIMO: Que, para la acertada inteligencia del asunto y resolución del recurso de casación en el fondo interpuesto, cabe tener presente los siguientes antecedentes del proceso:

1. El 13 de septiembre del año 2022, en juicio ordinario de mayor cuantía, Tattersall Ganado S.A. dedujo demanda de cobro de pesos en contra de nombre reservado Agrícola y Ganadera E.I.R.L, pidiendo que se condene a la demandada a pagar al demandante la suma de $63.840.114.

· Indicó que vendió a la demandada varios terneros, vaquillas y novillos, lo que quedó consignado en ocho facturas, las que detalló en su demanda y que sustentan la presente acción.

2. La demandada no contestó la demanda en tiempo y forma, por lo que dicho trámite se evacuó en rebeldía. Sin perjuicio de ello, y previo a citar a las partes a oír sentencia, presentó un escrito indicando que realizó pagos parciales a la deuda.

3. El 30 de agosto del año 2023, el tribunal decretó como medida para mejor resolver, que el demandado acompañe la documental que anunció al momento de alegar el pago parcial de la deuda.

4. El 11 de septiembre del año 2023, se tuvo por cumplida la medida para mejor resolver, toda vez que el demandado acompañó la documental que anunció.

OCTAVO: Que la sentencia de primer grado, luego de enumerar la prueba rendida en el juicio, indica que se logró acreditar el contrato de compraventa de animales que alegó el actor junto con la entrega de las mercaderías. Además, que se emitieron ocho facturas, a saber, los números 2210892, 2211327, 2213274, 2215229, 2217045, 2217688, 2247345 y 2247347, que dieron cuenta del precio de venta de cada animal vendido.

Luego, en el considerando quinto señala que, conforme lo establece el artículo 1698 del Código Civil, correspondía al demandado probar el pago de la deuda, lo que no se hizo, por lo que acoge la demanda.

Finalmente, en el considerando séptimo se hace cargo de la documental que la demandada aportó, señalando expresamente que “la parte demandada, al dar cumplimiento a la Medida para mejor resolver decretada por el tribunal a folio 69, ha acompañado una serie de imágenes sobre documentos que podrían ser considerados, como documentos privados provenientes de la misma parte y que, sin hacer referencia específica a qué obligación cubren y si ella dice o no relación con esta causa, respecto de los cuales además no se ha podido corroborar u oponer a algún otro elemento probatorio que opere como complemento para poder asignarle algún valor probatorio, no se le puede asignar valor probatorio alguno”. Sic.

NOVENO: Que, apelado que fuere el fallo únicamente por la parte demandada, el tribunal de segunda instancia confirmó íntegramente el fallo en alzada.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de ello, durante la tramitación del recurso en segunda instancia, se observa que el día 17 de abril del año 2024, la demandada presentó un escrito que tituló “opone excepciones”.

En aquella ocasión señaló expresamente “Que estando dentro de plazo y de conformidad al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, vengo en oponer la excepción de pago efectivo de la deuda, de forma parcial, a fin que SS.I. declare la el pago parcial de la deuda que se cobra en estos autos, y que en primera instancia no fue tramitada como excepción, sin perjuicio de haber acompañado los antecedentes fundantes, como también en esta instancia, lo anterior en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer: Que a mi representada la sentencia definitiva la condena a mi representada a pagar la suma de $63.840.114, más reajustes e intereses, sentencia que fue impugnada conforme a los argumentos vertidos en el recurso de apelación. Que sin embargo lo anterior, esta parte acompañó documentos que daban cuenta de pagos realizados por mi representada a la demandante, antes del inicio del juicio ordinario de cobro de pesos que nos ocupa, por ende, antes de ser notificado de la demanda, los que ascienden a la suma de $20.330.000”. sic.

DÉCIMO PRIMERO: Que previo a la vista de la causa, por resolución de 18 de abril del año 2024, la Corte de Apelaciones resolvió “habiéndose alegado lo expuesto en primera instancia, donde se decretó a dicho respecto medida para mejor resolver, y atendido lo resuelto en la sentencia, no ha lugar”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia del recurso de casación en el fondo, indicando la naturaleza jurídica de las resoluciones en contra de las que procede el arbitrio, destacando que “siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia”. Pues bien, se puede concluir que la concreta infracción de ley denunciada en el recurso de casación debe necesariamente estar coligada con el efecto de tener -la infracción de ley- “influencia” sustancial en lo dispositivo del fallo. En otras palabras, si no concurren copulativamente dichos requisitos, tornan inviable el recurso de casación.

Corresponde agregar que el recurso de casación, como recurso de nulidad, está inspirado en el principio de trascendencia, lo que implica que el vicio denunciado, al ser eventualmente subsanado, debe tener la consecuencia de modificar lo resuelto. O sea, si el vicio denunciado, aun declarándolo nulo, conlleva que se mantiene la decisión reprochada, implica que tal vicio no es transcendente, en consecuencia, la nulidad no tuvo “influencia” en la decisión. Para tener influencia sustancial, la eliminación del vicio debe sobrellevar el cambio de la decisión.

DÉCIMO TERCERO: Que, independiente de la pertinencia o no de la excepción que presentó la demandada, se observa precisamente que la alegación del recurrente carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que la documental que cimienta la alegación de pago parcial, corresponde a prueba bastante precaria y genérica, por tanto, no conducente al éxito de la alegación de pago del demandado.

Así, el primer documento es una “papeleta” del Banco Santander, de fecha 3 de mayo del año 2019, que indica nombre cliente “Tattersal Ganado” y nombre del depositante “nombre reservado”. Aparece luego un detalle de efectivo por la suma de $14.800.000, y finaliza con un timbre de “caja 692, Banco Santander, sucursal Rio bueno”.

Existe una segunda “papeleta” del Banco Santander, de fecha 8 de mayo del año 2019 que indica nombre de cliente “Tattersal Ganado” y no aparece nombre del depositante. En el detalle se indica total de efectivo, la suma de “$1.330.050”.

Enseguida, una tercera “papeleta” del Banco Santander, de 14 de junio del año 2019, indica nombre de cliente “Tattersal Ganado” y no aparece nombre del depositante. En el detalle se indica total de efectivo, la suma de $1.500.000”.

Finalmente, existen dos “boletas de depósito” del Banco Santander, una con timbre de 5 de julio del año 2019, por la suma en efectivo de $1.500.000 y la otra de 6 de enero del año 2020, en que se aprecia con claridad solo el timbre de “caja sucursal Rio Bueno”.

DÉCIMO CUARTO: Que, llevan la razón los jueces del fondo cuando ponderan los documentos previamente aludidos, ya que de la atenta revisión de ellos no se puede concluir de forma alguna que correspondan a pagos por concepto del contrato de compraventa de animales que se cobran en esta causa.

La prueba del pago corresponde al que la alega, lo que debe hacer con la precisión y certeza al vincular lo pagado con lo obligado. Un aspecto básico es que coincida el monto de la obligación con el pago, lo que a simple vista no concurre, pero más complejo aun, es que de los montos que el demandado dice haber pagado no hay indicio alguno de cómo relacionarlos con la compraventa de los animales que corresponden a las facturas referidas en la demanda. Podrían corresponder a conceptos de otro contrato entre las partes, por lo que el demandado debe asumir el riesgo de haber presentado prueba excesivamente genérica y vaga que no tiene la aptitud probatoria para sostener la excepción de pago que hizo valer.

Se debe recordar que el pago es la prestación de lo que se debe, o como se ha dicho “el cumplimiento de la obligación en la forma que se encuentra establecida” (René Abeliuk, Tratado de la Obligaciones, Sexta Edición, Página 715). Implícitamente, la prueba del pago involucra que quien lo alega deba vincular este pago con la obligación que fuere pactada. Debe existir prueba de esa relación, por ende, la imposibilidad de vincular el pago alegado con la obligación pactada apareja como efecto la falta de prueba del pago, porque además debe haber una identidad entre lo pagado y la obligación, lo que no se probó en este caso.

DÉCIMO QUINTO: Que, en consecuencia, el recurso no podrá prosperar ya que se advierte que los errores de derecho que fueron alegados no tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, requisito indispensable para el éxito del recurso, porque, como se ha razonado, aun habiéndose dado tramitación a la excepción de pago en segunda instancia, la documental que la sustentó no tiene la pertinencia para dar por pagada, al menos de forma parcial, la obligación que las partes pactaron, por tanto, en el evento de acoger el recurso lo dispositivo del fallo se mantendría incólume.

Conforme a lo razonado, resulta improcedente continuar revisando las infracciones de ley que se indicaron en el recurso.

DÉCIMO SEXTO: Que, en suma, el recurso no podrá prosperar y será rechazado, como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 766, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y fondo deducidos por la demandada, en contra de la sentencia de dieciocho de abril del año dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Redacción a cargo del ministro señor Carroza.

N° 16.914-2024

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señora María Angélica Repetto G., señor Mario Carroza E. y los Abogados Integrantes señora Fabiola Lathrop G. y señor Álvaro Vidal O.