Fisco de Chile

Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos Rol Nº43.677-2020 se ha tramitado un procedimiento ejecutivo en que el abogado don Fernando Alonso Sepúlveda Rojas, en representación de la Tesorería Regional de Antofagasta, interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada con fecha cinco de marzo de dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó la sentencia de primera instancia, de fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, que acogió la tercería de prelación interpuesta por don nombre reservado en representación del Banco de Chile, en contra de su representada y del ejecutado de autos Sociedad de Mantención, Reparación y Comercialización Ramírez, Arroyo y Ubilla Limitada.

Con fecha seis de mayo de dos mil veinte se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el libelo de nulidad sustancial el recurrente reclama que la sentencia recurrida incurrió en errores de derecho, infringiendo las disposiciones de los artículos 2472 Nº 9 en relación con el artículo 2478, ambos del Código Civil, las que establecen la preferencia en favor del Fisco de Chile en el pago del crédito hecho valer en juicio; artículos 1698 y siguientes del Código Civil que establecen las normas reguladoras de la prueba en cuanto a su carga y de la Ley N° 19.250 de fecha 30 de Septiembre de 1993, que modificó la Ley de Quiebras en lo relativo a la prelación de créditos.

Señala el recurrente que el fallo recurrido, por un lado, invierte la carga de la prueba aplicable al caso concreto y, por otro, en lo relativo a la preferencia del crédito del acreedor hipotecario, sólo ha hecho aplicación a lo previsto en los artículos 2470, 2471 y 2477 del Código Civil, dejando a un lado el supuesto fáctico contemplado en el artículo 2478 en relación con el articulo 2472 Nº9 ambos del mismo Código, relativa a la suficiencia o carencia de bienes por parte del ejecutado que permitan satisfacer íntegramente la acreencia del fisco demandada en estos autos.

En efecto, señala que consta de las compulsas de los expedientes administrativos roles 12035-2014 y 12071-2017 allegadas a juicio, que se requirió de pago y trabó embargo sobre el inmueble ubicado en Maule, ch Venecia Pte lt 8, de 5000 metros cuadrados, cuyo dominio inscrito a nombre de la empresa deudora y que consta, además, de los mismos expedientes y del informe patrimonial emitido por parte de Recaudador Fiscal Sr. Juan Paulo Arriagada y que se acompañó al tribunal dentro del término probatorio, que se indagó en distintas oportunidades, la existencia de otros bienes del deudor, certificándose el hecho que dentro del patrimonio del deudor no existen otros bienes.

Agrega que todos los impuestos cobrados en dichos expedientes derivan del no pago de Impuesto al Valor Agregado y, como tal, forman parte de aquellos impuestos que la propia ley califica como de retención y recargo.

Que, una vez fijada la fecha para la subasta y notificado el Banco de Chile en su calidad de acreedor hipotecario, compareció alegando para ser pagado con preferencia con el producto de la subasta. Cabe precisar de inmediato que el crédito del Banco de Chile, en su calidad de acreedor hipotecario es de aquellos de la tercera clase y que el de su representada, conforme al artículo 2472 N° 9, derivados del cobro de impuestos de retención y recargo, sería uno de la primera clase, razón por la cual resultaría aplicable al caso de marras el artículo 2478 del Código Civil, tal como lo ha señalado el propio sentenciador en la parte final del considerando noveno del fallo impugnado. No obstante, la referencia realizada a tal norma en dicho considerando, ninguna consideración ni valoración probatoria se ha realizado al respecto, arribándose a la conclusión de que el crédito del Banco resulta preferente, solamente por cuanto se ampara en una hipoteca, lo que claramente se aleja del supuesto base señalado por el propio legislador en la mencionada norma.

De la lectura del fallo se puede inferir claramente que el sentenciador, en estricto rigor, no se ha remitido al citado artículo 2478 del Código Civil, para poder determinar a quién corresponde la preferencia cuando concurren créditos de primera y otros de tercera. Sostiene el mencionado artículo que “Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor.”

Muy diferente hubiera sido que a la misma conclusión anterior hubiese arribado el sentenciador después de haber analizado detenidamente las pruebas aportadas por las partes, y establecer que, efectivamente existen otros bienes dentro del patrimonio del deudor con los cuales poder hacer frente a las obligaciones para con mi representada, sin embargo, nada se dijo al respecto.

Como contrapartida, resultó probado a lo largo del juicio el hecho de que el deudor no poseía ni posee actualmente en su patrimonio bienes de valor que hicieran posible realizar la ejecución a parte del inmueble sub lite. Es más, su representada realizó diligencias tendientes a embargar y realizar bienes distintos del ya mencionado, sin resultados positivos.

Por otro lado, considerando que la incidencia fue deducida por el apoderado del Banco de Chile y de conformidad con el artículo 1698 del Código Civil correspondía acreditar tal circunstancia a quien la alegó.

A su entender, el artículo 2478 del Código Civil viene a hacer una especie de excepción para aquellos casos en que un crédito de tercera clase tendrá preferencia por sobre un crédito de primera, que es lo natural y obvio según los órdenes de prelación. En ese sentido, a quien le corresponde establecer que concurre tal situación excepcional es al tercerista, el cual no desplegó como se dijo, ninguna actividad probatoria al respecto.

Es más, y aun cuando se estime que la carga de la prueba en el caso de marras le corresponde a su representada, tal como puede observarse en ambos expedientes administrativos acompañados, en diversas oportunidades se realizaron sendos informes por parte de Ministro de Fe-Recaudador Fiscal en que se dejaba constancia que solamente se notificaban las demandas sin embargar bienes puesto que “no se podía identificar bienes del deudor”. Lo mismo ocurrió cuando el ministro de fe se apersonó en diversas sucursales bancarias donde el ejecutado mantenía cuentas, las que no poseían fondos. Aquella situación patrimonial fue corroborada, además, con el informe efectuado en el mes de junio de 2019, en que se verifica que el patrimonio del deudor carece de otros bienes en los cuales poder hacer efectivo nuestro crédito.

En definitiva, con los antecedentes allegados en el proceso se encuentra debidamente acreditada la insuficiencia de los bienes en el activo patrimonial del ejecutado respecto de los créditos que concurren para su pago, cumpliéndose cabalmente el presupuesto establecido en el artículo 2478 del Código Civil Chileno, por lo que en definitiva la tercería de prelación deducida debe ser rechazada en todas sus partes, permitiendo de paso al Fisco de Chile hacerse pago con el producto que provenga de la subasta de dicho bien.

En el petitorio se solicita se invalide el fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, mediante la cual se rechace la tercería de prelación deducida, todo con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que el recurso de casación en el fondo es el acto jurídico procesal de la parte agraviada con la dictación de aquellas resoluciones en que la ley contempla expresamente la procedencia de su interposición en el caso que se hubieren dictado con infracción de la ley sustantiva aplicable al objeto del juicio, en miras a perseguir su nulidad, siempre que este vicio genere un perjuicio a la parte que lo deduce e influya sustancialmente en lo dispositivo del mismo, de tal forma que, de no haberse incurrido en dicho yerro, se hubiere resuelto el asunto en sentido diverso.

TERCERO: Que resulta necesario, para resolver la alegación planteada en el libelo que se analiza, agregar que los antecedentes relevantes de la tramitación de la causa fueron los que se anotan a continuación:

1.- El Fisco de Chile, Tesorería Regional de Antofagasta, inició ejecución mediante procedimiento especial de cobro del articulo 168 y siguientes del Código Tributario en contra de Sociedad de Mantención, Reparación y Comercialización Ramírez, Arroyo y Ubilla Ltda., por los impuestos adeudados, generándose a su respecto los expedientes administrativos 12035-2014 y 12071-2017 ambos de Antofagasta, cuya deuda derivaba del no pago de impuestos de retención y recargo, notificándose y requiriéndose de pago al deudor, conforme lo dispone el artículo 171 del mencionado Código, y trabándose embargo sobre el inmueble de su propiedad ubicado en Maule, ch Venecia Pte lt 8, de 5000 metros cuadrados, dominio inscrito a nombre de la empresa deudora a fojas 1280 bajo el N° 804 en el registro de propiedad que lleva el Conservador de Bienes Raíces de Maule correspondiente al año 2014.

2.- Con fecha 15 de marzo de 2019 se dio inicio a la segunda etapa de cobro judicial, mediante la causa rol 1418-2019 del Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta, en la cual se decretó el remate del inmueble recién singularizado.

3.- Con fecha 23 de abril del año 2019 comparece don nombre reservado en representación del Banco de Chile quien deduce tercería de prelación en contra de este servicio en su calidad de ejecutante y en contra del deudor, solicitando la declaración en su favor del derecho de pago preferente que dice corresponderle en atención a su calidad de acreedor hipotecario.

4.- Con fecha 25 de abril del mismo año la Tesorería evacuó el traslado concedido solicitando su rechazo, alegando la improcedencia de la alegación que formula la tercerista en relación con su garantía real respecto al crédito que ostenta frente a su deudor. En efecto, aduce que la hipoteca que constituyó sobre el inmueble de autos es de aquella de primer grado, es decir, le otorgaría a su favor una supuesta preferencia ante los impuestos que su representado, el Fisco, tiene contra su sujeto pasivo.

Agrega que, si se analiza la naturaleza jurídica de la hipoteca en las leyes sustantivas y se ve que la preferencia argumentada no puede ser sostenida por el articulista para el presente juicio ejecutivo. El artículo 2.470 del Código Civil dispone que las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca. No obstante, el siguiente artículo 2472 ordinal 9° constituye una primera clase de créditos aquellos que nacen de ciertas causas como créditos del Fisco por los impuestos de retención y recargos y este numeral establece el privilegio de esta forma de tributos.

Por último, la hipoteca se encuentra en la tercera clase de prelación en el Código Civil y para su preferencia debe cumplir ciertas condicionantes que, en estos antecedentes, no se dan.

5.- El día 27 de mayo se recibió la tercería aprueba desplegándose actividades probatorias sólo de la parte ejecutante.

6.- Con fecha 19 de Julio de 2019 el tribunal a quo, se pronunció, acogiendo tercería de prelación y declarando que el Banco tiene la preferencia para ser pagada con el producto del remate.

7.- Con fecha 25 de Julio del mismo año se dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, por la Tesorería.

8.- Con fecha 05 de marzo de 2020 la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma el fallo impugnado, con costas.

CUARTO: Que para efectos de resolver adecuadamente el arbitrio en estudio, debe tenerse en especial consideración que la judicatura de fondo, para acoger la tercería de prelación indicó lo siguiente, en lo pertinente:

“SÉPTIMO: Que, la tercería de prelación es la intervención de un tercero ajeno al juicio ejecutivo, que invoca la calidad de acreedor del ejecutado y reclama un mejor derecho para pagarse con el producido de la subasta de los bienes embargados por el ejecutante.

OCTAVO: Que, el artículo 2.477 del Código Civil, señala que la tercera clase de créditos comprende los hipotecarios, a su vez el artículo 2.428 del mismo cuerpo legal, establece el denominado derecho de persecución, facultando al acreedor hipotecario para perseguir la finca hipotecada contra toda persona.

NOVENO: Que, como consta en autos, el tercerista allegó a estos autos, copia autorizada de la escritura pública de compraventa con mutuo hipotecario plus “Inversiones Torabus Limitada, Banco de Chile a Sociedad de Mantenimiento y Reparación de vehículos automotores Servitrucks Limitada”.

Asimismo, la propia ejecutante acompañó certificado de inscripción de escritura pública de fecha 4 de febrero de 2014, y certificado de hipotecas y gravámenes y de interdicciones y prohibiciones de enajenar del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Talca.

De dicha documentación, consta que el inmueble a subastar se encuentra hipotecado en favor del Banco de Chile y que dicha hipoteca se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Talca, a fojas 10774, número 03318 de 2012. Lo anterior determina la preferencia que ha alegado el tercerista para concurrir en forma preferente al pago de su crédito, en perjuicio del crédito del ejecutante, el cual corresponde a uno de primera clase, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 2.478 del Código Civil.

DÉCIMO: Que, todo lo anterior es sin perjuicio del derecho de pago preferente de las costas del ejecutante sobre el producido de la subasta, de conformidad a lo previsto en el artículo 2.472 N° 1 del Código Civil”.

QUINTO: Que se debe tener presente que en nuestro ordenamiento jurídico la tercería de prelación consiste en la intervención -por medio de una demanda incidental- de un tercero que adviene al juicio ejecutivo invocando el derecho a ser pagado prioritariamente respecto del ejecutante con el producto de la subasta, por ostentar en contra del deudor un crédito preferente expresamente consagrado en la ley.

SEXTO: Que asimismo cabe consignar que en virtud del derecho de prenda general que los artículos 2465 y 2469 del Código Civil reconocen a los acreedores, quedan estos facultados para perseguir y realizar todos los bienes de los deudores, a excepción de los inembargables, con el objeto de lograr la íntegra satisfacción de sus créditos con el producto de lo así enajenado. La concurrencia de los acreedores al pago, de acuerdo con lo prescrito en la normativa recién citada, se rige por el principio de la igualdad: todos ellos están autorizados para perseguir los bienes de los deudores en idénticos términos, de modo que con lo obtenido en su realización sean totalmente solucionados sus créditos, si los bienes sobre los que recayó fueren suficientes para ello y, en caso de no serlo, a prorrata de sus respectivas acreencias.

Sin embargo, tal principio se rompe, según lo preceptuado en el mismo artículo 2469, cuando se presentan causas especiales para preferir ciertos créditos respecto de otros.

En este sentido se debe subrayar que los únicos créditos que en caso de concurrencia de acreedores gozan de preferencia para ser pagados con antelación a los demás son los privilegiados y los hipotecarios, conforme lo dispone el artículo 2470 del Código Civil y es precisamente, en ese contexto, que emerge la tercería de prelación como un instrumento destinado a asegurar el respeto de las reglas sobre preferencia en el pago que la normativa legal reconoce a determinados créditos en relación a otros.

SÉPTIMO: Que es pertinente destacar que la tercería en estudio encierra un doble planteamiento: por una parte, aquel referido a la existencia del crédito que se alega y, por otra, uno que incide en el carácter preferente del mismo. En efecto, al pretender el tercerista que se le pague un crédito de manera prioritaria al del ejecutante se está dirigiendo, en primer término, en contra del ejecutado para que se reconozca la existencia de su crédito, por lo cual habrán de examinarse los presupuestos de procedencia de la acción para disponer el pago de su obligación. Y, en segundo lugar, conduce su acción en contra del ejecutante para que se reconozca a su parte el derecho a pagar con primacía el crédito de que es titular, con el producto del bien del ejecutado.

Lo anterior explica la exigencia de prueba respecto tanto de la existencia del crédito como de la preferencia, así como que tal carga se imponga al tercerista, puesto que el objetivo específico de éste al intentar su demanda es el intervenir en el pleito y anteponer su crédito al del ejecutante, buscando alterar los términos en que se ha constituido la relación procesal principal.

OCTAVO: Que en lo que concierne al examen de la tercería de prelación intentada por el Banco de Chile, es del caso subrayar que el inciso primero del artículo 2478 del Código Civil dispone que: “Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor”.

De su sola lectura se desprende que dicha norma contiene dos reglas: una, con carácter general y otra, con rango de excepción. En lo que dice relación con aquélla, consigna como principio que los créditos de primera clase no se extienden a las fincas hipotecadas. En cuanto a la segunda, contempla una fórmula que hace excepción a la anterior al señalar que los créditos de primera clase abarcarán a dichas fincas en el caso de que no pudieren satisfacerse en su totalidad con los otros bienes del deudor.

NOVENO: Que, cabe entonces consignar que para acreditar los fundamentos de su pretensión, el tercerista rindió prueba documental, acompañando a los autos los siguientes documentos: a) copia de contrato de compraventa con mutuo hipotecario, de fecha 27 de agosto de 2012, otorgada ante el Notario Carlos Demetrio Hormazábal Troncoso; b) copia de pagaré N° 000000040208, por la suma de $2.036.922.-, de fecha 25 de noviembre de 2013; c) informe de deudas directas; d) liquidación mutuo hipotecario N° 261060; e) liquidación pagaré N° 561003; f) liquidación pagaré N° 40208; g) pagaré original N° 000000040208, de fecha 25 de noviembre 2013, el que se encuentra en custodia bajo el N° 2562/19, y que se ha tenido a la vista; h) copia simple de mutuo hipotecario; i) liquidación mutuo hipotecario N° 261060; j) liquidación pagaré N° 561003; k) liquidación pagaré N° 40208; l) certificado de deuda préstamo hipotecario de fecha 05 de abril de 2019; m) memorándum mutuo hipotecario de fecha 05 de abril de 2019; y n) plan de pagos mutuo hipotecario de fecha 05 de abril de 2019.

Por su parte, la ejecutante acompañó a los autos los siguientes documentos: a) informe patrimonial realizado por Ministro de Fe-recaudador fiscal Sr. nombre reservado, de fecha 14 de junio de 2019; b) certificado de deuda extendido por Tesorería General de la República; c) certificado de dominio vigente, de Hipotecas y Gravámenes y de Prohibiciones e Interdicciones de la propiedad de autos; d) certificado de Deuda Fiscal; e) certificado de Deuda de impuesto territorial; f) certificado de Avalúo Fiscal; y g) piezas de expedientes administrativos Roles 12035-2014 y 12071-2017 Ambos de la comuna de Antofagasta.

DÉCIMO: Que, en este contexto, cabe concluir que la condición de que los créditos de primera clase sólo se extienden a las fincas hipotecadas en caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor, es un elemento de la acción de prioridad o preferencia de estos créditos. Por tanto, tal como lo ha sostenido en fallos precedentes esta Corte Suprema, el acreedor privilegiado de primera clase que invoque dicha preferencia sobre el bien gravado con hipoteca es quien debe acreditar que el deudor no tiene otros bienes, o bien que los que posee no son suficientes para cobrar en su totalidad sus créditos (SCS N 8500-11, de 03 de abril de 2012 y N 9612-12, de 15 de julio de 2013).

UNDÉCIMO: Que, para acreditar el primer presupuesto de la tercería de prelación -existencia del crédito-, el Banco tercerista allegó la documentación antes referida, constatándose la existencia del título ejecutivo necesario para interponer la tercería.

Es necesario tener además presente que según lo dispone el artículo 2470 del Código Civil, las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. A su turno el artículo 2471 del mismo cuerpo legal señala que gozan de privilegio los créditos de la 1°, 2° y 4° clase. En la primera clase de crédito encontramos los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de cargo, según lo preceptuado en el artículo 2472 N° 9 del Código Civil.

DUODÉCIMO: Que, como ya se dijo, correspondía además acreditar la insuficiencia de otros bienes del ejecutado para responder del pago del crédito de primera clase, para lo cual la Tesorería ejecutante acompañó un Informe Patrimonial evacuado por nombre reservado, Recaudador Fiscal de la Tesorería General de la República, documento que carece de valor probatorio, pues no es más que una especie de tasación, emanada de la misma parte ejecutante, que no permite acreditar que el deudor carecía de otros bienes suficientes para el pago de su acreencia, lo que eventualmente podría colegirse de lo obrado en sede administrativa, sino específicamente al hecho de que tales bienes, en caso de existir, son insuficientes para el pago del crédito, aspecto que lógicamente no puede estimarse satisfecho con dicho documento, pues para ello habría sido necesario informe de peritos tasadores o alguna otra prueba que hubiese permitido tener por establecido el valor comercial de los bienes del ejecutado a que se hace mención en el referido informe.

DÉCIMO TERCERO: Que lo anterior deja en evidencia que los sentenciadores del grado han arribado a la conclusión que era procedente, en este caso, acoger la tercería de prelación, mediante el análisis del mérito del proceso, las probanzas rendidas y la aplicación de las disposiciones legales que forman parte de las normas decisoria litis, las que, si bien, fueron denunciadas como infringidas por el recurso en estudio, en definitiva se aprecia que éstas fueron correctamente aplicadas en este caso en particular, porque no tienen influencia en lo dispositivo del fallo, al estimarse el certificado como prueba insuficiente para acreditar la inexistencia de otros bienes respecto de los cuales busca hacerse pago y porque la alegación respecto de la falta de ponderación de la prueba rendida es propia de un recurso de casación en la forma, que debió interponerse, en su caso.

DÉCIMO CUARTO: Que así entonces, habiéndose efectuado por la Corte de Apelaciones recurrida una correcta aplicación de la normativa atinente al caso en estudio y no configurándose, en consecuencia, los errores de derecho pretendidos por la impugnante, su arbitrio será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 145 del Código Tributario, 767, 772 y 805 del Código de Procedimiento Civil, SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado don Fernando Alonso Sepúlveda Rojas, en representación de la Tesorería Regional de Antofagasta, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esa ciudad con fecha cinco de marzo de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Repetto.

Rol Nº 43.677-2020.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros señora María Angélica Repetto G., señor Mario Carroza E., señora María Soledad Melo L., señor Jorge Zepeda A. (S) y señora Eliana Quezada M. (S). No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro Sr. Zepeda (S), por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 23 de febrero de 2026.