Casación en el fondo

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

En este procedimiento ejecutivo, caratulado “Sociedad Agrícola Mayapehue Limitada/nombre reservado”, seguido ante el Juzgado de Letras de Castro bajo el Rol C-1525-2024, por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, se rechazaron las excepciones de los numerales 2°, 7° y 9° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, con costas, disponiéndose seguir adelante con la ejecución.

Apelada dicha decisión por el ejecutado, una Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la confirmó por fallo de veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

En contra de este último pronunciamiento, el mismo recurrente interpuso recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente sustenta su recurso de casación en el fondo en la contravención de los artículos 342 N° 1° y 6°, 346, 434 N° 4° y 464 N° 2°, 7° y 9° del Código de Procedimiento Civil; 19, 1509, 1568, 1569, 1591, 1698, 1702 y 2116 del Código Civil; y 102 N° 5 y 103 de la Ley N° 18.092 sobre Letras de Cambio y Pagaré, infracciones que desarrolla en tres capítulos.

En primer término, afirma que la actora no acompañó instrumento alguno que haya permitido acreditar la personería de nombre reservado para representar a la sociedad ejecutante, por lo que necesariamente se debe concluir que aquel no justificó su capacidad, personería o representación legal para comparecer a nombre de la referida sociedad, otorgando mandato judicial al abogado que en estos autos acciona a su nombre. Refiere que los sentenciadores no se hicieron cargo de este reparo, pues la acreditación a que aluden en su razonamiento, es posterior a la interposición de la demanda, incluso a la notificación de la misma, no obstante que, conforme al artículo 342 del citado código, la representación debe demostrarse al presentar la demanda, lo que no aconteció. Del mismo modo, argumenta que se conculcaron los artículos 6° y 464 N° 2°, ambos del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 2116 del Código Civil, desde que correspondía a los sentenciadores dilucidar si, al presentarse la demanda, se había verificado la personería, siendo carga del ejecutante suministrar los elementos de juicio indispensables para ello, lo que no ocurrió.

En el segundo capítulo, acusa contravención de los artículos 102 N° 5 y 103 de la Ley N° 18.092, sobre Letras de Cambio y Pagaré en relación con lo previsto en los artículos 434 N° 4 y 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil. Arguye que, según el N° 5 del aludido artículo 102, el pagaré debe contener el lugar y la fecha de su expedición, exigencia cuyo incumplimiento determina la validez del documento. Puntualiza que lo controvertido no es la fecha ni lugar de autorización notarial de la firma del suscriptor, sino el hecho que el título no contenga el lugar ni fecha de emisión, menciones esenciales, cuya omisión, obliga a aplicar la sanción del artículo 103 del mismo cuerpo legal, es decir, privarlo de todo valor como pagaré, en atención a que la ley no contiene reglas supletorias para la omisión de que se trata.

Por último, en relación al rechazo de la excepción prevista en el numeral 9º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, afirma que su parte acreditó el pago íntegro del crédito, sin embargo esta excepción fue rechazada al no aplicarse las reglas del aludido artículo 1509, haciendo hincapié en que, estamos frente a una obligación fungible respecto de la cual los comprobantes de transferencias de dinero, tienen aptitud para extinguir la deuda. Hace presente que también se realizó una errónea aplicación a los artículos 1568, 1569 y 1591 del Código Civil, desconociéndose los principios de identidad, integridad e indivisibilidad del pago, así como el derecho del acreedor a no recibir una prestación distinta de la debida. Por último, alega que se vulneraron los mencionados artículos 1698 y 1702 del Código Civil, en relación con el artículo 346 del código procedimental, pues debió tenerse por cierta la extinción total de la obligación mediante el giro del cheque a favor del representante de la sociedad ejecutante, infracción que hace extensiva al numeral 9° del artículo 464 del referido código.

En consecuencia, solicita se acoja el recurso, se invalide la sentencia impugnada y se dicte una de reemplazo que, revocando la de primera instancia, acoja las excepciones opuestas y rechace la demanda ejecutiva, con costas.

SEGUNDO: Que para la acertada resolución del recurso conviene dejar consignados los siguientes antecedentes de la causa:

1°.- El 7 de mayo de 2024 comparece nombre reservado, en representación de la Sociedad Agrícola Mayapehue Limitada, deduciendo demanda ejecutiva de cobro de pagaré en contra de nombre reservado, solicitando se le condene al pago de $15.000.000, más intereses y costas.

Funda su pretensión en que su parte es dueña de un pagaré a la orden, suscrito por el demandado por la suma de $25.000.000, pagadero en el plazo máximo de 10 meses contados desde junio de 2023, agregando que se contempló la posibilidad de efectuar abonos mensuales y semanales, lo que en efecto habría ocurrido, reconociendo el abono de $10.000.000.

Aduce que al 30 de abril de 2024, fecha de vencimiento del saldo insoluto, la deuda no fue solucionada en su integridad.

2°.- El 3 de junio de 2024 se notificó la demanda al ejecutado.

3°.- El ejecutado, dentro de plazo, opuso las excepciones de los numerales 2°, 7° y 9° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Sustentó la primera de ellas, en que en la demanda comparece el abogado Juan Pablo Sottolichio Silva, en calidad de mandatario judicial de la sociedad ejecutante, la que -a su vez- estaría representada por nombre reservado, añadiendo que no se acompañó antecedente alguno que pruebe la capacidad, personería o representación, del último de los nombrados, para comparecer a nombre de aquella.

Por su parte, fundó la excepción contenida en el numeral 7º del mencionado artículo 464, en que el pagaré que sirve de antecedente a la ejecución no daba cuenta de una obligación indubitada, por carecer de las menciones que le son exigibles, entre ellas, lugar y época del pago, lugar y fecha de expedición, fecha de vencimiento y el nombre del beneficiario o de la persona a cuya orden debía efectuarse el pago. Agrega que, en lo relativo a la forma de pago, si bien en el pagaré se consignó que él se pagaría en el plazo de 10 meses, no se señaló el valor de cada cuota ni las fechas de sus vencimientos, sin que se entienda -por ejemplo- cómo podrían calcularse los intereses. Hace presente, además, que -como se dijo- el pagaré otorga un plazo de 10 meses para su pago, contados desde junio de 2023, sin embargo en él se indica que el plazo finaliza en enero de 2024. Esgrime que las falencias y omisiones reseñadas no pueden suplirse, por tratarse de requisitos esenciales conforme prescribe el artículo 102 de la Ley N° 18.092, especificando que las omisiones anotadas, conducen a determinar que, conforme al artículo 103 del mismo cuerpo legal, el documento no posee valor como pagaré.

En relación a esta excepción, también acusó que no se pagó el impuesto de timbres y estampillas, alegación que siendo rechazada no fue objeto del recurso, por lo que se omitirá toda futura referencia a ella.

Finalmente, opone la excepción de pago, para lo cual refiere que en autos sólo se cobra el monto de $15.000.000, suma que fue solucionada mediante cheque girado el 26 de abril de 2023, a nombre nombre reservado, representante legal de la sociedad ejecutante.

4°.- La ejecutante evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo de las tres excepciones. En lo referente a la segunda excepción del catálogo contenido en el artículo 464, expresó que la personería de nombre reservado para representarla, consta en la copia de inscripción del Registro de Comercio de Santiago de 15 de abril de 2024, y en la copia de modificación de inscripción del mismo registro de 16 de abril de 2024, ambas emitidas por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Seguidamente, invocó el artículo 8° del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dispone que los gerentes o administradores de las sociedades civiles o comerciales se entienden autorizados para litigar a nombre de ellas; además, puntualizó que dicha personería constó, en su oportunidad, al notario interino, funcionario facultado para ello conforme al artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales.

En lo atinente a la excepción contemplada en el numeral 7º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, en lo pertinente, aseveró que el pagaré en cuestión posee mérito ejecutivo de conformidad a lo establecido en al artículo 434 N° 4° del mismo código, apuntando que él cumple con todos los requisitos del artículo 102 de la Ley N° 18.092, dando cuenta de una obligación líquida, actualmente exigible y que no se encuentra prescrita.

En lo relativo a la excepción de pago, descartó el pago invocado por el recurrente, destacando que el pagaré fue suscrito el 22 de mayo de 2023, es decir, con posterioridad a la fecha en que se giró el cheque en que descansa la excepción.

TERCERO: Que, los sentenciadores de instancia procedieron al rechazo de las excepciones opuestas; en efecto, desecharon la excepción del N° 2° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, al tener por oportuna la acreditación de la personería del representante legal de la ejecutante, destacando que ella también consta en la escritura de mandato judicial, según certificación del respectivo ministro de fe, cuya autenticidad no fue controvertida.

De igual forma, desechan de la excepción del N° 7° del citado artículo, para lo cual razonaron que la ley favoreció al pagaré con mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento respecto del obligado al pago, siempre que la firma del suscriptor aparezca autorizada ante notario, concluyendo que el documento presentado a cobro, cumple íntegramente con el artículo 102 de la Ley N° 18.092; en este orden, sentencian que el instrumento en cuestión, contiene una obligación líquida, desde que fue suscrito por $25.000.000 y el demandante reconoce el pago de $10.000.000, quedando un saldo insoluto de $15.000.000, el cual resulta actualmente exigible y su acción para el cobro no se encuentra prescrita. En la alzada, se puso de relieve que la fecha del título corresponde a la de la autorización notarial de la firma del suscriptor y a la del pago del impuesto respectivo, esto es, el 22 de mayo de 2023.

En lo concerniente a la excepción de pago, razonaron que la prueba testimonial rendida, carece de la precisión necesaria como para ser reputada plena prueba. Establecen que el cheque mencionado por el ejecutado data del 26 de abril de 2023, y que el pagaré de autos se suscribió recién el 22 de mayo de 2023, argumentación que hacen extensiva a las copias de transferencias bancarias, las que también serían anteriores al 30 de abril de 2024, fecha de vencimiento del saldo insoluto. Finalmente, asentaron que la parte ejecutante reconoció pagos por $10.000.000.

CUARTO: Que, el recurrente al oponer la excepción de falta de requisitos o condiciones establecidas por las leyes para reconocerle al título mérito ejecutivo, aludió a una serie de omisiones de tal instrumento, que mermaban su valor, sin embargo, en el recurso insiste en la ausencia de aquellas previstas en el numeral 5º del artículo 102 de la Ley Nº 18.092, es decir, lugar y fecha de expedición, poniendo especial énfasis en la ausencia de la fecha de expedición. De consiguiente, queda claro que en relación a esta excepción, el problema, radica en determinar la pertinencia de aplicar la sanción prevista en el artículo 103 de la misma ley, al pagaré en que se funda la ejecución.

QUINTO: Que, esta Corte ya ha asentado que los derechos incorporados a los títulos de crédito se caracterizan por su literalidad y autonomía, y que la utilización de un título de crédito para hacer más fáciles y fiables el ejercicio y transmisión de un derecho descansa inicialmente en el dato de que puede conocerse el alcance y contenido de éste con la simple lectura del texto de aquél. Es lo que se expresa con la conocida frase de que lo que no está en el título no está en el mundo, cuyo significado jurídico es que la existencia, naturaleza, vigencia, contenido y titularidad y, en su caso, modalidades o circunstancias particulares del derecho atribuido en el título resultan determinados por la letra de éste (Guillermo J. Jiménez Sánchez. “Derecho Mercantil”. Editorial Ariel, T. II, p.10, citado en la sentencia de casación dictada en los autos rol N°72-2011).

Por ello es que la literalidad del título queda sometida, en algunos casos, al cumplimiento de ciertos requisitos formales, como es el caso de la letra de cambio y el pagaré, que para que valgan como tales deben cumplir con las enunciaciones indicadas en los artículos 1° y 102 de la Ley N° 18.092, respectivamente, sin perjuicio, evidentemente, de las cláusulas accidentales que las partes puedan incorporar de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad.

SEXTO: Que, debe considerarse que la Ley N° 18.092 sobre Letra de Cambio y Pagaré “no define el concepto de pagaré, sino que se limita a señalar el contenido formal del documento mediante el cual se suscribe, como asimismo sus requisitos de fondo. En el contexto de la normativa nacional, podemos señalar que el pagaré es un documento escrito que contiene una promesa, no sujeta a condición, de pagar una cantidad determinada o determinable de dinero al beneficiario, a su orden o al portador, que obliga a la persona que lo suscribe y quienes garantizan su pago”. (Ricardo Sandoval López, Derecho Comercial, Teoría General de los Títulos-Valores: Letra de Cambio, Pagaré, Cheque y Títulos Electrónicos o Desincorporados, Tomo II, Sexta Edición, Editorial Jurídica de Chile, 2015, página 166).

Así, el pagaré como efecto de comercio o título-valor permite reconocer como deudor a otro de una cantidad de dinero determinada o determinable y que se genera por la voluntad del suscriptor del documento, y que se expresa como título de crédito por su emisión solemne, configurado mediante una declaración documental que debe contener las exigencias legales de forma y de fondo que expresamente determina el legislador, bajo sanción de que si el instrumento no las contiene no vale como pagaré.

SÉPTIMO: Que en relación a la literalidad del título y a fin de que el pagaré valga como tal, el artículo 102 de la Ley N° 18.092 exige que el documento contenga diversas enunciaciones, a saber: “1.- La indicación de ser pagaré, escrita en el mismo idioma empleado en el título; 2.- La promesa no sujeta a condición, de pagar una determinada o determinable cantidad de dinero; 3.- El lugar y época del pago. No obstante, si el pagaré no indicare el lugar del pago, se entenderá que éste debe efectuarse en el lugar de su expedición; y si no contuviere la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; 4.- El nombre y apellido del beneficiario o la persona a cuya orden se ha de efectuar el pago o la indicación de que es pagadero al portador; 5.- El lugar y la fecha de la expedición; y 6.- La firma del suscriptor”.

Según se desprende del artículo 103 del referido cuerpo normativo, el documento que no cumpla con las exigencias del artículo 102 de la Ley de Letras de Cambio y Pagaré, no valdrá como pagaré. Sin embargo -como quedó en evidencia- el mencionado artículo 102 suple las omisiones en que se pueda haber incurrido respecto del lugar y época del pago, careciendo -por tanto- su omisión de mayor relevancia.

En el caso del lleno, relativo a la promesa no sujeta a condición de pagar una determinada o determinable cantidad de dinero, así como las restantes menciones a que se refiere el artículo 102, su omisión no importa necesariamente que no pueda hacerse valer como pagaré, ya que existe la posibilidad, de acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 18.092 aplicable por remisión del artículo 107 del mismo cuerpo de leyes, que el tenedor legítimo del instrumento las incorpore antes del cobro del mismo, sujetándose en todo ello a las instrucciones que haya recibido de los obligados al pago.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la sanción del artículo 103 de la Ley N° 18.092 no resulta aplicable si al momento de su firma el documento no tiene todas las enunciaciones que contempla el artículo 102 de ese cuerpo normativo, siempre que sean incorporadas por su tenedor legítimo antes del cobro del documento -sujetándose en todo ello a las instrucciones que haya recibido de los obligados al pago- y todavía, en el evento que el tenedor no complete la mención relativa al lugar y época del pago, pues la propia norma determina dónde debe efectuarse.

Sin embargo, como lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, distinta es la omisión relativa al lugar y la fecha de la expedición, caso en el cual, a diferencia de lo que acontece con el lugar y época de pago, el legislador no otorgó reglas para salvar esa inadvertencia, de modo que en ese evento cobra pleno vigor la sanción estatuida en el artículo 103 de la Ley 18.092 (C.S. Rol 10.443-2017). Lo anterior dado que, como ya se dijo, el pagaré como título de crédito tiene como característica la formalidad y, por lo tanto, “el documento que lo expresa y no cumpla con las exigencias del artículo 102 de la ley, no vale como pagaré” (Guillermo Vásquez Méndez: “Tratado sobre el cheque, la letra de cambio y otros documentos financieros”, Tomo II, Editorial Jurídica Cono Sur, marzo de 1982, página 562).

NOVENO: Que cabe precisar, además, que en la especie, ni la autorización notarial de la firma del suscriptor ni el pago del impuesto de timbres y estampillas, verificado el 22 de mayo de 2023, permiten tener por establecida la fecha -ni el lugar- de expedición del pagaré, pues el ministro de fe se limitó a autorizar la firma de quien lo suscribió, sin certificar la fecha en que el documento fue efectivamente expedido, en tanto que el pago del tributo únicamente da cuenta del cumplimiento de una obligación fiscal distinta y autónoma de la data de emisión del título.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el mérito del proceso demuestra que la ejecución de la especie se funda en un documento que no puede reputarse título ejecutivo, conforme se desprende de la interpretación conjunta de los artículos 102 y 103 de la Ley Nº 18.092, desde que no vale como pagaré, aquel que no contiene las menciones previstas en el Nº 5º de la primera disposición citada, circunstancia que imponía acoger la excepción formulada en tal sentido por el ejecutado, por cuanto el título carecía de los requisitos y condiciones para reconocerle mérito ejecutivo, de lo cual se colige que los sentenciadores incurrieron en un error que influyó substancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, puesto que rechazaron la excepción contenida en el Nº 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, la que debió ser admitida, de lo que se sigue que no cabe sino acoger el presente arbitrio de nulidad sustantiva.

UNDÉCIMO: Que, en atención a lo razonado precedentemente, deviene innecesario emitir pronunciamiento acerca de las restantes infracciones denunciadas en el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 766, 767, 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Milton Alexis Cuevas Jara, en representación de la parte ejecutada, en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la cual se invalida, reemplazándosela por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Melo L.

Rol N° 45.038-2025

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y señora Mireya López M.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor nombre reservado, por estar con permiso.