Acción de nulidad

Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos rol N° 3567-2015 sobre nulidad seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de Chillán, compareció el abogado Alfredo Grandón Lagunas, en representación de nombre reservado, deduciendo demanda de nulidad en contra de Brismeli Praxcedes nombre reservado y de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Colliguay, representada por nombre reservado.

Para sustentar la acción incoada relata que Alejandra Pérez es la única sobrina de la demandada nombre reservado, quien es la menor de cuatro hermanos, todos actualmente fallecidos y de los cuales sólo la madre de la actora tuvo descendencia. Añade que por escritura pública de fecha 29 de julio de 2005, rectificada el 12 de enero de 2006, las demandadas celebraron contrato de compraventa en virtud del cual nombre reservado transfirió a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima la nuda propiedad de un inmueble rural ubicado en la localidad de Quinchamalí, consistente en lotes A y B, conservando la vendedora el usufructo vitalicio; habiéndose dejado constancia en la escritura respectiva que el precio de venta es de $6.000.000 que se paga de contado y en dinero efectivo.

Sostiene, a continuación, que el contrato de compraventa fue simulado de manera absoluta y con carácter ilícito ya que las partes no querían celebrar ninguna convención, persiguiendo únicamente perjudicar a la demandante, disminuyendo el patrimonio de la vendedora con el deliberado propósito de que su posterior herencia fuese menor que la existente al momento de celebrar el contrato simulado. Sostiene que la voluntad de la demandada nombre reservado está viciada porque a la fecha del contrato tenía 75 años y en las escrituras públicas de compraventa y rectificación no existe ninguna referencia, constancia o certificado que dé cuenta de la salud mental de la vendedora.

Agrega que para examinar el perjuicio de la actora hay que tener presente que la nulidad absoluta está establecida en el interés general de la sociedad y no únicamente de las personas que ejecutan o celebran un acto o contrato.

En conformidad a los argumentos expuestos, solicita que se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre las demandadas por falta de voluntad, restituyendo a las partes al estado anterior a su suscripción; y en subsidio de la acción de nulidad por falta de voluntad, deduce demanda de simulación relativa ilícita por falta de voluntad, objeto o causa, solicitando que se declare que los contratos constituyen donaciones irrevocables que adolecen de nulidad por falta de insinuación.

En este segundo acápite argumentativo, subsidiario de la acción de nulidad por falta de voluntad, sostiene que se está en presencia de una simulación relativa, concurriendo dos actos jurídicos, uno aparente y otro oculto, siendo la compraventa nula por falta de voluntad seria, toda vez que en realidad oculta una donación irrevocable que no cumplió con el artículo 1401 del Código Civil al no haber solicitado autorización judicial.

Finaliza solicitando que se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa por constituir una donación irrevocable, “y en consecuencia concurre una simulación ilícita relativa, por carencia de insinuación, y se proceda a restituir a las partes al estado anterior a la celebración del referido contrato…”

A fojas 28 nombre reservado, en representación de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Colliguay, opone la excepción de prescripción extintiva, haciendo presente que entre la fecha de la compraventa que se pide dejar sin efecto - 29 de julio de 2005- y la notificación de la demanda practicada el día 27 de agosto de 2015, han transcurrido diez años, de manera que tanto la acción de nulidad como la de simulación se han extinguido por prescripción.

En subsidio de la excepción opuesta, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes y expone, en síntesis, que el contrato de compraventa celebrado el 29 de julio de 2005 fue real y lícito, manifestando ambos contratantes su voluntad de vender y comprar, respectivamente, sin que exista ningún vicio en el contrato.

Desde otro punto de vista, afirma que la actora es un tercero ajeno que jamás podría representar a un perjudicado con el acto cuya nulidad se solicita, careciendo de interés en el asunto.

Respecto a la simulación acusada, refiere que la demandada es una persona jurídica sin fines de lucro y que el predio está fuera del límite urbano, de manera que está exenta del trámite de insinuación.

A fojas 42 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada nombre reservado.

Por sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, escrita a fojas 221 y siguientes, se rechazó la demanda, con costas.

Apelada por la demandante, la Corte de Apelaciones de Chillán la confirmó, en fallo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, rolante a fojas 366 y siguientes.

En su contra, la actora dedujo recurso de casación en el fondo por escrito agregado a fojas 369.

A fojas 383 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia que la sentencia censurada infringió los artículos 48, 49, 1683, 2514 y 2515 del Código Civil al acoger una excepción de prescripción improcedente y rechazar la demanda en todas sus partes.

Respecto al primer acápite recursivo, sostiene que la sentencia recurrida debió rechazar la prescripción por varias razones, comenzando por la imprescriptibilidad de la acción de simulación toda vez que no se puede impedir la constatación de que un acto es sólo apariencia de tal. En segundo lugar, porque los jueces de fondo calcularon en forma doblemente errónea el plazo de prescripción ya que, por una parte, han tomado como punto de partida la fecha de celebración del contrato de compraventa, sin considerar que la actora tomó conocimiento de su suscripción recién el 4 de octubre de 2011; y por otro lado, no consideraron el hecho de que la escritura de compraventa fue rectificada el 12 de enero de 2006. En tercer término, señala que de acuerdo al artículo 49 del Código Civil el plazo de prescripción es individual y por lo tanto la prescripción declarada respecto a uno de los demandados no puede favorecer a la otra.

En cuanto al rechazo de la demanda, afirma que se ha vulnerado el artículo 1683 del Código Civil al declarar que la actora carece de interés para ejercer las acciones de nulidad siguiendo una doctrina que no es única y tampoco la que impera, según la cual se descarta el mero interés moral en circunstancias que éste debe ser cautelado, manteniendo así la necesaria coherencia con el fundamento de la nulidad que no es otro que resguardar el interés general.

Finaliza el desarrollo recursivo solicitando que se invalide el fallo recurrido y se dicte sentencia de reemplazo que resuelva “acoger la demanda de nulidad absoluta declarándose la simulación absoluta e ilícita por falta de voluntad, de la forma ya relacionada, o bien o en subsidio, acoger la demanda de nulidad absoluta, por falta de voluntad objeto o de causa por falta de insinuación respecto a una donación irrevocable, declarándose que concurre una simulación relativa e ilícita”.

Segundo: Que para una mejor comprensión del asunto examinado conviene tener presente que los jueces de fondo han acogido la excepción de prescripción únicamente respecto a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, estimando que entre la celebración del contrato de compraventa cuya nulidad se persigue –de fecha 29 de julio de 2005- y la notificación de la demanda a los demandados, practicada el 23 de julio y el 27 de agosto de 2015, respectivamente, ha transcurrido el lapso de prescripción ordinaria previsto en el artículo 2515 del Código Civil así como también el de diez años estipulado en el artículo 1683 del mismo cuerpo normativo.

Por otra parte y en lo que respecta a la recurrente, en su caso, la demanda fue rechazada porque los jueces de fondo estimaron que carecía de interés patrimonial, actual y coetáneo con la celebración del acto que se pretende anular, desde que detenta la calidad de sobrina de una vendedora que a la fecha de notificación de la demanda estaba viva.

Tercero: Que para entrar al análisis del arbitrio de nulidad intentado, en lo que a su primer aspecto se refiere –la prescripción- y al tenor de lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, cabe tener presente que para la interposición de un recurso de casación como el que se examina, deben cumplirse una serie de exigencias relacionadas con el plazo para su deducción, la naturaleza jurídica de la resolución recurrida, el patrocinio de abogado, el señalamiento de las normas de derecho infringidas y la forma como ello influye en lo dispositivo del fallo y en conformidad a lo prescrito en el artículo 771 de la codificación procesal civil, debe ser interpuesto por la parte agraviada.

Así las cosas y en conformidad a este último requisito, común para todo el sistema recursivo, la sentencia impugnada debe haber causado al recurrente un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo y que el vicio de que se trate afecte esencialmente lo decidido.

Cuarto: Que, de esta manera y como se viene afirmando, el recurso de casación comparte con los recursos en general varias exigencias, y una de ellas es precisamente el agravio que debe manifestar y soportar quien lo interpone; requerimiento que no sólo constituye un imperativo de carácter legal sino que además determina uno de los límites a los que debe ajustarse la respuesta de esta Corte de Casación. En efecto, la competencia de este tribunal se circunscribe doblemente, tanto por el vicio que sustenta la impugnación como al perjuicio denunciado por el recurrente.

Quinto: Que, en esta línea de argumentación, cabe tener presente que la excepción de prescripción que fue acogida por la judicatura de fondo, lo ha sido únicamente respecto al litigante que opuso dicha defensa, esto es, la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, sin que sus efectos alcancen a la recurrente, la que por lo tanto carece, respecto a este pronunciamiento prescriptivo, de la calidad de agraviada que la habilite para deducir el presente recurso de casación, y consecuencialmente el vicio denunciado, incluso en el evento de existir, carece de influencia en lo resolutivo del fallo en lo que se refiere a la recurrente, lo que conduce a declarar su rechazo.

Sexto: Que, por otra parte, en lo que dice relación con la titularidad de la acción de nulidad, los sentenciadores manifiestan en el basamento octavo del fallo de primer grado, reproducido en el de alzada, que la actora no acreditó tener interés en la declaración de nulidad del contrato de compraventa pues detenta la calidad de sobrina de una de las partes contratantes, quien se encuentra viva al momento de ser notificada de la demanda. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Chillán, en el mismo sentido, añade que el interés de un tercero para demandar la nulidad requiere la concurrencia de varios requisitos, a saber: que se trate de un interés patrimonial; que dicho interés resida precisamente en obtener que el negocio jurídico no produzca sus efectos; que sea real y no meramente hipotético; que se funde en un derecho actual y coetáneo con la celebración del acto que se pretende anular, manteniéndose a la fecha en que se pide la declaración de nulidad; que el interés tenga en la contravención que autoriza la nulidad su causa jurídica y necesaria; y que sea debidamente probado.

Séptimo: Que en conformidad con lo reseñado precedentemente se observa que los sentenciadores han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso. En efecto, la nulidad absoluta, conforme al artículo 1683 del Código Civil, puede ser alegada por todo aquél que tenga interés en ello, y la existencia de este interés constituye un requisito de procedencia de la acción, en la medida que atañe a su titularidad.

Pues bien, tanto los autores como la jurisprudencia están de acuerdo en que el precepto citado se refiere a las personas que tienen un interés actual, pecuniario y directo en la declaración de nulidad. Para justificarlo la actora invoca la calidad de futura heredera de una de los contratantes, que aún está con vida, señalando que los actos de enajenación disminuyen el patrimonio que está llamada a suceder, de manera que se trata de una mera expectativa, y no un interés actual que la habilite para poder intervenir en los actos de disposición de la causante cuando aún se encuentra con vida. En este mismo sentido, resulta indiscutible que la calidad de heredera no puede tener lugar mientras no se abra la sucesión.

Por otra parte, y en lo que concierne al interés meramente moral que según la demandante debe ser preservado, cabe señalar que de la contraposición que hace el artículo 1683 del Código Civil respecto a la legitimación del ministerio público, el que sí puede solicitar la nulidad en el sólo interés de la moral o de la ley, se puede concluir que tratándose de los terceros no basta “alegar el interés superior por el cual la ley sanciona con la nulidad absoluta un determinado acto. En tal caso, la acción de nulidad se convertiría en una acción popular, lo que no puede ser admitido dada la construcción de la norma (que contrapone la legitimación del interesado con el de ministerio público, que es el autorizado para actuar por la sociedad) y por el principio de la conservación del negocio jurídico que se vería fuertemente violentado si cualquier extraño pudiera pretender atacarlo judicialmente”. (nombre reservado en trabajo publicado en A. nombre reservado (edit.), Estudios de Derecho Civil III. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valparaíso 2007).

Así las cosas, los juzgadores razonan acertadamente al estimar que la demandante carece de interés en la nulidad absoluta que viene reclamando.

Octavo: Que, por los razonamientos ya explicitados, el recurso de casación en el fondo no podrá ser acogido.

De conformidad con lo expresado y, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto a fojas 369 por la abogada Alejandra Pérez Ulloa, en representación de la demandante, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, escrita a fojas 366 y siguientes.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del ministro señor Juan Eduardo Fuentes.

Nº 14.920-2018

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros, Sr. Guillermo Silva G., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sr. Lamberto Cisternas R., Sr. Jorge Dahm O. y Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.

No firma el Ministro Sr. Cisternas, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.