Contrato de seguro

Santiago, diez de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

En los autos sobre procedimiento ordinario, tramitados ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-13.748-2024, caratulados “nombre reservado / Chubb Seguros de Vida Chile S.A”, por sentencia de ocho de abril de dos mil veinticinco, el tribunal de primera instancia acogió la excepción dilatoria de incompetencia y omitió pronunciamiento respecto de la dilatoria de litispendencia, sin costas.

Se alzó el actor y, por determinación de siete de julio del mismo año, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad revocó lo decidido y en su lugar rechazó la excepción de incompetencia y acogió la de litispendencia, sin costas.

En contra de esta última resolución, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:

PRIMERO: Que, la demandante y recurrente denuncia como infringidos los artículos 92, 177 y 303 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que si bien nuestra normativa omite detallar los requisitos de la excepción de litispendencia, sería un tema pacífico en la doctrina y la jurisprudencia que aquellos corresponden a la triple identidad legal entre ambas causas, según lo establecido en el artículo 177 Código de Procedimiento Civil y, por ende, una correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 303 N°3 de dicho cuerpo legal en relación con la norma antes citada implicaría analizar si, en los hechos, se configura la identidad legal de personas, la identidad de cosa pedida y de la causa de pedir entre los procedimientos que se comparan, lo que en la especie, no se cumpliría.

Ello, porque en un primer juicio, los demandantes fueron ella y don nombre reservado y los demandados son Chubb Seguros de Vida Chile S.A. y Banchile Corredores de Seguros Limitada, mientras que en el proceso sub lite solo ella es la actora y ha demandado únicamente a Chubb Seguros de Vida Chile S.A.

De lo anterior, estima que constaría que no se cumple con el primer requisito, al no haber identidad legal de las personas, que en el primer caso son cuatro y en el segundo son solo dos, citando al efecto jurisprudencia de esta Corte, en apoyo de su postura y expresa que, no obstante que lo indicado sería suficiente para advertir el error cometido, igualmente analizará los restantes elementos de la litispendencia.

En cuanto a la cosa pedida, expresa que de solo comparar los petitorios de ambas demandas, se advierte que ellos son distintos, porque en el primero hay personas que no figuran en el segundo proceso. Además, en esta demanda se pide que se condene a la demandada a pagar la suma de $41.765.670, que corresponde al monto cancelado por consultas, honorarios médicos, exámenes de laboratorio, quimioterapia, bonos de Fonasa, radiografías y otros, petición que no consta en el otro juicio.

Y, respecto a la causa de pedir, analiza el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y lo que ha dicho esta Corte al respecto, advirtiendo que en los dos procesos habría causas de pedir totalmente diversas, porque en la primera, aquella radica en la calidad de asegurado del señor nombre reservado respecto de la póliza objeto del juicio, además de las negligencias que se imputan a ambas demandadas en el proceso de contratación y ejecución del contrato de seguro, tratándose de una petición de cumplimiento forzado de aquél, mientras que este proceso se funda en los perjuicios soportados por ella y derivados del incumplimiento contractual de la demandada Chubb Seguros de Vida Chile S.A. respecto de la póliza en la que figura como contratante, siendo lo pedido una indemnización de perjuicios por un incumplimiento contractual y que el hecho de existir similitud y conexión entre ambos juicios -lo que hizo que ellos pidieran la acumulación de ambos procesos-, no implicaría aseverar que exista una identidad en la causa de pedir, por lo cual tampoco se daría este tercer requisito como para acoger la excepción.

En lo relativo al artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la falta de aplicación de dicha norma, que establece los requisitos para acumular procesos; ello porque la acumulación carece del efecto propio de la litispendencia, de poner fin al juicio, sino que permite que continúe conjuntamente al otro proceso, lo que debió ser advertido por los sentenciadores, porque al no concurrir en la especie la triple identidad y al solicitar ellos la señalada acumulación, era aplicable dicha norma en la especie y, de haberse aplicado, la sentencia habría rechazado la excepción de litispendencia y habría reconocido que los antecedentes permitían únicamente acumular, la solución más adecuada a su entender, para este caso.

Por dichas consideraciones, solicita que se acoja su recurso, se anule la sentencia recurrida y se dicte una de reemplazo que rechacen las excepciones opuestas.

SEGUNDO: Que, para los efectos de una debida inteligencia de las cuestiones planteadas por la actora y recurrente, es menester reseñar algunos de los antecedentes de mayor relevancia que surgen del proceso, en el cual se pronunció la sentencia que se impugna:

a) El 30 de julio de 2024, doña nombre reservado demandó a Chubb Seguros de Vida Chile S.A., expresando que existía una demanda previa, tramitada ante el mismo tribunal, Rol C-7978-23, entre las mismas partes, la cual, a la fecha de esta segunda acción, estaba con la interlocutoria de prueba dictada, sin notificar, acción que se dedujo en mayo de 2023 por ella y por don nombre reservado, en contra de la misma demandada de estos autos y también en contra de Banchile Corredores de Seguros Limitada, la que se fundó en que el 8 de febrero de 2023 pidió ella la incorporación del señor nombre reservado, su conviviente, en una póliza de seguro de salud catastrófico denominada Seguro para Prestaciones Médicas de Alto Costo, mediante la suscripción de una propuesta de seguros firmada por todas las partes (la aseguradora, el corredor, ella y el señor nombre reservado). Expresa que veinte días después, el señor nombre reservado fue diagnosticado con cáncer de colon, metástasis en pulmón, hígado y huesos y, ante dicho escenario y considerando que previamente ella había solicitado el envío de la póliza de seguros, la volvió a pedir, con la finalidad de efectuar el denuncio del siniestro, momento en el cual se le informó que el seguro había sido cancelado por preexistencia de salud del señor nombre reservado.

Indica que el 16 de mayo de ese año, a raíz de lo expresado, ella y su pareja dedujeron la primera demanda, de cumplimiento forzado del contrato de seguro en contra de Chubb y de cumplimiento forzado del contrato de corretaje de seguro en contra de Banchile, en la cual pidieron que se declarara que: i) Chubb había incumplido el señalado contrato suscrito con los actores y que el incumplimiento derivaba del hecho de haberse “cancelado” unilateralmente la póliza, por una supuesta preexistencia (aún no informada a los actores), inexistente o no conocida por el señor nombre reservado al 8 de febrero de 2023; ii) que se declarara que la póliza sigue vigente hasta el día de hoy, al no comunicar los demandados de su cancelación en la forma establecida en la ley y en el contrato; iii) se declare que Chubb accedió ilegalmente a la ficha clínica del paciente, sin autorización de este y con evidente infracción a diversas leyes; iv) se ordene a Chubb a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato de seguro y se ordene el reembolso de todos los gastos y prestaciones médicas del señor nombre reservado, a raíz de su diagnóstico de cáncer, conforme la póliza contratada; v) se les condene al pago de $45.000.000 por el daño moral padecido por don nombre reservado, derivado de la cancelación ilegal de la póliza y del uso ilegal de información médica confidencial; vi) se les condene a pagar $25.000.000 a ella, en su calidad de contratante de la póliza, por las angustias generadas a raíz del actuar casi doloso de la aseguradora, al haber cancelado de forma ilegal y unilateral el contrato, por una supuesta preexistencia inexistente o no conocida por el asegurado al momento de contratar, lo que ha derivado en ella una profunda angustia, por los efectos de la negativa de la aseguradora en orden a cumplir con sus obligaciones; vii) más la reserva del artículo 173 del Código de Procedimiento Civil para avaluar el perjuicio indemnizable con cargo a la póliza, una vez la sentencia esté ejecutoriada; más intereses, reajustes y costas. Añade que respecto de Banchile Corredores de Seguros, se pidió que se declare: i) que actuó de manera negligente en el ejercicio de su rol como corredor de seguros, infringiendo diversas normas que reglan su actividad y que en definitiva se tradujeron en una mala asesoría y asistencia al asegurado y contratante; ii) que en forma autónoma o en concomitancia con Chubb, accedió ilegalmente a la ficha clínica del paciente, sin autorización de este y con evidente infracción a diversas leyes; iii) se le ordene pagar una indemnización de $30.000.000 por daño moral sufrido por su conviviente y derivado de su mala asesoría y del uso ilegal de información médica confidencial; iv) se le condene al pago de $15.000.000 a favor de ella, como contratante de la póliza y por las angustias generadas a raíz del actuar negligente de la corredora y su negativa en orden a cumplir con sus obligaciones, más intereses, reajustes y costas.

Luego, el 29 de noviembre de 2023 don nombre reservado falleció, como consecuencia del cáncer que padecía. Al efecto, la actora indica que su pareja empeoró en junio de 2023, por lo que debió ser hospitalizado y que ella, con el dinero de su patrimonio, debió hacerse cargo de cada uno de los gastos médicos hasta su muerte, porque él no pudo solventarlos, además de manifestar que nunca pensaron que la enfermedad avanzaría tan rápido.

Expresa que, lo que se pide en esta demanda es la indemnización de los perjuicios materiales, que corresponden al reembolso de los gastos médicos que Chubb debía soportar, conforme el contrato de seguro suscrito por las partes, teniendo ella la calidad jurídica de contratante del contrato de seguro que la une a Chubb, además del hecho de haber pagado $41.765.670 en diversas consultas médicas, honorarios médicos, exámenes de laboratorio, y diversos gastos que menciona.

Además, hace presente que hace más de 29 años que está unida al Banco de Chile y a varias de sus filiales, manteniendo una cuenta corriente en el Banco Edwards, que trabajó 27 años en Banchile Corredores de Bolsa S.A., hasta enero de 2020 y que además posee un vínculo contractual con Banchile Corredores de Seguros, que es la empresa que ha intermediado varias de las pólizas que ella ha suscrito.

Añade que el señor nombre reservado, en el año 2020 y por razones económicas derivadas del mal estado general del negocio inmobiliario y de construcción en el cual se desempeñaba, decidió desafiliarse de su Isapre e irse a Fonasa y que fue por ello que adoptaron la decisión de tomar una nueva póliza de seguro catastrófico, para que él tuviera los mismos beneficios que ella y su seguro, que ya había contratado años antes en Chubb, bajo la intermediación de Banchile. Y fue por ello que el 8 de febrero de 2023 ella, a través de su ejecutiva del Banco Edwards, pidió que se incorporara a Mendoza a una póliza de seguro de salud catastrófica.

Señala que el contrato de seguro se perfeccionó el mismo día 8 de febrero, cuando todas las partes firmaron la propuesta -ella como contratante, él como asegurado, la aseguradora era Chubb y el corredor Banchile- en la cual se indicaba que las condiciones generales del seguro correspondían al “Seguro para Prestaciones Médicas de Alto Costo”, (POL320220032), “Póliza de Seguros de Asistencia de Decesos” (POL220131250) y la “Cobertura adicional de invalidez accidental total y permanente” (CAD320220033), con las coberturas que señala, además de indicarse que la póliza regiría desde ese día y hasta el 8 de febrero de 2024, con renovación anual y automática, salvo aviso en contra, por carta certificada, con 30 días de antelación al vencimiento, además de informársele que el costo sería de 1,62 U.F. mensuales.

Expresa que, el 16 de febrero de 2023 ella le pidió a su ejecutiva que le entregara físicamente la póliza, mediante correo electrónico, lo que nunca ocurrió y que al día siguiente el señor nombre reservado fue a ver a un médico general -don nombre reservado-, a San Antonio, por una sospecha de neumonía, quien luego de examinarlo le recomendó ir a donde un oncólogo y hacerse diversos exámenes, en base a ciertas evidencias encontradas luego del examen médico, lo que hizo el día 20 de ese mes, cuando visitó al oncólogo don nombre reservado en la Clínica Indisa, quien le ordenó diversos exámenes, entre ellos, una biopsia y que el 28 de febrero Mendoza retiró la biopsia y otros exámenes y fue a ver al médico Garrido, quien le diagnosticó ese día cáncer de Colon, además de metástasis en pulmón, hígado y huesos, y que frente a ese diagnóstico, ella pidió nuevamente, el 1 de marzo de 2023, el envío de la póliza, recibiendo el mismo día un email del banco, donde se le informó que el seguro se encontraba “cancelado” por pre existencia de salud, lo que le sorprendió, porque previo a la comunicación con el banco, ella había revisado la página web, en cuanto a sus productos, y el seguro catastrófico tomado a favor de Mendoza aparecía vigente, con la vigencia ya señalada, de lo que concluye que la demandada accedió de manera ilegal y sin la autorización del señor nombre reservado a su ficha clínica, porque solo así pudo tomar conocimiento de la existencia de antecedentes médicos posteriores al 8 de febrero de 2023, pese a que la ficha clínica es calificada como “dato sensible” según el artículo 12 inciso 2° de la Ley N°20.584 y el artículo 2° de la Ley N°19.628.

Además, expresa que al momento de suscribir el contrato, el señor nombre reservado no estaba en conocimiento de ninguna pre existencia, menos de un diagnóstico de cáncer y que la aseguradora no le pidió ningún examen, por lo que al firmarse la propuesta por todos, el contrato nació a la vida jurídica desde ese momento y así sus condiciones y términos fueron aceptados, incluida su vigencia, por lo que no podía invocarse una pre existencia si el diagnóstico fue 20 días después.

Invoca el estatuto de responsabilidad contractual, los artículos 1545, 1546, 1547 y 1560 del Código Civil y el artículo 529 N°2 del Código de Comercio y solicita que se acoja su demanda y se condene a la demandada a pagar $41.765.670 por los diversos gastos incurridos por ella, en el tratamiento, consultas, honorarios médicos, exámenes y otros que señala, respecto del señor nombre reservado y en subsidio, las sumas que el tribunal determine, con costas.

b) Tras ser notificada, la demandada opuso la excepción dilatoria de incompetencia y en subsidio la de litispendencia, ambas previstas en el artículo 303, en sus números 1 y 3 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a la primera, reclaman la incompetencia absoluta del tribunal, señalando que en materia de seguros, la competencia para resolver conflictos que se susciten entre la contratante del seguro y la aseguradora es arbitral, según el artículo 543 del Código de Comercio, que establece arbitraje forzoso, haciendo presente que si bien en algunas ocasiones el asegurado podría acudir a la justicia ordinaria, eso no podría realizarlo la contratante, cuyo es el caso, además de invocar el artículo 13 inciso 1° de las Condiciones Generales del contrato de seguro, que va en el mismo sentido.

En subsidio, opone la excepción de litispendencia, estimando que concurre una triple identidad con el otro proceso, en el cual se encuentran acumuladas diversas acciones y respecto de una de ellas -la acción de cumplimiento de contrato de seguro e indemnización de perjuicios ejercida por la actora en contra de Chubb-, existiría plena identidad legal de partes, de objeto y de causa de pedir con la presente demanda, por lo que habría litispendencia, aludiendo, además, a la figura por conexidad, que concurre cuando, pese a no cumplirse todos los requisitos de la triple identidad, dos procesos están vinculados de modo tal que la sentencia que ha de recaer sobre un juicio producirá la excepción de cosa juzgada sobre el otro.

Analiza lo expresado por la propia actora en su demanda, en cuanto a que existe otro juicio, anterior, que está pendiente en el mismo tribunal, en el que hay pluralidad de actores y demandados, la actora como contratante, su conviviente (ya fallecido) como asegurado, ellos como aseguradores y Banchile como corredores, proceso en el que están acumuladas cuatro acciones, a saber: 1) la interpuesta por la actora de autos, como contratante en contra de ellos, como supuestos aseguradores; 2) acción del supuesto asegurado en contra de ellos, como aseguradores; 3) acción de la actora, como contratante, en contra de Banchile Corredores de Seguros Ltda., como supuesto corredor y 4) la acción del asegurado en contra de Banchile como supuesto corredor.

Respecto de esta causa y la primera de las mencionadas acciones existiría litispendencia, al cumplirse con la triple identidad de personas, cosa pedida y causa de pedir. Ello, porque dos de las cuatro partes del otro juicio son las mismas que en este. En cuanto a la cosa pedida, constaría en el petitorio de las demandas, que corresponde a $41.000.000 por diversos gastos y, lo requerido en el otro proceso -que incluye varias pretensiones- entre las cuales solicita el reembolso de todos los gastos y prestaciones médicas del señor nombre reservado a raíz de su diagnóstico de cáncer, conforme el tenor de la póliza contratada, lo que se expresa se avaluará según lo dispuesto en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil, lo que no sería óbice para que exista identidad de la cosa pedida, porque si en el primer juicio se pidió que en la etapa de cumplimiento se debatiera sobre el monto de esos perjuicios, no podía entonces deducirse otra acción, para cobrar aquellos.

Y en cuanto a la causa de pedir, indica que en ambos procesos aquella está constituida por el contrato suscrito por la aquí actora, en favor de su pareja, respecto a los gastos incurridos a raíz de la enfermedad padecida por él y el supuesto incumplimiento contractual de ellos.

En subsidio, alega litispendencia por conexidad, al ser claro que, lo que se resuelva en el otro juicio producirá cosa juzgada en este, porque allí habrá de resolverse si existe o no el contrato de seguro que funda la demanda, además de si existe un siniestro indemnizable; si ellos “cancelaron” la póliza por preexistencia, la legalidad de aquello y la vigencia del supuesto contrato, además de la efectividad de haber sufrido la aquí actora, perjuicios patrimoniales por el supuesto incumplimiento del contrato de seguro.

c) Si bien se otorgó traslado, aquel no fue evacuado por la parte demandante.

d) Por sentencia de 8 de abril de 2025, el tribunal a quo acogió la excepción dilatoria de incompetencia y omitió pronunciamiento de la excepción subsidiaria, sin costas;

e) El actor se alzó en contra de lo resuelto, pidiendo la revocación de la decisión y que se rechazaran ambas excepciones dilatorias y, por sentencia de 7 de julio de 2025, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad revocó lo decidido, rechazando la excepción de incompetencia, pero acogiendo la excepción subsidiaria de litispendencia, sin costas.

TERCERO: Que, la sentencia de primer grado, para acoger la excepción de incompetencia tuvo en consideración lo previsto en el artículo 543 del Código de Comercio y el artículo 13 inciso 1° de las Condiciones Generales del contrato de seguro, estimando que el conflicto de autos se producía, precisamente, entre el contratante y el asegurador, a propósito de un contrato de seguro suscrito entre ambos, enmarcándose así dentro de las hipótesis previstas en las normas invocadas, por lo que se concluyó que esta acción debía ser conocida, tramitada y fallada por un tribunal arbitral.

Por su parte, el fallo recurrido estableció, primeramente, que no había discusión en cuanto a que lo debatido en autos correspondía a un monto inferior a 10.000 U.F. y que el asegurado nunca estuvo en condiciones de ejercer acción alguna, al haber fallecido; luego se asentó que el sentido protector económico del contrato de seguro, frente a una situación como la descrita, no podía operar interpretativamente en contra del protegido y, de todo aquello se concluye que ningún fin protectivo de la regla prevista en el artículo 543 del Código de Comercio, se vería afectado si quien debía soportar el incumplimiento del contrato de seguro recurría a la justicia ordinaria, razones por las cuales, revocó la decisión de primer grado, en cuanto acogió la alegación de incompetencia.

A continuación y según lo previsto en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil -que dispone que el tribunal de alzada podrá fallar las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto en ella, sin que se requiera nuevo pronunciamiento del tribunal inferior- se analizó lo relativo a la excepción dilatoria subsidiaria de litispendencia opuesta y se concluye que el otro proceso corresponde a una demanda de cumplimiento forzado de contrato de seguro, ejercido por la demandante y el asegurado -ya fallecido-, en la cual se solicita que se declare que se ha incumplido dicho contrato, suscrito por los demandantes y que el incumplimiento deriva de haberse “cancelado” unilateralmente la póliza, por una supuesta preexistencia, de lo que se concluye que se configura en la especie y respecto de ambas acciones la triple identidad legal, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al existir identidad legal de las partes, objeto pedido y causa de pedir, por lo cual se acoge la mencionada excepción.

CUARTO: Que, para la resolución del recurso, es necesario asentar que la acción deducida en estos autos, corresponde a un juicio de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, derivado de los gastos soportados por la actora a raíz de la enfermedad sufrida por su pareja, los que no fueron cubiertos por el contrato de seguro que, a entender de la demandante, estaba perfeccionado y vigente, ello porque dicho contrato fue cancelado por la demandada, a raíz de una preexistencia de salud, que sería posterior en 20 días a la celebración de contrato de seguro, lo que la actora estima irregular y extemporáneo, porque la obtención de antecedentes médicos se habría hecho de manera ilegal y porque aquella cancelación se habría producido cuando el contrato ya había nacido a la vida jurídica.

Por su parte, el proceso anterior, conocido por el mismo tribunal a quo bajo el rol C-7978-23, corresponde a un procedimiento ordinario, titulado “cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios”, en el que acciona tanto la demandante de autos como su pareja, hoy fallecida, en contra de la aseguradora aquí demandada y de Banchile Corredores de Seguros Ltda., la que se basa en los mismos hechos aquí relatados, esto es, en el supuesto incumplimiento contractual del contrato de seguro, suscrito por la señora nombre reservado en favor del co demandante, con la aseguradora demandada, a través de la intermediación de la Corredora ya citada. Lo que se pide en aquel juicio, en cuanto dice relación a la demandante y demandado de este proceso, es: a) que se declare la Aseguradora incumplió con el contrato de seguro; b) que aquello deriva del hecho de haber “cancelado” unilateralmente la póliza Chubb Seguros, por una supuesta preexistencia; c) que se declare que dicha póliza sigue vigente a esa época (al no comunicarse la cancelación conforme al contrato o al derecho); d) que accedió ilegalmente a la ficha clínica del paciente; e) se ordene a CHUBB a dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato de seguro y se ordene el reembolso de todos los gastos y prestaciones médicas del Sr. nombre reservado a raíz de su diagnóstico de cáncer conforme el tenor de la póliza contratada (cita de la página 26 de la demanda, destacada para efectos del recurso); f) se le condene a pagar una indemnización por el daño moral padecido, ascendente a $25.000.000. Se hace presente que los actores se reservaron el derecho de “avaluar” el perjuicio material o patrimonial indemnizable con cargo a la póliza, una vez que la sentencia, estuviera ejecutoriada, más intereses, reajustes y costas.

QUINTO: Que, el asunto que esta Corte debe determinar es si se han cometido los errores que reclama el recurso, al acogerse la excepción dilatoria de litispendencia o bien, si el asunto fue correctamente decidido.

Al efecto, resulta útil recordar que, para que proceda dicha excepción es necesario “…que haya otro juicio, seguido entre las mismas partes y persiguiendo la misma causa y objeto” (Procedimiento Civil, Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, Ignacio Rodríguez Papic, quinta edición, abril de 1998, pág. 2).

El mismo autor señala que son cuatro los presupuestos de la litispendencia, a saber: 1° que exista un juicio pendiente, sea ante el mismo tribunal o ante otro; 2° identidad legal de personas; 3° identidad de objeto y 4° identidad de causa de pedir.

SEXTO: Que, el primero de los señalados presupuestos de la litispendencia es que exista otro juicio pendiente, lo que en la especie ocurre, porque el proceso Rol C-7978-23 está aún en tramitación, al haberse recibido la causa a prueba en su folio 55 y haber repuesto ambas partes de aquella decisión, según se lee de los folios 74 y 75, recursos que no han sido tramitados aún por el a quo y, a lo anterior se añade que la demandada interpuso un incidente de abandono del procedimiento, el cual se encuentra pendiente de resolución.

SÉPTIMO: Que, el segundo requisito es la identidad legal de personas, que según el autor citado “No es suficiente la identidad física, ya que una persona física puede constituir, desde el punto de vista legal, dos o más personas legales diversas; y, a la inversa, dos personas físicas pueden constituir una sola persona legal.”, (ob. cit., pág. 43).

Al efecto, puede concluirse que no hay dudas en la especie, en cuanto a que en ambos procesos, la demandante señora nombre reservado acciona como contratante de un seguro, otorgado por la demandada Chubb y que pide, entre otras cosas, que se la indemnice por el mismo incumplimiento contractual, referido a no haber otorgado la cobertura pactada, pese a verificarse un siniestro, atendida la cancelación unilateral del contrato, por parte de la aseguradora, por una preexistencia que no sería tal.

Si bien, en el primer proceso existe otro demandante y otro demandado (el asegurado y la corredora de seguros), lo cierto es que ello no obsta a que las calidades jurídicas con las que actúan en ambos procesos la señora nombre reservado y Chubb Seguros de Vida Chile S.A. son las mismas, porque en ambos juicios la primera reclama al segundo por el incumplimiento de un contrato y por los gastos asumidos por ella, a raíz de dicho incumplimiento.

Así las cosas, es necesario concluir que si existe una identidad legal de personas.

OCTAVO: Que, el tercer requisito existe identidad de la cosa pedida, que es el beneficio jurídico que se persigue en el juicio, el cual, como se razonó previamente, también es el mismo, porque en ambos procesos se persigue una indemnización por el costo de unos mismos gastos -los incurridos a raíz de la enfermedad del asegurado- que no fueron cubiertos por la póliza y, más allá que en el primer proceso la determinación de aquellos quedaría postergada para el cumplimiento de un eventual fallo favorable, lo cierto es que ello no obsta a determinar que esos gastos son idénticos.

NOVENO: Que, el cuarto requisito para que exista litispendencia, es la identidad de causa de pedir, la cual, según la obra ya citada, está constituida por “…las razones o motivos, hechos o fundamentos que inducen a reclamar un derecho. Es el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho que se reclama”.

A partir de lo antes expresado y del análisis de ambos procesos, no queda más que concluir que, en la especie, también estamos frente a una identidad en la causa de pedir en los dos procesos, porque tanto el primero de ellos como el de autos se sustentan en un incumplimiento contractual, que implicó que la enfermedad del asegurado no fuera cubierta con la póliza, lo que generó diversos daños, que aquí se cobran.

DECIMO: Que, de lo antes razonado, solo queda concluir que no se ha producido en la especie una infracción a los artículos 177 y 303 N°3 del Código de Procedimiento Civil sino que, por el contrario, ambos fueron correctamente aplicados al acogerse la excepción dilatoria de litispendencia, razón por la cual el presente arbitrio no puede prosperar.

UNDÉCIMO: Que, por último y en lo que respecta a la supuesta infracción al artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que, de verificarse aquél, ello habría ocurrido en el primer proceso, rol C-7978-23, tramitado ante el mismo tribunal a quo, porque fue en dicho proceso donde se pidió la acumulación de ambos juicios y donde la misma fue rechazada, en junio de 2025.

Ahora bien, debe hacerse presente que aquella decisión, que no hizo lugar a la pretendida acumulación de los procesos, no fue recurrida de forma alguna por la demandante, por lo cual, debe concluirse que dicha incidentista debió conformarse con tal decisión. Por ende, no resulta pertinente entonces que, en este proceso, aquella reviva un asunto que ya está finiquitado.

DUODÉCIMO: Que, en conclusión, queda en evidencia que las infracciones denunciadas no se han producido, razón por la cual, el recurso en análisis no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado don José Manuel Madero Escudero, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señora Repetto García.

N° 37.461-2025.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora Mireya López M. y el Abogado integrante señor Álvaro Vidal O.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Silva, por estar con permiso y el Abogado integrante señor Vidal, por haber cesado sus funciones.