Sana crítica

Santiago, quince de abril de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos sobre juicio sumario de demarcación y cerramiento, tramitado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, bajo el rol N° C-103-2021, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, por sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el tribunal de primer grado acogió la demanda, sin costas.

Impugnado dicho fallo por la demandada por la vía del recurso de apelación, una Sala de la Corte de Apelaciones de Chillán, por decisión de catorce de mayo de dos mil veinticuatro, revocó la de primera instancia y, en su lugar, rechazó la demanda, sin perjuicio de las demás acciones posesorias o reivindicatorias que pudieren corresponderle al demandante, sin costas.

Contra este último pronunciamiento, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Declarado admisible el mencionado arbitrio, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el medio de invalidación sustantiva entablado, se asienta, en primer lugar, en la infracción del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil, al que califica como norma reguladora de la prueba, ya que delinea el valor probatorio para el informe de perito, indicando que se hará conforme a las reglas de la sana crítica, proceso que en su concepto los juzgadores de segunda instancia realizaron de manera errónea e insuficiente en sus basamentos 3° y 4°, toda vez que justiprecian la pericia de manera contraria a las reglas de la experiencia y la lógica pues expresan vagamente el tenor del informe y señalan que alterar de cierto modo las superficies mediante una demarcación “parece más consistente con una acción reivindicatoria, posesoria o de dominio en general que a una acción de demarcación y cerramiento”; por lo que no ha señalado los elementos precisos, lógicos y concordantes que le permitieron colegir que el contenido del informe de peritos es más consistente con una acción distinta que la deducida.

En la segunda sección del arbitrio de nulidad sustancial del demandante, se aduce que la sentencia recurrida transgrede los artículos 842, 844 y 846 del Código Civil, al no aplicarlas, esgrimiendo la improcedencia de la acción de demarcación y cerramiento afirmando que debe ejercerse otra acción con fines reivindicatorios, ya que como explicó en su demanda, se trata de solucionar un incordio que versa únicamente sobre cuestiones limítrofes y que tangencialmente y de modo consecuencial se extiende a otros aspectos.

Agrega que procede la acción interpuesta porque no tiene como objetivo principal obtener la restitución de una superficie específica y delimitadas del inmueble poseído por la demandante, pues en el petitorio de su demanda no se indica superficie alguna con ánimo de reivindicarla, sino que se señala que su objetivo es demarcar y cerrar los predios colindantes conforme a los títulos de propiedad existentes. A lo anterior agrega que conforme al mérito de las pruebas rendidas en primera instancia, no se estableció un cerramiento de forma consensuada por ambos titulares de dominio, requiriendo de pruebas técnicas de geomensura que les permitan establecer fehacientemente la correcta delimitación de sus fincas en relación a sus títulos de dominio.

Indica que no existe desnaturalización alguna de su pretensión y se adoptó la vía idónea para resolver la controversia sometida al conocimiento de la justicia.

Afirma que los errores revelados, han influido sustancialmente en lo resolutivo del fallo objetado, por lo que insta a esta Corte que lo invalide y se disponga en su lugar que se conceda la acción de demarcación y cerramiento.

SEGUNDO: Que para una acertada resolución del recurso de nulidad sustancial resulta conveniente dejar constancia que la sentencia de primer grado, reproducida en aquel aspecto por la de alzada, dejó asentado como hecho de la causa que los predios de los litigantes son colindantes.

TERCERO: Que, los sentenciadores de segunda instancia, revocando la de primera, desestimaron la acción de demarcación y cerramiento sobre la base que las partes plantean la existencia de límites o deslindes distintos, ya sea artificiales y naturales; de alambrada y de indicios que llevan varios años instaladas, destrucción de cercos anteriores o diferencias acerca de una línea quebrada o recta, pero que el peritaje ubicaba en lugares disímiles aunque claramente demarcados según la interpretación de la demandante y la demandada, implicando diferencias superficiales notorias, lo que ciertamente desnaturaliza la acción de demarcación y cerramiento, la que no está diseñada para resolver la controversia acerca del dominio de una parte del predio o de una porción de terreno que aparece claramente delimitada en el informe pericial, siendo procedente otras acciones en torno de las cuales las partes puedan plantear sus argumentos y pruebas en relación a la posesión y dominio del terreno en conflicto, por lo que la acción entablada no podrá prosperar.

CUARTO: Que, el compareciente reclama infracción a una norma que califica como reguladora de la prueba, por lo que se hace necesario exponer que por regla general se ha estimado violación de aquellas en los siguientes casos: a) cuando se invierte el peso de la prueba; b) cuando se rechaza un medio probatorio que la ley autoriza; c) cuando se acepta uno que la ley repudia; y d) cuando se altera el valor probatorio que la ley asigna a los diversos medios de prueba.

De esta manera, sólo tienen el carácter de ordenadoras de las probanzas aquellas normas fundamentales impuestas por la ley a los sentenciadores y que importan prohibiciones o limitaciones “por lo que las únicas situaciones en que se pueden infringir tales normas, son las de invertir el peso de la prueba, aceptar un medio que la ley rechace o desestimar alguno que la ley autorice y alterar el valor probatorio de los distintos medios o elementos de convicción producidos en el proceso” (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCV, 1ª parte, secc. 1ª, página 8).

QUINTO: Que, en este orden de ideas, el artículo 425 del estatuto procesal civil, dispone que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de peritos de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo cual importa tener en consideración las razones jurídicas, asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigne o se le reste valor, teniendo presente la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las demás pruebas o antecedentes del proceso, de manera que conduzcan a la conclusión que convence al sentenciador.

La sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, la actividad encaminada a considerar los medios probatorios, tanto aisladamente como mediante una valoración de conjunto, para extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos y fijar la forma en que éstos sucedieron. En la ponderación de ambos aspectos se deben tener presente las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en la comunidad en un momento determinado, por lo que son variables en el tiempo y en el espacio, pero estables en el pensamiento humano y la razón. Así, el método de razonamiento sólo es abordable por la vía de casación en el evento que en su ejercicio no haya sido factible el proceso deductivo que dicho raciocinio entraña, nada de lo cual ha sido esgrimido por el recurso en estudio, pues es evidente que las alegaciones de la parte recurrente no dicen relación con una eventual vulneración de la aludida norma conforme a los parámetros expuestos, sino que descansan más bien en una disconformidad con el proceso de ponderación de la prueba pericial.

SEXTO: Que al tiempo que queda en evidencia la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela que la conculcación que se acusa en el libelo de casación persiguen desvirtuar, por medio del afincamiento de nuevos hechos, el supuesto fáctico asentado por los jueces del grado.

Apuntado lo precedente, cabe reiterar que los tribunales del fondo son los únicos facultados para fijar los hechos de la causa y que, efectuada en forma correcta esa labor, con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, interpretación y aplicación de las normas pertinentes al caso de que se trata, ellos resultan inamovibles para esta Corte, conforme lo prevé el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible revisarlos en sede de casación; debido a que, como ya se ha expuesto, los antecedentes involucrados en el alegato de casación de la demandante no han dejado de manifiesto que una desatención como la referida haya tenido lugar, no queda sino entender que la sentencia impugnada no quebrantó los preceptos que rigen la prueba en conformidad con los cuales este tribunal de casación habría podido variar los hechos que vienen determinados en la litis y, por esa vía, revertir la decisión de rechazar la demanda, circunstancia que, además, deja desprovista de sustrato fáctico las alegaciones relacionadas con la infracción de las normas sustantivas que también nutren el recurso de nulidad en estudio.

SÉPTIMO: Que en relación con el reproche del recurrente atinente a la transgresión de los artículos 842, 844 y 846 del Código Civil y del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, es necesario tener presente que la acción de cerramiento y demarcación, conforme a los aludidos artículos 842 y 846 tiene por objeto únicamente que se fijen los limites o deslindes que separan el predio de quien ejerce la acción de los inmuebles colindantes, realizándose tal fijación tanto de un modo jurídico, es decir, orientado a reconocer la línea divisoria, como de una manera material, esto es, a través de la instalación de los hitos apropiados. En otros términos, no puede existir discusión acerca de la cabida de los predios vecinos, pues, en ese evento, muda la pretensión hacia acciones diversas, sea posesorias o reivindicatorias. Por ende, los requisitos que hacen concurrente una acción como la de que se trata, están constituidos por la presencia de predios distintos, la vecindad de ellos y que las partes concuerden en sus cabidas y títulos (Entre otras, Corte Suprema N° 27.484-2014, de 12 de enero de 2015 y N° 10.320-2017, de 31 de agosto de 2017).

OCTAVO: Que aun cuando el actor no solicitó en el petitorio de su demanda de manera expresa la restitución de una porción del terreno de la finca de la contraria, lo cierto es que el desarrollo de su argumento se construye sobre la base de la alteración de los deslindes e incluso reclama que se ordene “la demolición, a costa del demandado, de la construcción que mantiene dentro de los límites del bien raíz del que soy dueño”, de modo que la resolución del litigio lleva implícita la restitución de una porción de terreno de la que el demandado estaría, al menos, en posesión material, objetivo que excede el propio de la acción intentada, ya que la controversia se suscita sobre la determinación de los límites.

De esta manera, en el presente caso se trata de una verdadera acción reivindicatoria -ya que una de las partes pretende ser propietario de una parte del predio contiguo-, aunque se haya disfrazado de una petición de demarcación, pues es el derecho de propiedad sobre una porción de terreno el que se encontraría comprometido en el proceso.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose establecido por la declaración de los testigos presentados tanto por la demandante como por la demandada que entre los predios colindantes existe un cierre divisorio y como lo pretendido por el demandante, a través de la acción de demarcación, como ya se dijo, es la alteración de los límites actualmente existentes; corresponde como lo decidieron los jueces del fondo rechazar la demanda de demarcación, ya que lo argüido, como se dijo, es propio de una acción reivindicatoria.

DÉCIMO: Que, de lo expuesto se constata que aun cuando la acción deducida tuvo por objeto la determinación de la línea divisoria entre los predios, la disputa excede los márgenes de la acción planteada por tratarse de un asunto que versa acerca del dominio y posesión de una franja de terreno.

En efecto, el artículo 842 del Código Civil habilita, como se ha expuesto, al dueño de un predio para pedir que se fijen los límites comunes que lo separan de los predios colindantes, pudiendo exigir a los respectivos dueños que concurran a la demarcación a expensas común, pero no habilita al mismo titular a discutir por esta vía la cabida de su predio, siendo procedente para el caso que se vea privado de ejercer su derecho de dominio sobre una parte de su finca que se ejerza la acción protectora del mismo, como lo es la reivindicación.

UNDÉCIMO: Que de lo expresado queda en evidencia que los sentenciadores de las instancias, contrariamente a lo que afirma el recurrente, han hecho una correcta interpretación y aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, motivo por el cual el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 762 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Rodrigo Navarrete Crisóstomo, en representación del demandante, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, de catorce de mayo de dos mil veinticuatro, la que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Mario Carroza Espinosa.

Rol N° 18.932-2024.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señor Mario Carroza E., señora María Soledad Melo L. y la Abogada Integrante señora Fabiola Lathrop G.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la Ministra señora Melo, por estar con permiso.