Casación en el fondo

Santiago, once de noviembre de dos mil veintiséis.

Visto:

En el proceso sobre gestión preparatoria de citación a confesar deuda, seguido ante el Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-10.103-2025, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, por sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinticinco se resolvió no dar curso a la solicitud, teniendo para ello presente que la pretensión del actor no reúne los requisitos que exige el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.

Apelada esta decisión, mediante sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil veinticinco, la Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó.

Contra este último pronunciamiento la solicitante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente de casación denuncia que se ha infringido el numeral 5° del artículo 434 y el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil; numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales.

Funda la primera infracción, en cuanto a que la sentencia impugnada exige un requisito que el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil no contempla, cual es la verosimilitud o discusión sobre la existencia misma de la obligación, en circunstancias que la norma solo exige un antecedente escrito que dé cuenta de una deuda líquida, actualmente exigible y no prescrita.

Por otra parte, expresa que, al extender el examen a materias propias del fondo del asunto -verosimilitud del crédito- el tribunal actuó de oficio fuera de sus competencias vulnerando el principio de la pasividad que le asiste conforme al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, quebrantando, además, la congruencia procesal prevista en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, al resolver un asunto no sometido a su decisión.

Termina señalando que tales infracciones influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que, de haberse aplicado correctamente las normas indicadas precedentemente, se habría admitido a tramitación la gestión preparatoria interpuesta.

Solicita se anule la sentencia recurrida y, en su lugar, dicte la correspondiente de reemplazo que acoja a trámite la gestión preparatoria.

Segundo: Que para la adecuada comprensión del conflicto jurídico planteado es necesario tener en consideración los siguientes antecedentes del proceso:

1.- Se presentó con fecha 17 de julio de 2025, solicitud de gestión preparatoria de citación a confesar deuda por la nombre reservado, en contra de nombre reservado, a fin de que confiese que adeuda a la solicitante la suma total de $ 11.620.958, entre agosto 2016 y junio 2025, con sus intereses, reajustes y costas.

Funda su solicitud en la deuda por los gastos comunes con sus multas e intereses devengados por el dominio que a la solicitada le asiste sobre la parcela 99 de la parcelación, inscrita a su nombre a fojas 2643 vuelta número 2891, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Paine del año 2021.

2.- Como fundamento a su solicitud, el solicitante acompañó los siguientes documentos:

a.- Copia de la Inscripción del Reglamento del condominio denominado “nombre reservado”.

b.- Certificado de deuda suscrito por la administradora de la “nombre reservado”, respecto de la parcela 99, con fecha 12 de julio del año en curso.

c.- Reducción a escritura pública de la asamblea extraordinaria de copropietarios, de fecha 29 de mayo de 2025, extendida por el notario público de Buin, don Pedro Hernán Álvarez Lorca.

3.- Por resolución de 28 de julio de 2025 el tribunal no dio curso a la solicitud, rechazando la tramitación de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, bajo el argumento que la pretensión del actor no reúne los requisitos que exige el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.

Tercero: Que, la controversia jurídica radica en dilucidar si la presentación del solicitante cumple con los estándares y presupuestos que exige el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil para iniciar una gestión preparatoria de la vía ejecutiva.

Cuarto: Que, expuestos los antecedentes, se debe recordar ciertas cuestiones relativas al procedimiento preliminar previsto en la ley para dotar de mérito ejecutivo a un título que carece de tal atributo. En efecto, las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, incluyendo la citación a confesar deuda, tienen por objeto dotar de mérito ejecutivo a un título que da cuenta de una obligación preexistente que consta en un antecedente escrito, pero que carece de dicha cualidad de cobro compulsivo.

La Ley N° 21.394 introdujo al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil nuevas exigencias para esta gestión, estableciendo para su procedencia que la obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito; también se previene que la acción no podrá estar prescrita.

Además, en su inciso tercero, el precepto en análisis establece que el juez, de oficio, no dará curso a la solicitud cuando no concurran los antedichos requisitos.

Quinto: Que, de la revisión de los escritos y documentos presentados por el solicitante, especialmente el Certificado de Deuda suscrito por la Administradora de la nombre reservado y tal como se anotó en el punto 1 del considerando segundo, se solicita citar a confesar deuda a nombre reservado, a fin de que confiese adeudar a la solicitante la suma total de $ 11.620.958, por el no pago de los gastos comunes, entre agosto 2016 a junio de 2025 y por la aplicación de multas e intereses devengados a favor del condominio en razón de ser propietario de la parcela 99.

Que, además del certificado, se acompañaron copias de la escritura pública en la que consta el Acta de Asamblea Ordinaria de Copropietarios y, del Reglamento de Copropiedad de la Comunidad.

A partir de los documentos reseñados, que configuran el antecedente escrito a que alude el artículo 435, se concluye que la deuda respecto de la cual se pretende citar a confesar es líquida, está vencida, es actualmente exigible y que la acción no estaría prescrita, por lo que en esta etapa procesal aparece que se cumplen todas las exigencias previstas en el precepto aplicable a la especie.

Que, asimismo se considerará para efectos de la solicitud interpuesta, teniendo presente el certificado de deuda señalado precedentemente, solamente el período no prescrito conforme al artículo 2515 del Código Civil, esto es, desde los meses junio del año 2022 a junio del año 2025.

Sexto: Que, como se señaló en la parte final del motivo cuarto, la Ley N° 21.394 introdujo un inciso tercero al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, que encomienda al juez, de oficio, una labor de revisión y análisis frente a la solicitud de una gestión de esta naturaleza, habilitándolo a no darle curso si no concurren los requisitos previstos en el inciso segundo –que, como ya se ha analizado, son que “la obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita.” De esta manera, se advierte que la resolución recurrida se aparta de lo que permite el artículo 435 ya tantas veces citado, pues rechazó la solicitud sin que en sus fundamentos se cite como faltante alguno de los elementos que habilitan al juez para denegar, de oficio, la solicitud que se le formule, lo cual configura un error de derecho adicional al que se ha establecido en el considerando quinto.

Séptimo: Que de lo que viene razonando, se concluye que los jueces del fondo han incurrido en errores de derecho que han tenido influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia impugnada, pues han actuado de oficio extendiéndose a materias que no son propias de las que en esta etapa procesal pueden revisar, negando dar tramitación a una gestión preparatoria cuya solicitud cumple con los requisitos exigidos en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina que el recurso de casación sustancial será acogido.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Hugo Espinosa Muñoz, contra la sentencia de siete de noviembre de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que se invalida y reemplaza por aquella que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Acordada con el voto en contra de la ministra Señora Repetto, quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por el solicitante demandante, por las siguientes consideraciones:

1°.- Que, el inciso segundo del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil exige que la obligación cuya confesión se pretende obtener consista en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, además de encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito.

Que, en la especie, la solicitante pretende citar al requerido para que confiese adeudar la suma total de $11.620.958, correspondiente a gastos comunes, multas e intereses generados entre agosto de 2016 y junio de 2025. Sin embargo, del certificado acompañado sólo aparece consignado un monto global referido a un extenso período de casi nueve años, sin individualización de las cuotas que lo integran, sus fechas de vencimiento, los montos periódicos adeudados, los intereses aplicados ni las multas incorporadas al cálculo.

Que, en tales condiciones, el antecedente escrito acompañado no permite determinar de manera inmediata cuáles son los componentes de la deuda ni la forma en que se obtuvo la suma pretendida, de modo que el crédito invocado carece de la liquidez exigida por la norma. En efecto, la sola indicación de una cifra final, desprovista de los elementos que permitan verificar su formación, impide concluir que se está ante una obligación líquida o susceptible de liquidarse mediante una simple operación aritmética.

Que, la exigencia legal de liquidez tiene por finalidad evitar que mediante esta gestión preparatoria se intente conferir mérito ejecutivo a obligaciones cuya determinación requiera un examen previo, discusión o reconstrucción de antecedentes que exceden la constatación formal encomendada al juez en esta etapa procesal. Por ello, cuando el antecedente escrito sólo contiene una suma global referida a un conjunto indeterminado de prestaciones periódicas acumuladas durante varios años, sin desglose alguno de sus componentes, la deuda debe estimarse ilíquida para los efectos del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.

2°.- Que, esta conclusión no se altera por la circunstancia de haberse acompañado el reglamento de copropiedad y el acta de asamblea de copropietarios, toda vez que tales instrumentos únicamente dan cuenta de la existencia del régimen jurídico aplicable a la comunidad, pero no permiten determinar por sí mismos cuáles son las cuotas efectivamente insolutas, los recargos aplicados en cada período ni el cálculo específico de la suma demandada.

Que, tampoco resulta procedente efectuar en esta etapa una depuración de los períodos eventualmente prescritos, reteniendo únicamente aquellos que el tribunal estime vigentes, pues ello supone una labor de determinación del crédito que precisamente evidencia la ausencia de una deuda líquida en los términos exigidos por el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. La obligación debe aparecer determinada desde el antecedente escrito que sirve de sustento a la gestión preparatoria, lo que no ocurre cuando el propio tribunal debe discriminar períodos, cuotas o conceptos para construir el monto susceptible de cobro.

3°.- Que, en consecuencia, al no constar en el antecedente escrito una obligación líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, no concurren los presupuestos establecidos en el inciso segundo del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual la solicitud no podía prosperar, siendo correcto el rechazo dispuesto por los jueces del fondo.

4°.- Que, por lo razonado, los sentenciadores no han incurrido en los errores de derecho denunciados, desde que la falta de liquidez de la obligación constituía un motivo suficiente para impedir la prosecución de la gestión preparatoria, conforme a la facultad y deber que el inciso tercero del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil impone al tribunal.

Regístrese y notifíquese

Redacción a cargo del ministro Sr. Arturo Prado Puga y el voto en contra de su autora.

Rol N° 51.872-2025

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y señor Dinko Franulic C.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Silva, por estar en comisión de servicio.