Principio de especialidad

Santiago, treinta de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO:

En autos Rol N° 2728-2019 de esta Corte Suprema sobre exclusión de crédito en proceso de liquidación voluntaria de nombre reservado, seguidos ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C-5407-2017, el administrador general del fondo solidario de crédito Universitario de la Universidad de Chile recurre de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que confirmó el fallo de primer grado de veinte de julio del mismo año, que rechazó su petición de excluir de este procedimiento el crédito con garantía estatal del que es titular la referida entidad.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se reclama que la sentencia impugnada infringió lo dispuesto en los artículos 4 y 13 del Código Civil, normas que consagran el “principio de especialidad”.

Sostiene el recurrente que el fallo impugnado no consideró el ámbito de aplicación de la preceptiva pertinente, desentendiéndose de la especialidad que detentan los créditos solidarios regulados en la Ley N° 19.287.

Indica que la determinación de los sentenciadores socava los fundamentos esenciales en los que se asienta el “Sistema Solidario de Créditos Universitarios” y amenaza la sustentabilidad del mismo, perjudicando no solo a su parte, sino que a todos los estudiantes que en lo sucesivo quisieran acceder a dicho beneficio, para financiar sus estudios superiores. De modo que la aplicación de la normativa del procedimiento de liquidación voluntaria sobre créditos solidarios es ilegal por cuanto vulnera lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 20.720 y el principio de especialidad de la norma, lo que le ha generado un agravio.

Indica que el artículo 8 de la Ley Nº20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, señala respecto de la exigibilidad que: “Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley. Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”, lo que no viene sino que a confirmar lo expresado en los artículos 4 y 13 del Código Civil.

Refiere que en virtud de lo anterior, no es posible aplicar sobre los créditos universitarios procedimientos de liquidación voluntaria, ya que en la ley especial del ramo Ley N°19.287, no se ha reconocido este tipo de juicios y habría en su aplicación una vulneración a los beneficios y principios que inspiran la regulación de los fondos solidarios, debiéndose preferir ante cuerpos normativos de misma jerarquía, las normas de carácter especial, por sobre las generales, ya que una ley particular supone un estudio expreso en cuanto a la materia que viene a regir; de ahí que también resulte lógica la primacía que se le acuerda a la ley especial.

Explica que la especialidad alegada y que en definitiva justifica la solicitud de exclusión del crédito en el procedimiento concursal encuentra fundamento en que el universitario es un beneficio social, sustentado en la solidaridad social para su financiamiento, recogida por la legislación que regula los fondos solidarios. Dicho crédito está destinado a financiar estudios superiores de estudiantes, sin que sea un impedimento para el financiamiento su condición crediticia. Por el contrario, los créditos comunes otorgados por las instituciones financieras, se otorgan exclusivamente a quienes puedan financiar el pago de estos, garantizando de distintas formas el cumplimiento de sus obligaciones, y excluyendo a grupos sociales con problemas socioeconómicos. Es así como hay otra disposición financiera por parte de los fondos solidarios de las distintas casas de estudio de nivel superior, ya que ofrecen créditos a grupos con problemas de financiamiento, muchos de ellos vulnerables, con el objetivo de que sus integrantes puedan cursar sus estudios universitarios sin que los aranceles sean un impedimento para ello. El pago que posteriormente realicen los ex estudiantes de sus créditos universitarios tiene como objetivo que nuevos alumnos puedan también acceder a este beneficio, promoviendo así la solidaridad y consagrando la exclusión del ánimo de lucro en este tipo de créditos. Hay una obligación legal de los referidos fondos de propender al cobro de los créditos con la finalidad de seguir ofreciendo un beneficio social a estudiantes que acceden a estudios superiores.

Señala que la otra razón que sirve de fundamento a la pretendida exclusión es el tratamiento legal especial dado a la materia, ya que se regula a los diversos fondos solidarios de crédito universitario, entre ellos el de la Universidad de Chile, tanto en su otorgamiento, formas de pago y extinción de las deudas, conforme a las siguientes disposiciones especiales: 1) Decreto con Fuerza de Ley N°4, que “Fija normas sobre financiamiento de las universidades”, del Ministerio de Educación Pública, publicado en el diario oficial el día 20 de enero de 1981; 2) Decreto N°52, que “Reglamenta Asignación de Crédito Fiscal Universitario”, del Ministerio de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial el 23 de Mayo de 1984; 3) Ley N°18.591, de “Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal”, artículos 70 a 80 bis, ambos inclusivos, que “Crean un Fondo de Crédito Universitario para cada una de las Instituciones de Educación Superior”, publicada en el Diario Oficial el 3 de enero de 1987; 4) Ley N°19.287, que “Modifica Ley 18.591 y Establece Normas sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario”, publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 1994; 5) Ley N°19.989, que “Establece Facultades para la Tesorería General de la República y Modifica la Ley N°19.848, sobre Reprogramación de Deudas a los Fondos de Crédito Solidario”, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2004; 6) Ley N°20.330, que “Fomenta que profesionales y Técnicos jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país”, publicada en el Diario Oficial el 25 de febrero de 2009; 7) Ley N°20.572, de “Reprogramación de Créditos Universitarios”, publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero de 2012; 8) Decreto N°333, “Reglamento que fija procedimiento para solicitar antecedentes de que disponga el Servicio de Impuestos Internos de los Deudores de Crédito Universitario”, del Ministerio de Educación, publicado en el diario oficial el día 21 de noviembre de 2012.

Expresa que son estas normas y el artículo 8 de la Ley N°20.720 las que deben aplicarse a los créditos universitarios, excluyendo disposiciones de carácter común, dada la finalidad y regulación especial de este tipo de créditos, enmarcados en la solidaridad social y cuyo objetivo primordial es el financiamiento de estudios superiores de un grupo social específico.

Indica que el tercer aspecto que da cuenta de la especialidad invocada es que el crédito universitario se otorga cuando se cumplen los requisitos señalados por los artículos 4 y siguientes de la Ley N°19.287, debiendo acogerse al sistema único de acreditación socioeconómica por parte de los alumnos, el cual es planificado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación y Cooperación. Dicho artículo 4 y el Reglamento de la ley, requieren que los alumnos presenten antecedentes académicos y socioeconómicos. Al respecto, la misma ley recién citada, en su artículo 6° inciso 4°, indica que se sancionará a los alumnos que hayan faltado a la verdad en los antecedentes proporcionados a la institución para acreditar su condición socioeconómica, con la pérdida del derecho a obtener su crédito universitario, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle de conformidad con el artículo 210 del Código Penal, por infringir el deber de decir la verdad a la autoridad o a uno de sus agentes en un procedimiento no contencioso. Esta sanción concebida bajo la protección de la fe pública implícita en el acto de postulación al crédito universitario, demuestra la especialidad de este tipo de créditos y la diferencia con respecto a los créditos comunes. En el mismo sentido se faculta a las Instituciones de Educación Superior para verificar la información proporcionada por sus alumnos, todos aquellos antecedentes de que disponga el Servicio de Impuestos Internos e instituciones previsionales.

Otra manifestación de la especialidad invocada está dada por los planes de pago, que consagra el artículo 7º de la citada Ley N°19.287, el cual indica que la deuda de crédito universitario se cobrará mediante el pago de cuotas anuales, comenzando la primera una vez transcurridos dos años desde el egreso del alumno, esté o no en posesión del título, o bien, si es que no se hubiese matriculado por dos años consecutivos en la respectiva institución. Es así como la normativa de los fondos solidarios otorga dos años de gracia para iniciar las gestiones de cobranza sobre los créditos universitarios, beneficio contemplado para no perjudicar a los estudiantes que ingresan a la vida financiera y laboral. Dicho pago se realizará conforme los montos calculados en base a la declaración jurada de ingresos anuales, lo que le permitirá acceder a cuotas anuales que no superen el 5% de sus ingresos por año, conforme al artículo 8 de la Ley N°19.287, debiendo realizar esta anualmente, actualizando tanto sus datos personales como de ingresos. Además de lo anterior se indica que el interés anual es de 1%. Lo que demuestra que la solidaridad social inspira y promueve la regulación de los créditos universitarios otorgados por los fondos solidarios de las universidades, otorgando plazos para su cobro diferentes a los créditos comunes ofrecidos por instituciones financieras, fijando cuotas anuales con un valor máximo conforme al ingreso anual obtenido por el estudiante y bajos intereses.

Por último la condonación de la deuda y suspensión de cobro de las cuotas anuales vencidas que contempla la Ley N°19.287 en su artículo 8, son otra manifestación de la especialidad de este marco normativo. Dicha disposición indica que, se condonará el saldo insoluto de la deuda por el sólo ministerio de la ley, cuando el alumno haya cumplido todas sus obligaciones y transcurran 12 años (o 15 si la deuda fuere superior a las 200 UTM) desde que comenzaron las gestiones de cobranza, evitando así que las deudas se perpetúen, beneficio expreso para los alumnos que se hayan responsabilizado anualmente de sus obligaciones. Esta condonación está expresamente regulada y no se consideran otras formas de ella, por lo que sería inaplicable la normativa de procedimientos de insolvencia concursal regulados por la Ley N°20.720, toda vez que los sistemas de extinción por ella incluidos, no están contemplados por las leyes que regulan los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, y conforme lo indicado en el punto 1 de esta presentación, lo haría inaplicable. Además, podrá suspender el pago para aquellos deudores que así lo soliciten y acrediten cursar estudios de postgrado, o situación de cesantía sobreviniente durante el periodo de pago.

SEGUNDO: Que, para la debida comprensión de los reproches jurídicos formulados en el presente arbitrio, cabe tener presente los siguientes antecedentes relevantes de este procedimiento:

1.- nombre reservado solicitó su liquidación voluntaria de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley N° 20.720, fundado en que se encontraba en un estado de absoluta insolvencia que le hacía imposible cumplir con las obligaciones que tiene con sus acreedores.

2.- Por resolución de 12 de julio de 2018 se decretó la liquidación voluntaria de bienes de la solicitante.

3.- Mediante presentación de 18 de julio de 2017, nombre reservado, Administrador General del Fondo Solidario de Crédito Universitario, en representación de la Universidad de Chile solicitó la exclusión del crédito con garantía estatal de la deudora del procedimiento concursal de liquidación de bienes, por estimar que este no resulta aplicable en la especie por ser una materia sujeta a una regulación especial, consagrada en la Ley N° 20.027.

4.- Por resolución de 20 de julio de 2018 el tribunal de primera instancia no hizo lugar a la exclusión de crédito solicitada por estimarla improcedente, la que fue confirmada por el tribunal de alzada.

TERCERO: Que de lo señalado se desprende que el asunto a resolver consiste en determinar si, ante la situación de insolvencia que afectó a la deudora, el crédito universitario otorgado de conformidad a lo dispuesto por la Ley 19.287, queda comprendido en la liquidación que regula la Ley N° 20.720 de 9 de enero de 2014 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, en cuyo caso los acreedores deberían verificarlo en el proceso de liquidación de bienes para cobrarlo en el respectivo régimen concursal.

CUARTO: Que, al efecto, cabe señalar que la Ley N° 20.720 regula el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una persona deudora. En su artículo 8° dispone que: “Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley.” El inciso segundo agrega que: “Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley.”

QUINTO: Que al respecto resulta útil tener presente algunas disposiciones de la Ley 19.287, que regulan la materia sobre el Crédito Universitario. El artículo 7 del cuerpo legal citado, en sus incisos tercero y cuarto, prescribe que: “La obligación contenida en el conjunto de instrumentos suscritos por el beneficiario se hará exigible transcurridos dos años desde su egreso de la institución de enseñanza superior, por haber cursado sus estudios completos, esté o no en posesión del título profesional o grado respectivo. Si por cualquier causa el beneficiario no se matriculare por dos años consecutivos en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado, la obligación se hará exigible. Para estos efectos, se entenderá que los dos años vencen el 31 de diciembre de aquel en que efectivamente se cumplan.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el beneficiario podrá voluntariamente anticipar su período de pago mencionado en dicho inciso. Para tales efectos, el beneficiario deberá así informarlo al respectivo administrador general del fondo y acreditar que su ingreso promedio mensual, durante los 6 meses inmediatamente anteriores, calculado en la forma establecida en el artículo 8º, es mayor a 6 unidades tributarias mensuales, vigentes al 31 de diciembre del año respectivo”.

Por su parte el artículo 8 dispone que: “Los instrumentos representativos del crédito establecerán que, a contar de la fecha en que se haga exigible la obligación, el deudor deberá pagar anualmente una suma equivalente al 5% del total de los ingresos que haya obtenido en el año inmediatamente anterior, expresado en unidades tributarias mensuales correspondientes a cada uno de los meses en que se percibieron los ingresos. Para este efecto se considerará como ingreso total del deudor el ingreso bruto menos los descuentos legales.

La diferencia resultante de abonar el pago anual recaudado por la institución al remanente de la deuda, constituirá el saldo deudor.

Si transcurrido un plazo de doce años desde que la deuda se hizo exigible, y habiendo cumplido el deudor todas sus obligaciones, restare aún un saldo, éste será condonado por el solo ministerio de la ley.

No obstante, para aquellos deudores cuya deuda acumulada, al momento en que sea exigible conforme al artículo 7°, sea superior a doscientas unidades tributarias mensuales, el plazo a que se refiere el inciso anterior será de quince años.

La obligación de pago, así como el plazo máximo para servir la deuda, podrá suspenderse para aquellos deudores que así lo soliciten y acrediten estar cursando estudios de postgrado, en las condiciones que fije el reglamento. Con todo, dicha suspensión no podrá exceder el plazo formal de duración de los estudios de postgrado correspondientes, acreditado mediante la certificación que emita la institución de educación superior respectiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a los deudores que estén cursando estudios de postgrado y cuyos ingresos promedios mensuales se les suspenderá la obligación de pago anual y el plazo máximo para servir la deuda.

La obligación de pago podrá suspenderse para aquellos deudores que así lo soliciten y acrediten cesantía sobreviniente, esto es, la producida en el período en que debe efectuarse el pago de la cuota correspondiente. Esta suspensión podrá solicitarse por una sola vez y operará por un período máximo de doce meses. En este caso, el plazo máximo para servir la deuda se extenderá por el mismo número de meses que haya operado la suspensión”.

Por su parte el artículo 10 dispone: “Cuando el ingreso promedio mensual del deudor, calculado en la forma establecida en el inciso primero del artículo 8°, fuere menor a seis unidades tributarias mensuales vigentes al 31 de diciembre del año respectivo, no estará obligado a efectuar pago anual, manteniendo el total de su saldo deudor.

Tratándose de un deudor casado al tiempo de efectuar su declaración, se observarán, además, las siguientes reglas:

a) Si uno de los cónyuges fuere deudor, sólo estará obligado a efectuar pago anual cuando el promedio de sus ingresos sumados a los de su cónyuge sea igual o superior a ocho unidades tributarias mensuales. Si su ingreso promedio mensual fuere inferior al señalado en el inciso primero, estará obligado a pagar el equivalente a 3,5 unidades tributarias mensuales.

b) Si ambos cónyuges fueren deudores, el deudor cuyo ingreso promedio mensual sea igual o superior al señalado en el inciso primero, estará obligado a efectuar pago anual cuando el promedio de sus ingresos sumados a los de su cónyuge sea igual o superior a ocho unidades tributarias mensuales.

c) Si ambos cónyuges fueren deudores, cuando uno de ellos se encontrare en la situación descrita en el inciso primero y la suma del ingreso promedio de ambos fuere superior a dieciséis unidades tributarias mensuales, estará obligado a pagar como mínimo en el periodo el equivalente a 3,5 unidades tributarias mensuales.

Tratándose de un deudor soltero que tuviere uno o más hijos reconocidos al tiempo de efectuar su declaración, no estará obligado a efectuar pago anual cuando su ingreso promedio mensual fuere menor a siete unidades tributarias.

El pago efectuado de conformidad con las normas precedentes se abonará a su obligación, constituyendo el remanente el saldo deudor, el cual será condonado en igual forma y oportunidad que la establecida en los incisos tercero y cuarto del artículo 8°.

Las disposiciones de este artículo se aplicarán con independencia del régimen patrimonial pactado por los cónyuges.

Finalmente, el artículo 11 señala que: “Si un deudor no acreditare sus ingresos en el plazo señalado en el inciso primero del artículo 9º, el administrador general del fondo respectivo le determinará una cuota fija, anual y sucesiva, que se calculará en función del saldo deudor debidamente actualizado, dividiendo el monto de la deuda por el número de años de cobro, de acuerdo a la siguiente tabla:

Saldo deudor deuda (UTM) Años de cobro

Desde 0 a 50 6

Desde 51 a 100 9

Desde 101 a 200 12

Desde 201 o más 15

Para el cálculo de las cuotas anuales, la tasa de interés a utilizar ascenderá a un 2% anual.

La cuota fijada con arreglo a los incisos precedentes tendrá mérito ejecutivo y se hará exigible al 31 de diciembre del año respectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de fuerza mayor debidamente calificado como tal por el administrador general, éste podrá ampliar el plazo a que se refiere el inciso primero hasta en noventa días”.

SEXTO: Que resulta útil tener presente que se produce una antinomia o contradicción normativa cuando existen preceptos legales que son incompatibles entre sí frente a una misma situación de hecho que pudieren estar llamados a discernir sin que puedan conciliarse entre sí sus disposiciones.

En la especie, el recurrente considera que existe una contradicción entre lo dispuesto en la Ley N° 19.287 y la Ley N° 20.720, dado que frente a la situación de incumplimiento de una obligación emanada de un crédito universitario del fondo solidario, la primera establece reglas especiales para su cobro, en tanto que la segunda consagra un procedimiento concursal general para liquidar los bienes de una empresa o persona deudora, por lo que ha de preferirse la aplicación que regula el financiamiento de los estudios de educación superior por ser una ley especial.

SÉPTIMO: Que, al respecto, cabe considerar que es una máxima universal en el derecho la correspondiente a que, si el legislador ha establecido una ley para regir una determinada materia, quiere decir que su voluntad ha sido la de exceptuarla precisamente de la regulación general de la cual trata la propia ley.

Al respecto el profesor Arturo Alessandri advierte que: “Sería absurdo hacer prevaler una ley general sobre una particular”, dado que, como añade el mismo autor: “Una ley particular supone un estudio expreso en cuanto a la materia que viene a regir; de ahí también que resulte lógica la primacía que se le acuerda a la ley especial.” (Curso de Derecho Civil, Tomo I, Ed. Nascimento, 1939, Pág. 193).

El Código Civil reconoce este principio en sus artículos 4º y 13, que disponen lo siguiente: Artículo 4º: “Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código.” Artículo 13: “Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición.”

El propio Alessandri acota que: “Estos dos preceptos, a pesar de no estar colocados en el párrafo relativo a la “Interpretación de la Ley”, constituyen una regla de interpretación. Por eso es que don nombre reservado había puesto el artículo 13 en ese párrafo en el Proyecto de 1853.”

En suma, según la lógica, lo especial prima sobre lo general.

OCTAVO: Que si la propia Ley Nº 20.720, que rige la institución del concurso para todo deudor, ha dejado a salvo en su regulación las materias que son especiales, como son las que fijan las normas del crédito destinado a financiar los estudios de educación superior, quiere decir entonces que, aplicando lo que expresamente dispone el artículo 4º del Código Civil, deben preferirse las disposiciones que exceptúa si entre ellas existe una específica para una cosa o negocio en particular, cual es la concerniente a una situación de excepción, como es la comprendida en la Ley Nº 19.287 para el tratamiento del consabido crédito universitario solidario, que rige la situación particular, con lo que ha de entenderse que de conformidad al artículo 13 del Código Civil esta disposición, por ser de excepción, prevalecerá especialmente sobre las normas comunes y ordinarias que regulan el concurso para las demás cosas o negocios generales, como lo estatuye por lo demás el artículo 8° de la propia Ley N° 20.720.

NOVENO: Que, por lo mismo, entonces, es que no se podrá desatender la aplicación de la Ley Nº 19.287 al caso de la especie sin prescindir de la situación especial que ha consagrado, a pretexto de dar aplicación a las normas generales que regulan el concurso, dejando, por ende, de dar aplicación a los preceptos de los artículos 4º y 13 del Código Civil.

La jurisprudencia de nuestros tribunales ha dado cabal y uniforme aplicación a la lógica que resulta de estas disposiciones.

Es así como esta Corte ha resuelto que: “El principio que la ley especial debe prevalecer sobre la general, establecido en los artículos 4º y 13, y que impera en toda la legislación, supone el propósito del legislador de sustraer de la regulación general de la ley lo relativo a lo que se dicta para una materia determinada y especial”. (Fallo de fecha 11 de diciembre de 1950, Rev. Tomo 47, sección 1ª, Pág. 546 a 550).

Ha fallado este Tribunal que: “En el artículo 4º del Código Civil se concreta una regla del derecho aceptada de un modo uniforme por la jurisprudencia y consagrada en las diversas legislaciones modernas, según la cual la ley especial continúa rigiendo la materia a que se aplica y la ley general, incluso, aunque sea posterior, sólo puede aplicarse en aquellos casos en que la primera guarda silencio: “Legi speciali per generalem non derogatur”. (Sentencia de fecha 10 de julio de 1951, Rev. Tomo 48, sección 1ª, Pág. 273 a 288).

Se ha decidido también por esta Corte que: “El artículo 22 del Código Civil dispone que las distintas partes del ordenamiento jurídico deben interpretarse de manera que se guarde entre ellas la debida correspondencia y armonía. Esta norma es una aplicación conceptual la del artículo 13 del mismo Código, en cuanto ordena la primacía de las leyes especiales sobre las generales.” (Sentencia de 4 de Abril de 1966, Fallos del Mes, año VIII, Nº 89, Pág. 29, sentencia 1, párrafo 9º, Pág. 30).

Resulta del todo razonable la postura de este mismo tribunal al dar aplicación a las normas especiales sobre las generales y, por lo mismo, ha de atenderse esencialmente a la prioridad de una norma especial sobre la general y siendo esto así, habrá que estarse a la aplicación de una norma especial antes de recurrir a sancionar las normas generales porque, como lo sostiene el jurista Víctor Warner S., en su obra “Caracterización y Clasificación de las Normas Jurídicas”: “Si el legislador ha estimado necesario establecer en cada caso un derecho especial diverso, es porque no quiere la interferencia del uno en el otro.” (Memoria de Licenciatura, U. Católica de Chile, Santiago, 1960, Pág. 31 y 32).

DÉCIMO: Que, en la especie, no cabe duda de que los estudiantes que acceden a un crédito solidario universitario otorgado de conformidad a la Ley 19.287 destinado a financiar su educación superior constituyen un grupo de deudores particulares, que deben cumplir determinados requisitos legales para obtener su otorgamiento, entre los que es dable destacar que el alumno y su grupo familiar cuente con ciertas condiciones socio económicas que justifiquen su concesión.

Por lo demás, no son sólo las particularidades de los deudores y la finalidad del crédito de que se trata las que hacen que la regulación contenida en la Ley N° 19.287 sea especial frente a la normativa general sobre procedimientos concursales, sino también y muy especialmente la regulación contenida en la citada ley para el caso de que el deudor no pague el crédito, relativa a los mecanismos para exigir su pago o condonación, los que ya se enunciaron precedentemente.

UNDÉCIMO: Que, por consiguiente, dado el carácter especial que corresponde atribuir a la Ley N° 20.027 respecto de las normas generales que regulan el procedimiento concursal de liquidación de bienes de una persona deudora, el crédito del que es titular la Universidad de Chile necesariamente ha de ser excluido del procedimiento de liquidación voluntaria iniciado por nombre reservado, de modo que, al concluir lo contrario los jueces del fondo han incurrido en los yerros denunciados, lo que ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia impugnada al haberse rechazado el incidente de exclusión promovido, por lo que el recurso de casación deducido deberá ser acogido.

Y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Javier Ignacio Navarro Aracena, en representación del Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Chile, en contra de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la que se invalida y se reemplaza por la que se dicta acto continuo, sin nueva vista, pero separadamente.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Munita, quien fue del parecer de rechazar el recurso de casación deducido por no haber desarrollado el recurrente la infracción de las normativa especial que invoca en el mismo, particularmente de la Ley N° 19.287 que estatuye la regulación de los créditos universitarios y el tratamiento propio que se invoca como fundamento del mismo.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Diego Munita L.

Rol N° 2728-18.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sra. Rosa María Maggi D., Sra. Rosa Egnem S., Sr. Juan Eduardo Fuentes B. y Abogado Integrante Sr. Diego Munita L.

No firma el Abogado Integrante Sr. Munita, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.