Casación en el fondo

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

En estos autos ejecutivos sobre cobro de pagaré, tramitados bajo el Rol C-34.717-2019 ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Banco Security/ Esco Ingeniería y Servicios SpA”, se rechazaron, por sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintidós, las excepciones de los numerales 7 y 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil opuestas por la ejecutada Inmobiliaria JM SpA, ordenándose seguir adelante con la ejecución.

Apelada esa decisión por la aludida ejecutada, una sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, la confirmó en fallo de diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

En contra de esta última sentencia, la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que el fallo censurado infringe los artículos 434 N° 4 y 464 numerales 7º y 17º del Código de Procedimiento Civil; 98 y 107 de la Ley N° 18.092, sobre Letra de Cambio y Pagaré; 1529, 2514 y 2515 del Código Civil, y la Ley N° 21.226.

Acusa que la sentencia yerra al desestimar la excepción del N° 7 del citado artículo 464, pues los sentenciadores habrían desconocido una circunstancia palmaria, consistente en que se notificó a su parte por medio de nombre reservado, pese a que aquella no detentaba su representación legal, según darían cuenta la escritura pública de 16 de agosto de 2019 y el respectivo Certificado de Poderes.

En un segundo capítulo, denuncia contravención a los artículos 98 y 107 de la Ley N° 18.092 en relación con lo previsto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, fundado en que el crédito fue acelerado el 5 de agosto de 2019, agregando que los jueces erradamente determinaron que el cómputo del plazo de prescripción se interrumpió con la sola presentación de la demanda, en virtud de lo mandatado en la Ley N° 21.226, no obstante que la demanda se presentó con anterioridad a la entrada en vigencia de aquella norma.

Por último, reprocha que la sentencia impugnada no diera aplicación al artículo 1529 del Código Civil, estableciendo su inaplicabilidad porque la obligación no era indivisible, sin considerar que en las obligaciones solidarias, la equidad impone que si los efectos de la interrupción de la prescripción benefician a todos los acreedores, también la prescripción debe operar a favor de todos los deudores.

En consecuencia, solicita anular el fallo recurrido, y dictar uno de reemplazo en que se acojan las excepciones, o en subsidio se declare la nulidad de la notificación de la demanda por falta de emplazamiento, con costas.

SEGUNDO: Que para una adecuada inteligencia del asunto, se han de tener en consideración los siguientes antecedentes del proceso:

1º.- El 16 de diciembre de 2019, comparece nombre reservado, en representación de Banco Security, interponiendo demanda ejecutiva en contra de la deudora principal Esco Ingeniería y Servicios SpA y, en calidad de avalistas y codeudores solidarios, en contra de Enrique Alfonso Estruga Ferre e Inmobiliaria JM SpA, solicitando se despache mandamiento de ejecución y embargo en contra de los ejecutados por el monto de $461.095.251, más intereses y costas.

Refiere que su parte es titular del crédito de que da cuenta el pagaré N° 498610, suscrito el 1 de diciembre de 2016 por la suma de $461.095.251, capital que llegó a $501.989.331, en atención a los meses de gracia otorgados para su pago, devengando un interés de 0,72540% mensual; agrega que el pago se pactó en 183 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $4.963.901 cada una, con vencimiento los días 5 de cada mes, principiando el 5 de abril de 2017.

Menciona que en caso de mora o simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas de capital e intereses, se haría exigible la totalidad del crédito como si fuere de plazo vencido, agregando que la parte demandada dejó de pagar el crédito a contar de la cuota con vencimiento el 5 de agosto de 2019, razón por la que cobra la totalidad de la deuda.

Finalmente expone que los ejecutados Enrique Alfonso Estruga Ferre e Inmobiliaria JM SpA, se constituyeron en avalistas y codeudores solidarios.

2º.- La ejecutada Inmobiliaria JM SpA fue notificada de la demanda el 15 de octubre de 2020, y sus codemandados el 1 de julio del mismo año.

3º.- La ejecutada Inmobiliaria JM SpA, compareció oponiendo las excepciones de los numerales 7° y 17º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil; la primera de ellas se asienta en que su parte fue notificada a través de nombre reservado, pese a que carecía de representación, según darían cuenta la escritura pública de 16 de agosto de 2019 y el Certificado de Poderes del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta; así, alegó que se pretendía obligar a una sociedad por acciones, en contravención a lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y de la Ley N° 20.190.

A su vez, funda la excepción de prescripción, en que el acreedor ejerció la facultad de acelerar la totalidad de la deuda -según se habría confesado en la demanda- el 5 de agosto de 2019, época en que se inició la mora de su parte; luego, trayendo a colación que el plazo de prescripción previsto en el artículo 98 de la Ley Nº 18.092 es de un año, concluye que a la notificación de la demanda aquel habría transcurrido en exceso.

4º.- Al evacuar el traslado conferido, la parte ejecutante solicitó el rechazo de ambas excepciones; en cuanto a la del numeral 7°, aduce que ella fue mal planteada, desde que refiere a una eventual nulidad de la notificación de la demanda y no a la validez de la obligación.

En torno a la excepción de prescripción, indica que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley N° 21.226, las acciones se entienden interrumpidas por la sola interposición de la demanda, condicionada a su notificación dentro del plazo que dicha ley señala, lo que en la especie se cumplió. Con todo, asevera que el deudor principal fue notificado el 8 de julio de 2020 (sic), notificación que también habría producido la interrupción del plazo de prescripción en relación a sus codeudores. En subsidio, alega que el cómputo del plazo de prescripción no ha comenzado a correr, planteando que éste se inicia con el vencimiento de la última cuota prevista para el pago de la obligación, haciendo hincapié en que la cláusula de aceleración fue pactada en beneficio del acreedor, por lo que la totalidad de la deuda no se hace exigible por la sola mora, sino que es menester esperar el vencimiento de la última cuota. Finalmente, en subsidio de todo lo anterior, solicita se declare la prescripción sólo respecto de las cuotas con vencimiento anterior a un año, contado desde la notificación de la demanda.

TERCERO: Que, la sentencia de primer grado, confirmada en lo pertinente por el fallo objetado, rechazó las excepciones opuestas; así, en cuanto a la excepción del numeral 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, razona que ella debe sustentarse en situaciones fácticas orientadas a mermar el valor del título ejecutivo, resultando impertinentes las alegaciones ajenas al instrumento que sirve de base a la ejecución, cuyo sería el caso. Sin perjuicio de ello, pone de manifiesto que el título acompañado, corresponde a un instrumento al que la ley le reconoce mérito ejecutivo, dando cuenta de una obligación actualmente exigible, líquida y que no se encuentra prescrita.

Al proceder al rechazo de la excepción de prescripción, trae a colación lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, en relación con los artículos 98, 105 y 107 de la Ley N° 18.092, normas de las cuales se desprendería que la acción ejecutiva que emana de un pagaré prescribe en el plazo de un año, contado desde el vencimiento de la obligación; seguidamente agrega que, la regla general sobre el vencimiento de las obligaciones pactadas en cuotas es que cada parcialidad o cuota morosa debe protestarse o perseguirse separadamente, regla que -precisa- se ve modificada cuando se inserta una cláusula de aceleración, hipótesis en que, la totalidad de la deuda se hace exigible sólo con la mora, hecho verificado el 5 de agosto de 2019. Por su parte, el fallo de segunda instancia determinó que el plazo en cuestión se interrumpió por la notificación de la demanda al deudor principal, hecho ocurrido el 1 de julio de 2020.

Por último, mencionó que la sociedad Esco Ingeniería y Servicios SpA solicitó en estrados que se extendieran a su respecto los efectos de la prescripción, invocando para ello el artículo 1529 del Código Civil, petición desestimada, ya que si bien el precepto permite extender los efectos de la interrupción de la prescripción a los demás deudores de una obligación indivisible, del artículo 1525 del mismo Código se colige que no toda obligación solidaria es indivisible.

CUARTO: Que, en relación al primer capítulo de nulidad se ha de tener presente que la excepción del numeral 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil tiene por objeto controlar la concurrencia de los requisitos o condiciones que la ley exige para que la acción ejecutiva pueda prosperar, esto es, que el título que sirve de fundamento a la ejecución posea mérito ejecutivo, que la obligación en él contenida sea actualmente exigible y que sea líquida. Así, la jurisprudencia ha sido consistente en consignar que la excepción se relaciona con la ausencia de los requisitos propios del título que sirve de antecedente a la ejecución, debiendo -por tanto- sustentarse en situaciones fácticas orientadas a mermar el valor sustantivo o las propiedades del título ejecutivo, del que, al menos inicialmente, aparece dotado.

Al efecto, la doctrina señala que “Se opondrá esta excepción cada vez que falte alguno de los requisitos para que proceda la acción ejecutiva, sea porque el título no reúne todas las condiciones establecidas por la ley para que se le considere como ejecutivo, o porque no es actualmente exigible. Esta excepción debe relacionarse, pues, con todos aquellos preceptos legales que consagran exigencias para que un título tenga fuerza ejecutiva. Estos preceptos legales, como se comprenderá, son innumerables, dada la diversidad de títulos ejecutivos que la ley crea, como también la diversidad de condiciones que establece para cada uno de ellos” (Raúl Espinosa Fuentes, "Manual de Procedimiento Civil. El Juicio Ejecutivo", edición actualizada por Cristian Maturana Miquel, Editorial Jurídica, 2003, págs. 113 y 114).

QUINTO: Que, en esta línea de razonamiento, los jueces acertadamente establecieron que las circunstancias en que la ejecutada hace descansar esta excepción, no se condicen con aquellas que le son propias, desde que resultan del todo ajenas al instrumento en el que se respalda la ejecución, resultado -por tanto- ajustado a derecho su rechazo.

Con todo, conviene poner de relieve que dentro del catálogo del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, se reconoce en el Nº 4 la calidad de título ejecutivo al pagaré cuya firma aparezca autorizada por notario, sin que sea necesaria, en tal caso, gestión preparatoria de reconocimiento de firma ni de notificación de protesto para que alcance mérito ejecutivo. Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley N° 18.092, que hace aplicables al pagaré, en lo pertinente, las reglas sobre la letra de cambio -entre ellas, las relativas a su mérito ejecutivo y a los requisitos que debe reunir el título para su cobro compulsivo-, sin que tales normas condicionen la validez del título a la persona en cuya representación se practique la notificación de la demanda ejecutiva, circunstancia que atañe a la válida constitución de la relación procesal y no al mérito ejecutivo del instrumento.

SEXTO: Que, lo precedentemente razonado, permite concluir que los sentenciadores no incurrieron en infracción a lo preceptuado en el numeral 7º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, al rechazar la excepción en él contenida, forzando el rechazo de este capítulo de nulidad.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la excepción de prescripción, se advierte que los errores de derecho que se denuncian se apoyan, por un lado, en que por aplicación de lo previsto en la Ley Nº 21.226, se habría concluido erróneamente que la interrupción del cómputo del plazo de prescripción se habría producido por la sola interposición de la demanda; y por otro, en el rechazo de la petición formulada en estrados, de hacer extensiva la posible prescripción de la acción a la deudora principal, la sociedad Esco Ingeniería y Servicios SpA.

En relación al primer fundamento de este capítulo de nulidad, de una atenta lectura de la sentencia cuestionada, se colige que el recurso se encuentra mal planteado, desde que los considerandos duodécimo y décimo tercero de la sentencia de primer grado -en los que se hacía aplicación del efecto interruptivo contemplado en el artículo 8 de la Ley Nº 21.226- fueron eliminados por el fallo que se revisa; de esta manera, el recurrente dirige sus reproches contra fundamentos que ya no integran la decisión impugnada, sin combatir aquellos que actualmente le sirven de sustento, condición que fuerza concluir que el arbitrio no cumple con la exigencia del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, en orden a que el recurso de casación en el fondo debe hacerse cargo de todos los fundamentos del fallo impugnado, siendo ello suficiente para desestimarlo en este extremo.

OCTAVO: Que, por último, en cuanto a la errónea interpretación del artículo 1529 del Código Civil, sin perjuicio de advertirse sobre la impertinencia de plantear una petición de esta naturaleza de la forma en que se realizó, atendida la naturaleza del juicio que nos ocupa y lo dispuesto en el artículo 465 del Código de Procedimiento Civil, en lo que importa para el análisis de un recurso de casación como el interpuesto, es posible observar -además- que el recurrente construye su alegato de nulidad sustancial con base en consideraciones que no formuló oportunamente y que, por lo mismo, no pueden configurar un error de derecho en que haya incurrido el fallo, por resultar ajenos e inaceptables para los fines de un recurso de esta naturaleza.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, cabe poner de relieve que el recurso no cumple con lo previsto en el artículo 771 del Código de Procedimiento Civil, disposición que exige que aquel sea interpuesto por la parte agraviada, aserto que importa necesariamente que la sentencia impugnada cause al recurrente un perjuicio sólo reparable con la invalidación del fallo y que el vicio de que se trate afecte esencialmente lo decidido, circunstancia que no sólo no ha sido explicitada de manera clara en el arbitrio, sino que -además- no se observa cómo se configuraría, desde que el aludido artículo 1529 hace extensivos los efectos de la interrupción de la prescripción entre deudores de una obligación indivisible -naturaleza ajena a la obligación que se cobra- beneficiando al acreedor y que, por tanto, perjudica a los deudores, sin que se pueda desatender que el supuesto beneficio que invoca el recurrente no es en relación a su parte sino respecto a otro ejecutado.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, lo razonado basta para concluir que el recurso de casación en el fondo no puede prosperar en ninguno de sus capítulos y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Luis Carlos Olivares Guzmán, en representación de la ejecutada Inmobiliaria JM SpA, en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago el diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la ministra señora Repetto G.

Nº 37.458-2025.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y el Abogado integrante señor Álvaro Vidal O.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firman el Ministro señor Silva por estar con permiso y el Abogado integrante señor Vidal, por haber cesado sus funciones.