Cláusula penal

Santiago, siete de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En estos autos Rol C-1949-2020 seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Chillán, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, sobre terminación de contrato de arrendamiento e indemnización de perjuicios, la juez titular de dicho tribunal, por sentencia de tres de diciembre de dos mil veintiuno, acogió parcialmente la demanda principal, y parcialmente también, la demanda reconvencional, disponiendo que cada parte pagase sus costas.

Ambas partes interpusieron un recurso de apelación respecto de la decisión de primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Chillán, en decisión de veinte de mayo de dos mil veintidós, la confirmó.

Respecto de esta última decisión, la parte demandada y demandante reconvencional, interpuso un recurso de casación en la forma y otro en el fondo; en tanto la demandante, interpuso un recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la demandada y demandante reconvencional:

PRIMERO: Que, la demandada y demandante reconvencional por medio del recurso invoca como causal, en primer lugar, la contenida en el artículo 768 N° 5 en relación con los numerales 4 y 5 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y también la causal contenida en el numeral 9° de la primera disposición señalada.

Sin precisar el contenido particular de las causales que invocó, fundó su libelo en la circunstancia de no haberse hecho cargo el fallo recurrido – en apreciación de la demandada- de todas las alegaciones contenidas en su recurso de apelación, indicando que se formuló una decisión escueta que sólo confirmó la decisión de primer grado sin analizar los antecedentes de la causa, y en especial, no ponderó la prueba rendida.

SEGUNDO: Que, sin perjuicio de la falta de precisión y fundamento de las causales levantadas por la recurrente, es necesario indicar que el inciso 2° del artículo 768 en relación al inciso 2° del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el recurso de casación en la forma que se deduzca en contra de sentencias que se dicten en juicios regidos por leyes especiales, sólo podrá fundarse en las causales previstas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° del Código de Procedimiento Civil y también en la del N° 5 cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido. En consecuencia, tratándose el presente juicio de uno regido por la Ley Nº 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, la causal de invalidación contenida en el numeral 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y aquella otra basada en el numeral 9° del artículo 768 del citado código, resultan improcedentes por lo que el recurso en estudio a estos efectos, habrá de ser desestimado.

Ahora, en relación con el fundamento basado en la ausencia de consideraciones, a que se refiere el artículo 170 numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, es posible afirmar que ella no concurre desde que la sentencia recurrida reprodujo los fundamentos de la sentencia apelada y la confirmó, desestimando una prueba documental rendida en segunda instancia, en tanto, el reproche de la demandada, solo dice relación con la tesis que conforma el planteamiento que ha postulado en su defensa, lo que importa, consecuencialmente, que sus alegaciones constituyen más bien una crítica a los fundamentos jurídicos contenidos en el fallo, pero no se enderezan propiamente a comprobar y demostrar la reprochada inadvertencia, motivo por el cual no puede establecerse el error denunciado.

En razón de lo expuesto, el recurso de casación en la forma de la demandada y demandante reconvencional, habrá de ser desestimado.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo de la demandada y demandante reconvencional:

TERCERO: Que, por medio de este recurso, se atribuye a la sentencia diversos errores de derecho que necesariamente conducirían a su invalidación, al estimar que se habrían infringido los artículos 1924, 1545, 1546, 1547, 1552 y 1698 del Código Civil, y artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, y como consecuencia de ello, confirmó –dice- erradamente la sentencia de primera instancia.

Alegó que el demandante nombre reservado incumplió la obligación de traspaso físico de la cosa arrendada, así como aquella que lo obliga a mantenerla en condiciones de servir para el objeto previsto en el contrato, ello no se cumplió pese a la cuantiosa inversión que desarrolló en el lugar, ya que no pudo obtener la correspondiente patente municipal, por la errada referencia al rol de la propiedad en el contrato, cuestión que estimó dolosa de parte del arrendador.

Agregó que el demandante no cumplió las obligaciones que le imponía el contrato, a pesar que por su parte, estaba llano a ello; el arrendador, expresó, ocultó información al indicar erradamente el rol de la propiedad en el contrato como uno solo, cuando en realidad correspondía a dos, y cuya fusión resultaba necesaria para la obtención de la patente comercial.

Finalmente expresó que en su oportunidad solicitó oficios y exhibición de documentos a fin de probar sus alegaciones, a lo que no se dio lugar, lo que le significó un desmedro en la prueba que resultaba necesaria para acreditar aquellos hechos controvertidos; aún más, indicó que el día de la audiencia de exhibición el arrendador no cumplió su obligación sin que el tribunal aplicase los apercibimientos legales contenidos en los artículos 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil.

Todo lo anterior, vulneró su garantía a un debido proceso, lo que importaría la nulidad de la sentencia recurrida, para que en la de reemplazo se acoja la demanda reconvencional en los términos que fue deducida, o en los que el tribunal determine, con costas.

III.- En cuanto al recurso de casación en el fondo de la parte demandante.

CUARTO: Que, la demandante, acusó en su recurso de nulidad sustancial, la vulneración del artículo 6 de la Ley N° 18.101 en relación con el artículo 1546 del Código Civil, la del artículo 1925 en relación con el artículo 1545 del mismo código, y artículo 8 N° 7 de la Ley N° 18.101 y, consecuencialmente, el artículo 1929 del Código Civil.

Indicó que la primera norma señalada contiene la obligación del arrendatario de pagar la renta hasta la restitución del inmueble, cualquiera sea la causa de terminación del contrato de arriendo, y no hasta el 28 de junio de 2020, como se determinó en la sentencia de primera instancia que confirmó la Corte de Apelaciones. Luego, a más de aquella falta, precisó que si bien se tuvo por acreditada la existencia en el contrato de una cláusula penal, rechazaron los jueces la indemnización por estimar que el contrato estuvo vigente hasta solo hasta la fecha recién indicada, momento en que se estimó terminado el contrato conforme el artículo 1925 del Código Civil, hipótesis que concurre si la cosa no ha sido entregada, todo lo contrario a lo acontecido en la causa. Precisó que si el arrendatario estima que la cosa, una vez entregada, no sirve para los fines del contrato, no vale su desistimiento, sino que ello constituirá un incumplimiento de la obligación del arrendador contenida en el artículo 1924 N° 2 del Código Civil; pero aun así, en el caso, habría operado en forma previa la causal de terminación del arriendo por no pago de las rentas, de modo que resulta erróneo liberar al demandado de su responsabilidad.

En cuanto a la errada interpretación de la norma referida a la sana crítica, expresó que aquella fue erradamente aplicada en la determinación de los daños extrapatrimoniales del arrendatario demandado, sin cumplir con las enunciaciones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigné o se le reste valor a la prueba, pues la determinación del daño moral se otorgó a una persona jurídica siendo discutido su procedencia en ese caso. Lo mismo ocurre con el daño moral dado al demandado nombre reservado, en calidad de representante legal de J&C SpA, el que no tuvo mayor fundamentación. La sentencia, señala finalmente el recurrente, no expresa las razones de porqué llega al monto de $1.500.000 que concedió a cada uno de los demandantes reconvencionales a título de daño moral, lo que evidencia a su juicio la arbitrariedad y alejamiento de la sana crítica por parte del fallo recurrido.

QUINTO: Que, previo a la decisión del asunto conviene apuntar ciertos hechos relevantes de la causa:

1°.- Los presentes autos se inician mediante demanda interpuesta por nombre reservado, en contra de la Sociedad J&C SpA representada por nombre reservado, y en contra de éste último como aval, fiador y codeudor solidario. Solicitó la terminación de un contrato de arrendamiento de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Chillán, suscrito el 29 de marzo de 2010 y con vigencia hasta el 31 de marzo de 2020. Indicó que el demandado pagó íntegramente la renta hasta el mes de agosto de 2019, de septiembre de ese año a marzo de 2020 lo hizo de modo parcial y no pagó rentas entre abril y junio de 2020, adeudando un saldo de $3.599.719, cuyo pago igualmente demandó. Solicitó también el pago de U.F. 168 por la aplicación de una clausula penal contenida en el contrato y las rentas hasta la restitución del inmueble, con costas. En subsidio solicitó el desahucio del contrato y los mismos ítems por rentas impagas.

Fundó su acción en el artículo 1977 del Código Civil y artículo 10 de la Ley N° 18.101.

2°.- Notificada la demandada, los demandados contestaron la demanda en el comparendo de estilo por medio de una única minuta escrita, indicando que era efectiva la suscripción del contrato de arriendo del inmueble cuyo destino era el de un local comercial destinado a escuela de danza, pub, yoga y restaurante; sin embargo, se indicó, no fue posible destinar la propiedad a los fines contratados por la omisión dolosa del demandante en la indicación del rol de avalúos de los inmuebles, indicando en el contrato uno solo para ambos, pero en realidad eran dos roles que debían ser fusionados, lo que el demandante no hizo, viéndose impedido de obtener la patente comercial para funcionar. Por ello, agregó, el contrato carecería de causa, debiendo asumir los gastos por servicios y contribuciones de la propiedad, sufriendo a consecuencia de ello daños emocionales.

La parte demandada, formuló también una demanda reconvencional de terminación de contrato de arriendo con indemnización de perjuicios, estos últimos derivados de los gastos que desembolsó para el desarrollo de su proyecto, reparaciones del local, pintura, muebles, baños y pago de contribuciones. Se fundó en que la demandante no cumplió su obligación de entregar la propiedad en condiciones de servir a los fines del contrato ya que no fusionó los dos roles existentes, lo que era exigido por la Municipalidad para otorgar la patente comercial. De ello, señaló, devino también consecuencias emocionales por el fracaso de su actividad.

Pidió la suma de $10.000.000 por daño patrimonial y $10.000.000 por daño moral, con costas.

3°.- En su contestación de la demanda reconvencional, la demandante indicó que no resultaba procedente una alegación por falta de causa, lo que resulta incompatible con su petición de terminación del contrato; no obstante ello, precisó que el arrendatario hizo uso del inmueble entre los años 2019 y 2020, desarrollando su actividad y que en el mismo lugar, con anterioridad, funcionó otro establecimiento comercial de igual giro con patente para su funcionamiento. En relación con los perjuicios, los estimó indeterminados, negando particularmente el daño moral, y sobre los pagos efectuados por servicios domiciliarios y contribuciones –dijo- fueron debidamente descontados de las rentas de arriendo y los arreglos del local lo fueron de propia iniciativa ya que recibió el inmueble, según el contrato, a entera satisfacción.

4.- En el comparendo de estilo, sin perjuicio de la acción entablada, las partes acordaron la entrega del inmueble el 26 de octubre de 2020, lo que fue cumplido en su oportunidad, sin reclamo de los interesados.

No hubo conciliación en lo demás, continuando el procedimiento.

SEXTO: Que, por sentencia de primera instancia, se asentó la existencia del contrato y particularmente la ubicación de los inmuebles, que corresponden a dos sitios ubicados en calle Schleyer de la ciudad de Chillán, con indicación en el contrato del rol N° 601-16 para ambos lotes; éstos serían destinados a un local comercial para el giro de danza, pub, música, yoga y restaurant con una renta de U.F. 40 mensuales, pagaderas mediante depósito de una cuenta vista del arrendador, y con vigencia, sin prórroga, hasta el 31 de marzo de 2022, sin derecho a reembolso de las mejoras.

Determinó que la demandada no acreditó, como le correspondía, el pago de las rentas insolutas, pero que resultó probado que existieron impedimentos para la obtención de la patente comercial ya que el demandante no regularizó los dos roles de los inmuebles, a lo que se comprometió. Además, asentó que los roles fueron referidos equivocadamente en el contrato de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, lo que sabía el arrendador en atención al destino que se le daría por el arrendatario, lo que fue ratificado por los informes de la Dirección de Obras Municipales y de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillán, que indicaron que se obtuvo patente provisoria hasta el 28 de junio de 2020, fecha desde la cual fue eliminada por no regularizarse las observaciones que se efectuaron previamente.

Concluyó así que hubo un cumplimiento imperfecto por parte del arrendador en la entrega de la cosa, ya que el arrendatario no pudo destinarlo a los fines del contrato, por lo que la obligación de pago de la renta sólo llegaba al 28 de junio de 2020, momento en el cual el inmueble perdió la aptitud necesaria para el contrato, por culpa del arrendador, disponiendo por ello, la terminación del contrato de arriendo. En relación con los montos solicitados a propósito de la cláusula penal contenida en el contrato, los rechazó ya que el arrendatario debía pagar rentas hasta la fecha indicada, y lo pedido por el actor para este cálculo, fueron las rentas desde julio de 2020 a marzo de 2022, pero como el arrendatario no estaba obligado a ellas, rechaza en esa parte la demanda.

En relación a las rentas insolutas, éstas solo llegan al 28 de junio de 2020, como saldos de las rentas de cada mes, como se precisa en el párrafo segundo del motivo décimo séptimo del fallo de primer grado, cifras por las que acoge la demanda principal, sin reajustes por expresarse los valores en una unidad reajustables, pero con los intereses previstos en la cláusula duodécima del contrato suscrito por las partes.

En cuanto a la demanda reconvencional, teniendo presente el incumplimiento del arrendador y los hechos que se determinaron a propósito de la resolución de la demanda principal, la acoge fundado en la norma del artículo 1925 del Código Civil. En relación con los perjuicios, teniendo presente al artículo 1929 de ese cuerpo legal, indicó que si bien corresponde el pago de una indemnización por perjuicios materiales, la demandante reconvencional no rindió prueba suficiente sobre ellos, más aún considerando que las mejoras, conforme el contrato, serían de propiedad del arrendador, una vez terminado; ahora, en relación con el daño moral, lo otorgó estimando que el demandante reconvencional invirtió tiempo y dinero en un proyecto comercial donde se le manifestaron falsamente las condiciones del inmueble, produciendo ello una lesión en sus intereses extrapatrimoniales, tanto como representante de la sociedad demandada, como para ella misma.

Así, en conclusión, acogió parcialmente la demanda principal, poniendo término al contrato de arriendo, ordenando el pago $202.960.- correspondiente a los saldos de rentas de los meses de septiembre de 2019 a marzo 2020, además de la suma de 117,3 Unidades de Fomento correspondiente a las rentas insolutas de los meses de abril a junio de 2020; no hizo lugar al pago de la cláusula penal convenida, omitiendo pronunciamiento respecto de la acción subsidiaria de desahucio.

En cuanto a la demanda reconvencional, también la acogió parcialmente, declarando la terminación del contrato de arriendo, desde el día 28 de junio de 2020, accediendo de igual modo a los perjuicios solicitados por nombre reservado, por sí y en representación de la Sociedad J&A SpA, sólo en relación al daño moral solicitado fijándolo en la suma de $1.500.000, para cada uno de los demandantes reconvencionales, más reajustes desde la fecha de la sentencia hasta su pago efectivo.

Omitió pronunciamiento sobre la entrega del inmueble por haberse ya acordado, indicando que cada parte pagaría sus costas.

SÉPTIMO: Que, la decisión de primera instancia recién reseñada, fue objeto de un recurso de apelación por la parte demandada y demandante reconvencional así como por la demandante y demandada reconvencional.

En la tramitación de la causa en segunda instancia, la demandante, acompañó un oficio de la Municipalidad de Chillán que indica que el inmueble contó con patente comercial desde el año 2006 al 2018, documento presentado a fines de indicar que cuando se arrendaron los inmuebles, tenía la convicción que podía otorgársele patente a su arrendador.

En su sentencia de veinte de mayo de dos mil veintidós, la Corte de Apelaciones de Chillán, desestimó el documento indicado, estimando que no alteraba las conclusiones a las que arribó la juez de primera instancia, confirmando la sentencia apelada.

OCTAVO: Que, analizando el recurso de casación en el fondo de la parte demandada y demandante reconvencional, es posible indicar que centró su alegación en la existencia de un incumplimiento contractual del arrendador ya que no le fue posible obtener la patente definitiva que habilitaba el funcionamiento del local comercial arrendado, ello ya que el propietario no unificó los roles de las propiedades; al respecto, indicó que la sentencia recurrida no aplicó el artículo 1552 del Código Civil, no obstante que estuvieron llanos a cumplir sus obligaciones, a pesar de la dolosa actuación de la demandante que no indicó la existencia de dos roles respecto del local, lo que impidió, al no unificarlos, poder obtener la patente correspondiente.

NOVENO: Que, la sentencia recurrida, que confirmó la de primer grado, determinó que efectivamente existió incumplimiento de la demandante, razón que motivó acoger sólo de forma parcial la demanda principal, pero determinó, de igual forma, que la demandante reconvencional, al menos hasta el 28 de junio de 2020, tuvo patente provisoria, extendida en diferentes oportunidades por la Municipalidad de Chillán, de modo que el impedimento no resultó absoluto sino hasta esa fecha, siendo eliminada luego la patente por la no regularización de las observaciones indicadas.

Así, en base a tales hechos, el juez de primera instancia, asentó el incumplimiento contractual del arrendador, pero circunscribió la imposibilidad absoluta de operar el local comercial solo a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior, y no con un alcance general, para todo el tiempo de vigencia del contrato como lo postula la recurrente.

DÉCIMO: Que, de esta forma entonces, el recurso se construye sobre la base de modificar los hechos establecidos por los jueces del fondo, al pretender extender la determinación temporal de la imposibilidad de uso del inmueble como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del arrendador, y si bien la recurrente indicó al efecto las normas aplicables al contrato de arrendamiento contenidas en los artículos 1924, 1545, 1546, 1547, 1552 y 1698 del Código Civil, el sustento fáctico determinado en la sentencia que se revisa resulta inamovible, a menos que se denuncie eficazmente la vulneración de la normas reguladoras de la prueba, lo que no ha ocurrido, ya que la mera referencia a la última de las normas indicadas no resulta suficiente para determinar aquella vulneración desde que no se ha alterado la obligación del demandado de acreditar los supuestos de sus alegaciones, particularmente si ellas se refieren a una imposibilidad de uso de un inmueble para los fines del contrato, respecto del cual contó, en un tiempo determinado, con la patente provisoria que le otorgada la posibilidad de funcionamiento.

A lo anterior debe agregarse que si bien el recurrente señaló en su libelo la norma del artículo 1552 del Código Civil en su presentación de folio 27, por la que contestó la demanda y formuló su demanda reconvencional, no obstante referir las dificultades para la concreción de su actividad comercial en el lugar arrendado, no opuso claramente la excepción de contrato no cumplido, sino más bien reprocha la omisión de información sobre la calidad de los roles de avaluó de los inmuebles y la existencia de mala fe de su arrendador, y que sólo después de firmado el contrato se percató de la existencia de deudas por agua potable y contribuciones que tuvo que solucionar para obtener la patente comercial. Sin embargo, como se dijo más arriba, lo determinado en la sentencia recurrida fue justamente la imposibilidad de uso de inmueble a partir del 28 de junio de 2020, circunstancia fáctica que no se ve modificada por el planteamiento formulado por la demandada.

Finalmente, en relación a la supuesta omisión en el análisis de su prueba, cuyo argumento se centró en una vulneración al debido proceso ya que se omitió pronunciamiento acerca del hecho de no haberse exhibido la documental solicitada en la audiencia correspondiente, será desestimada, pues la carencia de fundamentación es propiamente una causal de casación en la forma, contenida en el artículo 768 N° 5 en relación con el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, arbitrio que resultó improcedente como ya se indicó más arriba, evidenciando con esto la falencia argumental del recurso en tanto se busca la modificación de los hechos asentados por los jueces de instancia, lo que no resulta procedente.

UNDÉCIMO: Que, en relación ahora con el recurso de casación en el fondo de la parte demandante, que se fundó, como primer reproche, en la infracción del artículo 6 de la Ley N° 18.101 en relación con el artículo 1546 del Código Civil, y en la del artículo 1925 en relación con el artículo 1545 del mismo código, postulando que el pago de las rentas correspondía que fuese ordenado hasta la entrega de inmueble y sin limitación en la aplicación de la cláusula penal debido a la incorrecta interpretación del artículo 1925 ya citado.

Al respecto es necesario indicar que los jueces del fondo determinaron que la cosa dejó de ser útil a los fines del contrato el 28 de junio de 2020, en que cesó la vigencia de la patente comercial provisoria que había otorgado la Municipalidad de Chillán, circunstancia que tuvo su causa en el incumplimiento de las obligaciones del arrendador demandante, al no efectuar los trámites necesarios para la fusión de los roles de avalúo como le era exigido, ya que aquél trámite solo le incumbía al propietario; tal infracción contractual, precisa la sentencia de primera instancia en su motivo décimo cuarto, importa una infracción al artículo 1924 del Código Civil que comprende no solo el traspaso físico de la cosa, sino que la entrega de ésta en las condiciones de servir para el objeto contratado, cometido que no se materializó finalmente.

DUODÉCIMO: Que, de esta forma, y tratándose de un contrato de tracto sucesivo, como lo es el arrendamiento suscrito por las partes, la condición de servir para los fines que acordaron las partes, constituye una obligación permanente, cuya infracción se verificó en la cesación de los efectos de la patente comercial provisoria el 28 de junio de 2020, no acreditando el actor que tal obligación se cumpliese posteriormente.

Como se advierte, la sentencia de primer grado, fundamenta el cese de la obligación de pago de la renta, en la pérdida de la aptitud de la cosa por culpa del arrendador, con sustento en el artículo 1924 del Código Civil, que contiene las obligaciones esenciales de aquel, circunstancia que –alegada en la contestación de la demanda- llevó a acoger la excepción levantada por la demandada acerca de la improcedencia de pago de rentas ante la imposibilidad de uso de la propiedad.

DÉCIMO TERCERO: Que, versando la controversia sobre la terminación del contrato de arrendamiento, cuyo sustento fue la pérdida de la aptitud de la cosa para los fines previstos en el contrato, se advierte que el recurrente no ha formulado reproche en relación con el precepto indicado, que ha servido de sustento a la decisión de los jueces del fondo. En este caso, el artículo 1924 N° 2 del Código Civil, constituye el pilar fundamental de la decisión, norma que no fue denunciada por el demandante principal como infringida. Además, si bien el recurrente menciona el artículo 1546 del mismo cuerpo legal, no explica de que forma se produce aquella infracción, obviando en su análisis que fue declarado terminado el contrato de arrendamiento por su infracción culposa en la mantención del estado de la cosa para servir a los fines que ha sido arrendada.

Ahora, en relación con el rechazo de los perjuicios convencionales contenidos en la cláusula penal referida en la cláusula undécima del contrato, valga afirmar, para sostener el rechazo del recurso en este acápite, la circunstancia que fue establecido el término del contrato a partir del 28 de junio de 2020, fecha en que cesó la vigencia de la última prórroga de la patente comercial provisoria otorgada por la Municipalidad, de modo que el arrendatario no se encontrada obligado al pago de las rentas a contar de esa fecha, sin que existiesen saldos insolutos sobre las cuales calcular los perjuicios, como se había acordado.

DÉCIMO CUARTO: Que, de esta forma, el recurso de nulidad sustancial de la demandante, se construye contra los hechos determinados en el proceso, lo que no resulta posible revisar por medio de un recurso de derecho como el que se analiza.

No obstante lo anterior, si bien el recurrente levantó como sustento de su arbitrio la infracción a las reglas de la sana crítica, modalidad de valoración probatoria contenida en el artículo 8 N° 7 de la Ley N° 18.101, el contenido de las argumentaciones claramente no se refieren a la alteración del proceso deductivo sostenido en la sentencia que se revisa, sino más bien descansan en una disconformidad con el proceso de ponderación de los distintos medios de prueba llevados a cabo por los sentenciadores, materia que incumbe exclusivamente a los jueces de la instancia.

En efecto, la determinación de los perjuicios morales ha tenido como sustento fáctico el incumplimiento contractual del demandante, y la evidente imposibilidad de desarrollar la actividad que se plasmó en los fines del contrato de arriendo, como se indica en el considerando vigésimo cuarto de la sentencia de primera instancia, confirmada por la Corte de Apelaciones, lo que denota que el fundamento de nulidad levantado por el demandante es la discordancia que otorgaron los jueces a la prueba rendida, cuestión que, como se dijo, no es susceptible de ser revisada a través del arbitrio en estudio.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la abogado Ana Cortés Rodríguez, en representación de la parte demandada y demandante reconvencional, y se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Cesar Hernández Espinoza, en representación de la demandante y demandada reconvencional, formulados en contra de la sentencia de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de Ministro Sr. Mauricio Silva C.

Rol Nº 22.397-2022

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sr. Arturo Prado P., Sr. Mauricio Silva C., Sra. María Angélica Repetto G. y Abogado Integrante Sr. Raúl Fuentes M.

No firman los Ministros Sres. Silva y Silva C., no obstante ambos haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar por haber cesado en sus funciones el primero y estar con feriado legal el segundo.