Casación en el fondo

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

En este procedimiento ordinario sobre cobro de pesos, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-29046-2019, caratulado “HDI Seguros S.A./ nombre reservado”, por sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós acogió parcialmente la excepción de prescripción, y rechazó la demanda.

Apelado dicho fallo por la parte demandante, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de catorce de agosto de dos mil veinticinco, lo revocó, en lo apelado, y ordenó al demandado el pago de $2.880.118, por concepto de capital adeudado, y de $636.024 por avaluación anticipada de perjuicios, con reajustes desde que la sentencia quede ejecutoriada, e intereses corrientes contados desde la mora del deudor, con costas.

En contra de esta última sentencia, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia una errónea aplicación de los artículos 1545, 1546, 1551 y 1608 del Código Civil, en relación con lo previsto en el artículo 534 del Código de Comercio.

Representa que los sentenciadores ordenan el pago del capital adeudado, con reajustes e intereses corrientes, pero sólo desde que la sentencia quede ejecutoriada (sic), no obstante que la correcta aplicación de las disposiciones que denuncia como vulneradas, imponen el pago de tales incrementos desde el retardo, poniendo de relieve que en el caso operó el requerimiento contractual expreso, conforme dispone el artículo 1551 Nº 1 del Código Civil. En igual sentido aduce que se soslayó el acuerdo existente, relativo a que los intereses que regirían serían los máximos convencionales, agregando que ellos debían calcularse desde la mora o retardo (destacando con negrilla y cursiva esa última palabra); así, propone que, habiéndose declarado prescritas las 6 primeras cuotas, la deuda se aceleró, debiendo considerarse que el retardo se produjo el 30 de diciembre de 2015.

Alega que no obstante lo expuesto, los sentenciadores se alejaron de la naturaleza declarativa de la sentencia, ordenando calcular los reajustes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada y los intereses desde la mora y no desde el retardo, con lo cual también vulneraron los artículos 534 del Código de Comercio y 1608 del Código Civil, en atención a que la forma en que se ordenó el cálculo de los mencionados incrementos, impidió a su parte subrogarse íntegramente en los derechos del asegurado a fin de obtener el reembolso de lo pagado. En apoyo a sus fundamentos cita jurisprudencia de esta Corte, recordando que la obligación perseguida desde su génesis fue líquida, determinada o determinable y exigible.

En consecuencia, solicita anular el fallo recurrido, y dictar uno de reemplazo en que se ordene el pago de lo adeudado con los reajustes e intereses máximos convencionales, calculados desde la fecha del retardo, es decir, desde el 30 de diciembre de 2015, y costas; y/o fallar de la forma que en derecho corresponde conforme al mérito de estos antecedentes.

SEGUNDO: Para la acertada inteligencia del asunto y resolución del recurso de casación en el fondo interpuesto, cabe tener presente los siguientes antecedentes del proceso:

1º.- El 24 de septiembre de 2019, comparece Marcelo Chau Yáñez en representación de HDI Seguros S.A. continuadora de ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., interponiendo demanda de cobro de pesos en contra de nombre reservado, en calidad de fiador y codeudor solidario de nombre reservado, solicitando se le condene al pago de $3.180.118 más $636.024 por concepto de multa pactada, sumas que pide incrementar con el interés máximo que es posible pactar en operaciones de créditos de dinero al día 30 de mayo de 2015, para obligaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de 5.000 UF, hasta el día en que se haga el pago efectivo y total de la deuda, con costas.

Aduce que el 18 de mayo de 2015, nombre reservado -afianzado y deudor- y su parte celebraron acuerdo de Convenio de Pago de HDI, mediante el cual el primero se obligó a pagar la cantidad de $3.180.118 en 11 cuotas, con vencimientos mensuales y sucesivos a contar del 30 de mayo de 2015, las primeras diez por el monto de $50.000 y una final de $2.680.118.

A su vez, expone que el demandado en conjunto con otras personas, suscribieron el documento denominado Contragarantía de Seguros de Fianza, el cual comprendió todas y cada una de las obligaciones que el afianzado haya contraído o llegase a contraer, obligándose el demandado y nombre reservado, como fiadores y codeudores solidarios, agregando que una de sus obligaciones es la de reembolsar a la aseguradora lo que esta haya pagado al asegurado, en virtud de la póliza N° 209692.

Asevera que conforme al Certificado de Pago, Finiquito y Subrogación de Derechos, la correspondiente indemnización fue pagada, transfiriendo el asegurado todos los derechos, acciones y privilegios que en razón del siniestro 42008126, tenga en contra de terceros responsables con el objetivo de obtener el reembolso de la suma pagada, de acuerdo al artículo 534 del Código de Comercio.

Indica que existiendo cláusula de aceleración para el evento de retardo o mora en lo adeudado, hecho que se produjo el 30 de mayo de 2015, ya que el deudor no pagó suma alguna, cobra la totalidad de la deuda, ascendente a $3.180.118 en capital y $636.024 por concepto de multa, la que se fijó en el 20% del capital; seguidamente, solicita que los referidos montos sean aumentados con intereses, debiendo aplicarse el interés máximo convencional fijado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, vigente a la fecha del retardo o mora -lo que habría ocurrido el 30 de mayo de 2015- para obligaciones inferiores o iguales a 5000 UF, no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, plazo que se aplicaría porque el convenio se suscribió el 18 de mayo de 2015 y el primer vencimiento se fijó para el 30 de mayo del mismo año, indicando que la tasa ascendería al 29,67% anual. Finalmente indica que la deuda de que se trata no deriva de una operación de crédito de dinero y que, por tanto, estamos frente a un interés convencional.

2º.- El demandado en su escrito de contestación, en primer término, opone la excepción de prescripción, asentada en que el deudor se constituyó en mora el 30 de mayo de 2015, con lo cual se aceleró el crédito y que, desde aquella fecha a la de notificación de la demanda, hecho verificado el 19 de noviembre de 2020, transcurrió el plazo previsto en el artículo 2492 del Código Civil.

A continuación, contestando la demanda, solicita el rechazo de la misma, esgrimiendo que ella carece de fundamentos, por cuanto el demandante acompañó simplemente una copia de la garantía y no adjuntó la póliza de seguro, contrato principal que debe ser exhibido.

3º.- Al evacuar el traslado de la excepción de prescripción, el demandante pide su rechazo, indicando que la demanda fue presentada oportunamente; sin perjuicio de ello, sostiene que únicamente se encontrarían prescritas las cuotas 1 a 6, cuyos vencimientos se verificaron entre el 30 de mayo de 2015 al 30 de octubre del mismo año, afirmando que se encuentra vigente la acción para el cobro de las cuotas 7º a 11º y para la multa pactada.

TERCERO: Los sentenciadores, conforme a la prueba rendida por las partes, dieron por establecido el siguiente hecho:

1º.- ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A. pasó a llamarse HDI Seguros S.A., demandante de autos y legítima acreedora de las obligaciones emanadas del contrato de seguros objeto del juicio.

CUARTO:

Que, la sentencia de primer grado acoge la excepción de prescripción en relación a las cuotas 1º a 6º, para ello define que la acción ejercida corresponde a la de cobro de pesos, sustentada en un convenio de pago, acción cuyo plazo de exigibilidad se rige por lo establecido en el artículo 2515 del Código Civil. Razona que para fijar la oportunidad en que la obligación se hizo exigible, se ha de considerar la existencia de una cláusula de aceleración, la que se hizo efectiva el 24 de septiembre de 2019, con la presentación de la demanda, hecho que se ha de interpretar sin perjuicio del vencimiento de cada cuota en particular.

De esta forma concluye que la acción para el cobro de las cuotas 7º a 11º, así como la prevista para el cobro de la multa, se encuentran vigentes.

Por su parte, la sentencia de segundo grado al conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante, revoca la sentencia de primera instancia en lo apelado, acogiendo parcialmente la demanda, estableciendo que el demandado estaba obligado a responder a ISE Chile Compañía de Seguros Generales S.A., actualmente HDI Seguros S.A.

Luego, trayendo a colación el mérito de la Póliza de seguro N°209692, relativa al siniestro N° 4208126 (sic), del contrato denominado Contra Garantía de Contrato de Fianza, establece que se verifica la obligación del demandado de devolver a la compañía aseguradora los montos que ella pagó a la Fuerza Aérea de Chile, conforme a los riesgos asegurados en la respectiva póliza. Seguidamente, determina que cobra sentido acceder a lo demandado, en tanto consta el Convenio de Pago HDI, cuyo objeto fue llegar a un acuerdo en relación al no pago oportuno de los dineros adeudados provenientes de la póliza Nº 209692.

QUINTO: Que, iniciando el estudio del recurso, es posible advertir que el recurrente impugna la oportunidad a partir de la cual se deben contabilizar los reajustes e intereses, reprochando la orden de aplicar los reajustes desde que la sentencia quede ejecutoriada y los intereses desde la mora, postulando que ambos deben contabilizarse desde el retardo en el pago de la obligación, esto es, el 30 de diciembre de 2015; en segundo lugar, acusa que los sentenciadores incurren en un error al disponer que el interés que se debe considerar es el interés corriente, no obstante que lo pactado y solicitado es el interés máximo convencional.

De lo expuesto precedentemente, así como de lo consignado en el fundamento primero de esta sentencia, es posible colegir que el recurso incurre en contradicciones e imprecisiones, sin embargo queda claro que plantea dos problemas jurídicos que esta Corte debe dilucidar; el primero de ellos, relativo a la fecha desde la que se devengarían los reajustes e intereses, en tanto que el segundo, respecto al tipo de interés que corresponde aplicar.

SEXTO: Que, en cuanto a la época desde la cual se han de contabilizar los reajustes e intereses, conviene recordar que el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil dispone que este arbitrio debe interponerse por la parte agraviada con la decisión, y tal agravio se relaciona con el perjuicio que el yerro de derecho denunciado acarrea para quien es parte en el litigio. En efecto, la sola infracción de ley no hace viable este recurso, sin que además exista un interés subjetivo comprometido en las anomalías que le sirven de sustento, y este requerimiento es relevante no sólo por ser una imposición legal, sino porque la labor de esta Corte debe ajustarse al agravio denunciado, encuadrando así la competencia de este tribunal de casación.

SÉPTIMO: Que, seguidamente, de la atenta lectura de la demanda se colige que el actor no solicitó la imposición de reajustes y pidió aplicar los intereses vigentes a la fecha del retardo y mora, es decir, aquel existente al 30 de mayo de 2015, fecha en que se habría iniciado la mora del deudor, haciendo exigible la totalidad del crédito por efecto de la cláusula de aceleración.

De esta forma, habiéndose ordenado el pago de reajustes, aun sin haberse solicitado, ningún agravio pudo generar a su parte la forma en que se dispuso la contabilización de estos; igual conclusión ha de hacerse extensiva respecto al hecho que hace operar los intereses, desde que fue el mismo recurrente quien solicitó aplicar el interés vigente desde el retardo y mora, conceptos que si bien jurídicamente poseen diferente significación, el actor los utilizó de manera indistinta en la demanda, provocando que su pretensión se viera satisfecha, ya sea que el tribunal decidiera que debía aplicarse el interés vigente al y desde el retardo o bien desde la mora, lo que necesariamente conduce al rechazo del recurso en este extremo.

OCTAVO: Que, respecto a este mismo reproche, conviene poner de relieve que los sentenciadores definieron que se debe aplicar el respectivo interés desde la época de la mora, desechando que el simple retardo -el que principió el 30 de mayo de 2015- haya provocado la contabilización de los intereses respecto a la totalidad del crédito, tal decisión guarda correspondencia con una tomada previamente, que no fue objeto del recurso y que, por el contrario, el propio actor planteó en defensa de la vigencia de su crédito. En efecto, ya por sentencia de primer grado se desechó que la cláusula de aceleración haya operado por el retardo en el pago de la primera cuota pactada para el cumplimiento de la obligación, determinando que ella se hizo efectiva con la interposición de la demanda, época a la que cada cuota -individualmente considerada- ya había vencido, acogiendo de aquella manera la tesis planteada por el actor al evacuar el traslado de la excepción de prescripción, interpretación que le permitió mantener la vigencia de la acción para el cobro de cuotas 7º a 11º y de la multa pactada. Lo expuesto permite concluir que el recurrente construye la objeción a la sentencia, sosteniendo una postura distinta de aquella que defendió durante la tramitación del juicio, actitud procesal que no encuentra amparo en nuestro ordenamiento jurídico, lo que también conduce al rechazo de este capítulo de nulidad.

Finalmente, en lo relativo a los reajustes, se dirá, que como lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, ordenar el pago de una suma de dinero reajustada, aun sin mediar una petición en tal sentido, no implica conceder más de lo pedido, ya que el juez está habilitado para establecer el reajuste de la suma condenada a pagar en conformidad a las facultades que le son otorgadas por el ordenamiento jurídico, a fin de evitar la desvalorización monetaria que se produce por el transcurso del tiempo. (Corte Suprema Rol Nº 56527-2025).

NOVENO: Que, respecto al segundo problema que se dejó enunciado en el párrafo final del motivo quinto, recordaremos que el recurrente reprochó que se impusiera al demandado únicamente los intereses corrientes y no el máximo convencional pedido por su parte en la demanda, solicitando que en sentencia de reemplazo se ordene aplicar este último, petición que carece de la precisión debida. Efectivamente, el actor asevera que las partes pactaron la aplicación del interés máximo convencional, cálculo que como se sabe lo realiza la Comisión para el Mercado Financiero, para las operaciones derivadas de crédito de dinero, las que son segmentadas según el tipo de moneda, plazo y monto en UF, elementos que pese a definir la tasa de interés máxima convencional no son especificados en la demanda, no siendo posible para esta Corte determinar aquellos elementos únicamente por las condiciones pactadas para el pago de la obligación en cuestión, ya que tal como lo indicó el recurrente en su demanda, esta no es una operación de crédito de dinero de aquellas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 18.010, sino que estamos frente a una tasa de interés convencional, cuyo pacto también adolece de ciertas inconsistencias, como se verá más adelante.

DÉCIMO: Que, siguiendo la línea argumental, aun bajo los parámetros de desformalización y simplificación que caracterizan a este arbitrio desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.374, ello no libera al recurrente de plantear cuáles son sus pretensiones con la interposición del recurso, pues no debe olvidarse que la sentencia de reemplazo que esta Corte debe dictar cuando invalida una sentencia por casación en el fondo debe limitarse a la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, según lo mandata el artículo 785 del Código adjetivo. Así, el fallo de casación debe pronunciarse sobre la existencia del error de derecho invocado, de su influencia en lo dispositivo y sobre la anulación de la sentencia; en cuanto a las pretensiones que se persiguen con la sentencia de reemplazo, se debe ser concreto y a fin con las peticiones de la litis, de forma que no sea posible confundir lo que se pide al tribunal, cuyo es el caso.

UNDÉCIMO: Que, aun cuando lo precedentemente expuesto resulta suficiente para rechazar en este aspecto el recurso, resulta pertinente consignar que el actor en su demanda solicitó aplicar el interés máximo convencional para operaciones no reajustables inferiores a 90 días, sin embargo este último aspecto no fue definido en el convenio de pago, en el que sólo se señaló que “las cantidades adeudadas devengarán, automáticamente y a contar de la mora o retardo, el interés máximo que es posible pactar en operaciones de crédito de dinero, hasta el día que se haga el pago efectivo y total”.

En la resolución de las infracciones de derecho denunciadas, la omisión aludida no es baladí, no sólo porque estamos frente a un interés convencional, en que -por tanto- la naturaleza de la operación no necesariamente define este tipo de elementos, sino que además porque el actor al demandar solicitó la aplicación del interés máximo convencional para operaciones inferiores a 90 días, esgrimiendo para ello que el plazo entre la fecha de la convención y aquel fijado para el vencimiento de la primera cuota sería inferior a 90 días. Tal petición, además de constituir una arbitrariedad, en tanto con ello el actor se arrogó la facultad de definir unilateralmente los términos de una convención, conlleva un falso concepto de los términos que rigen en las operaciones de crédito de dinero, ya que como se sabe, en tales obligaciones de dinero ese plazo está definido por el previsto para solucionar la totalidad de la deuda, en el caso, 11 meses, periodo muy superior a los 90 días invocados por el actor.

De consiguiente, malamente los sentenciadores pudieron llegar a infringir la ley del contrato y, en consecuencia, lo previsto en el artículo 1545 del Código Civil, así como su derecho a subrogarse íntegramente en los derechos del asegurado, según mandatan los aludidos artículos 534 y 1608.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, por las razones expresadas, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Marcelo Enrique Chau Yáñez, en representación del demandante, en contra de la sentencia de catorce de agosto de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se previene que la ministra señora Repetto concurre al rechazo del recurso, sin compartir el fundamento expresado en el párrafo segundo del motivo octavo de esta sentencia, pues en su concepto, sólo se pueden decretar reajustes respecto a una suma de dinero que se ordena pagar, si ellos son solicitados.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del ministro Sr. Silva C.

Rol Nº 52.996-2025

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y el Abogado integrante señor Álvaro Vidal O.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor nombre reservado, por estar con permiso y el Abogado integrante señor Vidal, por haber cesado sus funciones.