Error de derecho

Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTO:

En estos autos ordinarios sobre declaración de patrimonio reservado, seguidos ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco bajo el Rol C-423-2023, caratulados “nombre reservado/nombre reservado”, por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se acogió la excepción de prescripción opuesta por el demandado, rechazándose, en consecuencia, la demanda, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Apelada la decisión por la parte demandante, una Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, por sentencia de treinta de abril de dos mil veinticinco, la confirmó.

En contra de este último fallo, la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente denuncia infracción de los artículos 150 incisos 3° y 7°, 1764 N° 1, 1765, 1766, 1781, 1782, 2313, 2514 inciso 2° y 2515, todos del Código Civil.

En primer término, afirma que los sentenciadores vulneraron lo previsto en los artículos 150 inciso 7°, 1719, 1767 y 2514 inciso 2° del referido código, en tanto desatendieron que conforme al primer precepto, los bienes que integran el patrimonio reservado de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, ingresan a la partición de los gananciales, a menos que ella, o sus herederos, renuncien a estos últimos. Añade que el aludido artículo 1719 permite la renuncia a los gananciales antes del matrimonio o después de disuelta la sociedad conyugal, de lo cual se inferiría que no existe plazo para tal renuncia; agrega que lo razonado se ve corroborado por lo previsto en el artículo 1767 del mismo cuerpo normativo, al establecer que la mujer que no haya renunciado a los gananciales antes del matrimonio o después de disuelta la sociedad, se entenderá que acepta los gananciales con beneficio de inventario.

Afirma que el interés para obtener la declaración de certeza jurídica no surgió con la sola disolución de la sociedad conyugal, sino recién el año 2022, cuando el demandado solicitó la designación de juez partidor, invocando al efecto lo dispuesto en el artículo 1317 del citado código, pues hasta ese momento su parte no había enfrentado inconvenientes para administrar su patrimonio reservado.

Puntualiza que, al acoger la excepción de prescripción, incurrieron en infracción de ley, puesto que lo decidido implica entender que la opción de la mujer, o de sus herederos, a mantener el patrimonio reservado renunciando a los gananciales, debe ejercerse en un plazo que la ley no ha contemplado. En apoyo de su tesis invoca lo resuelto por esta Corte en la causa Rol N° 6585-2007, oportunidad en que se determinó que las declaraciones de mera certeza no persiguen imponer una prestación a la contraria, de manera que, aun cuando revistan interés patrimonial, ello no constituye un límite temporal para accionar.

Seguidamente desarrolla la denuncia de contravención a los artículos 150 inciso 7°, 1781 y 2515 del Código Civil, aduciendo que no resulta aplicable al caso el plazo de prescripción de cinco años previsto en la última disposición citada, puesto que, conforme se desprende del aludido artículo 1781, no existe plazo legal para que la mujer renuncie a los gananciales, de suerte que, aplicar dicho término de prescripción constituye una clara infracción de ley, en tanto la norma invocada no tendría cabida en la especie. Reitera que el fundamento de la necesidad de accionar surge de la solicitud de designación de juez partidor formulada por el demandado, agregando que constituye un elemento esencial del derecho de opción contar con la correcta información acerca del activo y el pasivo que compondrá la masa a partir, poniendo de relieve, además, el carácter excepcional y de orden público que reviste la institución del patrimonio reservado.

Por lo tanto, solicita invalidar la sentencia impugnada y dictar una de reemplazo en que se acoja la demanda.

SEGUNDO: Que, para una adecuada inteligencia de las cuestiones planteadas en el recurso, resulta pertinente considerar las siguientes circunstancias y actuaciones verificadas en el proceso:

1º.- El 27 de enero de 2023, comparece nombre reservado, interponiendo demanda declarativa de mera certeza en contra de nombre reservado, solicitando se declare la existencia de un patrimonio reservado y que se determine que actuó dentro del ámbito de dicha administración en los actos y contratos que indica, particularmente respecto de tres inmuebles que individualiza.

Expone que el 29 de julio de 1988 contrajo matrimonio con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal, trasladándose en 1992 a la ciudad de Santiago para desarrollar actividades remuneradas de manera independiente de las de su cónyuge, de quien se encontraba separada de hecho, dando lugar a la formación del patrimonio a que se refiere el artículo 150 del Código Civil; precisa que por sentencia de 27 de marzo de 2008, dictada bajo el RIT Nº 1239-2007 del Juzgado de Familia de Temuco, se declaró el divorcio de las partes.

Refiere que desde 1990 trabajó como temporera, realizando actividades remuneradas como dependiente desde 1993 y que, a contar de 1995, comenzó a prestar servicios como asistente de enfermos, exponiendo que en aquel contexto conoció a nombre reservado, para quien también prestó servicios, obteniendo de aquel trabajo los recursos empleados en la adquisición de los bienes en que incide la declaración que solicita.

En lo que interesa al recurso, expone que durante el 2002 adquirió la Parcela Nº 7 y Sitio Nº 1, el Lote Nº 2 y Nº 3 de la subdivisión de la Parcela Nº 6, todos correspondientes al Proyecto de Parcelación El Vencedor de la comuna de Cunco, agregando que también adquirió los Lotes Nº 1 y 4, de la Parcela Nº 6, del mismo Proyecto, los que posteriormente enajenó; de igual forma describe que tomó distintos instrumentos financieros, como depósitos a plazo y fondos mutuos, por un valor aproximado de cuarenta millones de pesos, entre septiembre de 2001 a julio de 2006; seguidamente hace referencia a que la aludida Parcela Nº 7 permanece arrendada desde mayo de 2011.

Afirma que todos los negocios y trámites ante el Servicio de Impuestos Internos, los realizó sin la comparecencia del demandado, agregando que, incluso, obtuvo un crédito de una institución bancaria, la que la demandó por no pago del crédito.

Refiere que el demandado solicitó el nombramiento de juez partidor, petición de la que conoció el Primer Juzgado Civil de Temuco, bajo el Rol V-69-2022, designándose al abogado Steven Mackay Paslack.

Sostiene que para calificar un bien como parte del patrimonio reservado, basta con que este haya sido adquirido con el producto del empleo, oficio, profesión o industria de la mujer, ejercidos con separación de los de su marido, sin que sea necesario dejar constancia de aquello en la respectiva escritura pública de adquisición, pudiendo valerse para acreditarlo de todos los medios de prueba que autoriza la ley, conforme lo dispone el inciso 4° del artículo 150 del Código Civil.

Manifiesta que durante la vigencia de la sociedad conyugal, la mujer no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales, según se desprendería de los artículos 1749, 1750, 1752 y 1754 del Código Civil, por lo que, sólo entendiendo su actuar bajo el régimen establecido en el aludido artículo 150, se explica que haya podido adquirir bienes, venderlos y arrendarlos, así como también la actuación autónoma ante el Servicio de Impuestos Internos.

2º.- El 25 de febrero de 2023 se notificó la demanda al demandado.

3º.- Al contestar la demanda, el demandado en primer término opuso la excepción de prescripción, argumentando que la acción se encuentra sujeta a las reglas generales sobre prescripción, previstas en los artículos 2492, 2514 y 2515 del Código Civil, debiendo entenderse suspendido el plazo durante la vigencia de la sociedad conyugal, de conformidad con el artículo 2509 N° 2 del mismo cuerpo legal, suspensión que -a su juicio- cesó con la sentencia de divorcio de 27 de marzo de 2008.

En subsidio, contestó la demanda solicitando su rechazo, sostuvo -en síntesis- que los inmuebles fueron adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, ingresando por tal motivo al haber absoluto de manera irrevocable, de conformidad a lo previsto en el artículo 1725 Nº 5 del Código Civil, y que, disuelta aquella, pasaron a ser comunes. Explica que tal circunstancia fue reconocida en una tercería de dominio deducida por su parte en un juicio ejecutivo seguido en contra de la actora, en la que se le reconoció el dominio del cincuenta por ciento de dos de los inmuebles objeto de este juicio; en igual sentido, refiere que el año 2022, solicitó la designación de juez partidor para obtener la liquidación de la comunidad formada a la disolución de la sociedad conyugal, trámite en el que se incluyeron los bienes de que se trata.

Arguye que el patrimonio reservado es una excepción a la regla general en materia de bienes dentro del régimen patrimonial del matrimonio, por lo que ha de interpretarse restrictivamente, esgrimiendo que para establecer que un bien se encuentra comprendido en el patrimonio reservado, el valor de aquel debe guardar correspondencia con el producido del trabajo, condición que en la especie no concurriría, desde que las 3 compraventas ascienden a $86.000.000, agregando que a la celebración de las mismas, la actora habría percibido a lo más la suma de $8.823.800. Finalmente, alega que si tales dineros los obtuvo de nombre reservado, tampoco consta que haya recibido ingresos por los montos requeridos, por lo que se estaría frente a una donación remuneratoria, figura regulada en el artículo 1433 del Código Civil, la que también debe comprenderse dentro del haber absoluto, conforme lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 1725 del mismo cuerpo de leyes.

4º.- Al evacuar el trámite de réplica, la demandante reitera los fundamentos de su demanda, poniendo de relieve la libertad remuneratoria.

Y, al evacuar el traslado de la excepción de prescripción, alega que la acción que nos ocupa no posee plazo para su interposición, así como tampoco existiría plazo para renunciar a los gananciales, señalando que el artículo 1781 del Código Civil, exige que aquella debe realizarse con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal. Destaca que el conflicto se origina, porque el demandado solicitó el nombramiento de juez partidor, lo que realizó recién el 2022, es decir, transcurridos 14 años desde la disolución de la sociedad conyugal, agregando que carece de razonabilidad exigirle haber interpuesto la demandada con anterioridad, ya que no existía disputa alguna.

5º.- El demandado al evacuar el trámite de dúplica, reitera los argumentos del escrito de contestación, insistiendo en que los ingresos que pudo percibir la actora no guardan correspondencia con el valor de los bienes adquiridos.

TERCERO: Que, en lo que importa al recurso, los sentenciadores de instancia fijaron como hechos no controvertidos de la causa, los siguientes:

1º.- Las partes contrajeron matrimonio el 29 de julio de 1988, bajo el régimen de sociedad conyugal, vínculo que fue disuelto por sentencia de divorcio de 27 de marzo de 2008, dictada por el Juzgado de Familia de Temuco en causa RIT 1239-2007, ejecutoriada desde el 4 de septiembre de 2017.

2º.- Los inmuebles en los que incide la demanda fueron adquiridos por la demandante durante el año 2002.

CUARTO: Que, la sentencia de primer grado, cuyos fundamentos fueron ratificados en alzada, acogió la excepción de prescripción, en consecuencia, desechó la demanda, para lo cual determinó que la pretensión corresponde a una acción declarativa de mera certeza, en tanto se persigue como beneficio jurídico la declaración de un derecho, en el caso, el de dominio, definiendo que sólo frente a alguna situación respecto de la cual deba generar el interés del titular, de obtener una declaración como la que se analiza, previendo una situación que pudiera afectarlo, nace la acción para peticionar tal certeza.

Precisa que, en el caso, la sentencia de divorcio puso fin al vínculo conyugal, generándose, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1764 Nº 1 del Código Civil, una comunidad de bienes entre los cónyuges que requiere liquidación; agrega que dicha sentencia se encuentra ejecutoriada, según certificación de 4 de septiembre de 2017, fecha a la que, a juicio de los sentenciadores, la actora se encontraba en condiciones de obtener certeza jurídica acerca de la existencia del patrimonio reservado, evitando -de aquella manera- que los bienes ingresaran a la comunidad formada a la disolución de la sociedad conyugal. A continuación, razona que el plazo de prescripción aplicable es el de cinco años, de conformidad a lo prescrito en el artículo 2515 del Código Civil y que, desde la fecha precedentemente mencionada a la de notificación de la demanda, hecho verificado el 25 de febrero de 2023, dicho término se encontraba largamente cumplido.

QUINTO: Que, la pretensión ejercida corresponde a una acción de mera certeza, la que según ha resuelto esta Corte, busca corregir “una situación de incertidumbre, que afecta a la agraviada, que la autoriza a exigir del órgano jurisdiccional -llamado precisamente a declarar con fuerza legal el derecho aplicable-, se le clarifique su esfera subjetiva, precisando su campo de acción y los límites que la afectan, pronunciamiento que únicamente podrá obtener mediante una acción declarativa de derechos” (Corte Suprema, Ingreso Corte Nº6.585-2007 y 7.586-2015).

Conviene tener presente que para la procedencia de esta acción se requiere que: a) Concurra una situación de incertidumbre en cuanto a la “existencia”, “alcance” o “modalidades” de un derecho o de una relación jurídica, que puedan producir un perjuicio o lesión; b) Quien tiene la incertidumbre adquiera el carácter de parte en el proceso que ha de promover, esto es, que tenga un interés legítimo; c) La acción se debe dirigir en contra de quien cuestiona el derecho o la situación jurídica, o quien se atribuye ese mismo derecho o un estatuto jurídico determinado.

Del análisis de los requisitos recién mencionados, se sigue que el objetivo de esta pretensión es eliminar la incertidumbre jurídica sobre algún derecho, razón por la que la acción se mantendrá vigente mientras subsista el interés y la incertidumbre, lo que ha de entenderse sin perjuicio de la prescripción que puede operar en relación al derecho que subyace a la declaración pretendida, o a las acciones de condena derivadas de aquella.

En esta línea de razonamiento, recordaremos que en el caso, la incertidumbre recae sobre la condición patrimonial de tres inmuebles adquiridos por la demandante, mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, debiendo determinarse si ellos forman parte del patrimonio reservado de la actora, en los términos del artículo 150 del Código Civil, o si, por el contrario, integran el haber de la sociedad conyugal disuelta.

SEXTO: Que, al efecto, cabe hacer hincapié en que la declaración de patrimonio reservado no crea el derecho, sino que hace patente la protección legal subyacente, sin que sea posible obviar que estamos frente a un tipo de patrimonio, es decir, un derecho de propiedad, derecho que es en esencia perpetuo y que, en consecuencia, no se extingue por el sólo transcurso del tiempo, sino que como contrapartida de haber operado la prescripción adquisitiva, hipótesis no planteada.

En doctrina, se cita una acción de igual naturaleza a la interpuesta, ventilada ante el 4º Juzgado Civil de Santiago, en que el marido solicitó declarar la inexistencia de la sociedad conyugal, disuelta por los cónyuges de conformidad al artículo 1723 del Código Civil, pero que no fue oportunamente inscrita, omisión que según expuso provocaba un estado de incertidumbre jurídica respecto a la administración de los bienes, oportunidad en que el sentenciador, al acoger la demanda, puso de relieve que en el caso existía un interés, radicado en precaver un eventual litigio. Asimismo, se trae a colación que nuestra jurisprudencia ha reconocido la procedencia de la acción de mera certeza, aceptando la acción declarativa de dominio como una forma especial de protección, distinta de la acción reivindicatoria (Romero Seguel, Alejandro. Curso de Derecho Procesal Civil, La acción y la Protección de los Derechos, tomo I, cuarta edición actualizada, Ediciones UC, 2024, páginas 30 a 32).

SÉPTIMO: Que, lo reflexionado obliga a mirar la institución de que se trata en relación a las demás instituciones que inciden en la disolución de la sociedad conyugal y posterior liquidación de la comunidad de bienes quedada entre cónyuges; así, se ha de tener presente que los bienes que la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal adquiere en ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido constituyen su patrimonio reservado, respecto del cual el artículo 150 inciso 7° del Código Civil dispone que, disuelta la sociedad conyugal, tales bienes ingresan a la partición de los gananciales, a menos que la mujer, o sus herederos, renuncien a estos últimos. A su turno, el artículo 1719 del mismo código faculta a la mujer para efectuar dicha renuncia antes del matrimonio o después de disuelta la sociedad, sin que la ley fije plazo alguno para su ejercicio, lo que resulta corroborado por el artículo 1767 del citado cuerpo normativo, en tanto dispone que la mujer que no renuncia se entiende que acepta los gananciales con beneficio de inventario, sin sujetar dicha opción a término de caducidad o prescripción alguno. De igual modo, el artículo 1781 del referido código, aplicable a la renuncia de los gananciales por la mujer o sus herederos, tampoco contempla plazo para su ejercicio, pudiendo hacerlo mientras no haya entrado en su poder ninguna parte del haber social a título de gananciales, conforme mandata el artículo 1782 del código sustantivo.

OCTAVO: Que, en tal orden de ideas, la opción que asiste a la mujer -o a sus herederos- para mantener los bienes de su patrimonio reservado renunciando a los gananciales, o bien para incorporarlos a la masa partible, tampoco se encuentra sujeta a plazo legal alguno, de manera que la acción declarativa circunscrita al ejercicio de la opción de renuncia o aceptación de los gananciales, de modo alguno podría quedar sometida al plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 2515 del Código Civil para las acciones ordinarias, puesto que aquello -como se ha razonado- no sólo iría en contra de la esencia de la acción declarativa de mera certeza, sino que -además- implicaría introducir un plazo a la declaración de patrimonio reservado, sin correlato en las demás acciones que surgen a propósito de la disolución de la sociedad conyugal.

NOVENO: Que, con todo, aún de estimarse que esta acción en términos generales o específicos, se encuentra sujeta al plazo de prescripción general, los sentenciadores también incurrieron en un error al fijar el momento en que nació el interés de la actora para deducirla, puesto que al fijarlo soslayaron que mientras no exista controversia sobre el derecho que invoca la actora, no cabía exigirle el ejercicio de una acción declarativa que, hasta entonces, carecía de objeto práctico. En efecto, la sola circunstancia de haber quedado ejecutoriada la sentencia de divorcio no generó, por sí sola, controversia alguna respecto de la calificación jurídica de los bienes objeto de la litis, circunstancia que sólo se produjo a contar de la solicitud del demandado de designar juez partidor, lo que según se desprende de los escritos de la partes, el demandado recién el año 2022 solicitó ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, a fin de obtener la liquidación de la comunidad formada a la disolución de la sociedad conyugal, trámite en el que se incluyeron los bienes sobre los que recae la declaración que se persigue en autos; luego, desde esa fecha a la notificación de la demanda, hecho producido el 25 de febrero de 2023, no transcurrió el plazo de 5 años.

Se ha de tener presente que la referida solicitud de partición constituye el ejercicio de una acción que, conforme al artículo 1317 del Código Civil, es imprescriptible, pudiendo deducirse en cualquier tiempo mientras subsista la indivisión, de suerte que la incertidumbre que ella genera respecto de la naturaleza -social o reservada- de los bienes involucrados puede surgir, renovarse o subsistir en cualquier momento posterior a la disolución de la sociedad conyugal, sin que resulte razonable exigir a la actora el ejercicio anticipado de una acción declarativa carente, hasta entonces, de objeto práctico. En este contexto, cobra importancia y revela la pertinencia de la acción ejercida, lo previsto en el artículo 1331 del Código Civil, precepto que dispone que, tratándose de una cuestión sobre propiedad de objetos en que uno de los comuneros alega derecho exclusivo y no proindiviso, dicha cuestión debe ventilarse separadamente, conforme a las reglas generales de los juicios, cuyo ha sido el caso.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, no se puede sino concluir que los sentenciadores no sólo incurrieron en un error al someter la vigencia de la acción al régimen común de prescripción, sino que también al definir el hecho que generaría la necesidad de accionar, transgrediendo lo previsto en el artículo 2514 del Código Civil; asimismo, desatiende la regulación sobre el régimen reservado de que se trata, contenida en el artículo 150 del mismo código, y particularmente el citado artículo 1781, precepto que no contempla plazo para la renuncia a los gananciales una vez disuelta la sociedad conyugal.

UNDÉCIMO: Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación en el fondo será acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado señor Eduardo Castillo Vigouroux, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de treinta de abril de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la que, en consecuencia, es nula, reemplazándose por aquella que se dictará a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo de la ministra señora María Soledad Melo L.

N° 18.679-2025.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y señora Mireya López M.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el Ministro señor Silva, por estar con permiso.